Una creciente disputa en la comuna de Navidad ha generado denuncias y reacciones de autoridades y organizaciones civiles, luego de un operativo municipal en la desembocadura de La Boca para liberar el acceso a la playa. El propietario de un terreno en la zona ha anunciado que presentará denuncias ante la Fiscalía en contra del alcalde Yanko Blumen, el concejal Carlos Catalán y la delegada presidencial provincial Josefina Toro, acusándolos de violación de propiedad privada.
De acuerdo a la información proporcionada por el denunciante, las autoridades, junto con un importante contingente de personas y funcionarios de la Capitanía de Puerto de Pichilemu, habrían ingresado «sin autorización al terreno» y realizado el desarrajamiento de portones que impedían el paso hacia la playa. La denuncia fue interpuesta ante Carabineros y derivada a la Fiscalía para su investigación.
El 25 de enero, la Municipalidad de Navidad emitió un comunicado en el que informó que el procedimiento se llevó a cabo con la participación de la Directora de Obras, la Dirección de Seguridad Pública, la Armada y la delegada presidencial. La publicación señala que «se detectó que el acceso estaba bloqueado con cadenas» y que los propietarios negaron responsabilidad en el cierre, autorizando el retiro de los obstáculos. «Con personal municipal, liberamos el paso para que todos puedan transitar libremente, especialmente nuestras algueras y pescadores, quienes usan esta zona de manera ancestral«, precisa el comunicado municipal.
«Los involucrados fueron citados para continuar con los procesos legales correspondientes. Además, hacemos un llamado a recuperar, proteger y cuidar nuestras zonas de playa, río y ribera, que son un patrimonio de todos los chilenos», agrega.
El alcalde Yanko Blumen defendió la acción municipal, señalando que «logramos restituir esta franja de paso que debería ser de todos los chilenos y chilenas». Agregó que la intervención buscó garantizar el tránsito de pescadores y algueras, quienes han utilizado históricamente este acceso para su actividad económica. «Si bien la autoridad está haciendo las actividades de fiscalización, faltan herramientas para poder hacer que esto sea 100% publico y obviamente invitar a la comunidad a que nos sumemos a trabajar por esto», enfatizó Blumen.
Desde la Delegación Presidencial Provincial, se aclaró que la delegada Josefina Toro fue convocada por el municipio para escuchar un requerimiento de acceso a la playa, sin intervenir directamente en la diligencia realizada por el alcalde y su equipo, quienes habrían tenido autorización del propietario.
En paralelo, el movimiento «Playas para Todos» ha expresado su preocupación por la falta de fijación oficial de una vía de acceso al sector. Camilo Jiménez, vocero de la organización, manifestó en una entrevista televisiva que la situación «pudo haberse resuelto de forma legal si las autoridades competentes hubiesen fijado una servidumbre de tránsito». Agregó que hay «cuatro o cinco años ed esta problemática […] si el la autoridad no fija la servidumbre de tránsito, yo no tengo la forma de acceder al Bien Nacional de Uso Público. Siempre y cuando el propietario, si él me deja entrar a la buena voluntad, ahí quizás podría entrar, pero voy a depender de la buena voluntad. Pero para yo como ciudadano tener garantizado el acceso, debe la autoridad fijarla previamente [el acceso]».
El caso ahora se encuentra en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hubo una vulneración del derecho de propiedad o si la acción municipal estuvo dentro del marco legal.