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Exalcalde Roberto Córdova pide rechazar solicitud de inhabilitación presentada por concejales de Pichilemu

En un nuevo capítulo de la contienda judicial, el exalcalde Roberto Córdova presentó una solicitud de rechazo ante el Tribunal Electoral de la solicitud de inhabilitación por cinco años promovida en su contra por tres concejales del municipio. Estos concejales requieren la inhabilitación del exalcalde por presuntas faltas a la probidad durante su gestión.

La petición de inhabilitación presentada por los concejales Héctor Cornejo Galarce, Tobías Acuña Csillag y Sofía Yavar Ramírez, busca señalar que Córdova Carreño vulneró la probidad administrativa al aprobar un decreto alcaldicio en marzo de 2021, relativo a un procedimiento disciplinario relacionado con Cristian Pozo Parraguez, en ese entonces Jefe del Departamento de Salud Municipal y candidato a alcalde en la comuna, a quien Córdova apoyaba públicamente.

El abogado Oscar Ricardo Contreras Calderón, en representación del exalcalde, argumenta que la solicitud de inhabilitación debe ser rechazada por varias razones. En primer lugar, argumenta la caducidad del requerimiento, alegando que el período de seis meses para presentar dicha solicitud se excedió considerablemente.

El exalcalde cesó sus funciones el 28 de junio de 2021, y según la defensa, el plazo de seis meses para accionar se agotó el 27 de diciembre del mismo año. Además, Contreras Calderón argumenta que la acción presentada por los concejales carece de fundamentos sustanciales y que el presunto incumplimiento por parte de Córdova Carreño no representa una grave violación a las normas de probidad administrativa, por lo que la petición de inhabilitación carece de base legal sólida.

La defensa del exalcalde enfatiza que la decisión de Córdova Carreño de aprobar el decreto en cuestión estuvo respaldada por una exhaustiva investigación y no se tradujo en un favorecimiento inapropiado hacia el individuo investigado. Asimismo, se argumenta que la solicitud no cumplió con los requisitos legales necesarios para justificar una inhabilitación por cinco años en el ejercicio de cargos públicos.

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