Exalcalde de Paredones recurre al TRICEL tras ser inhabilitado por cinco años

El abogado Abelardo Meza Olguín, en representación del exalcalde de Paredones y actual concejal Jorge Sammy Ormazábal López, ha interpuesto una apelación contra la sentencia definitiva del Tribunal Electoral Regional de O’Higgins, emitida el pasado 5 de marzo del presente año. La sentencia notificada el 8 de marzo del 2024, acogió tres cargos en contra de Ormazábal López por notable abandono de deberes, aplicando una sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo públicos por cinco años.

Ormazábal López, exalcalde y actual Concejal de la comuna de Paredones, fue requerido por presuntas infracciones graves y reiteradas a la probidad administrativa, según el artículo 60° letra c) de la Ley N°18.695, presentado por varios miembros del concejo municipal.

La apelación argumenta que los cargos acogidos por el tribunal no se ajustan a derecho ni son proporcionales a los hechos imputados. Se alega que los supuestos actos constitutivos de abandono de deberes no han generado perjuicio económico al patrimonio municipal ni han infringido derechos de terceros.

Se cuestiona cada uno de los cargos acogidos por el tribunal. Respecto al cuarto cargo, se argumenta que la omisión de proveer el cargo de Director del Departamento de Administración de Educación Municipal no ha causado un detrimento económico al municipio. Asimismo, se refutan las acusaciones sobre el otorgamiento de patentes comerciales a locales propios, destacando que estos procesos se llevaron a cabo cumpliendo con la normativa legal vigente.

Por último, se impugna el cargo relacionado con la omisión de instruir sumario por la falta de calificaciones y asignación de mérito a funcionarios del área de la salud, señalando que no se ha afectado el principio de probidad administrativa ni se ha demostrado un notable abandono de deberes.

En resumen, la apelación solicita la revocación de la sentencia emitida, argumentando la falta de fundamentos para los cargos imputados y la desproporcionalidad de la sanción impuesta. El caso ahora pasa a manos del Tribunal Calificador de Elecciones para su revisión y resolución final.

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