En una comunidad, la ética de sus líderes es un espejo que refleja la confianza y el compromiso con los valores fundamentales. Sin embargo, en Pichilemu, la actuación de los concejales Sofía Yávar, Tobías Acuña, Mario Morales, José Luis Jorquera, Danilo Robles y Héctor Cornejo revela una omisión alarmante y una falta de compromiso con la integridad y la transparencia, y ha significado una traición flagrante a la gestión liderada por el actual alcalde, Cristian Pozo Parraguez.
La reciente inacción de estos seis concejales frente a las flagrantes faltas a la probidad del exalcalde Roberto Córdova Carreño, sancionado por la Contraloría, es profundamente preocupante. Esta pasividad, que se extiende ya por más de cinco meses desde la notificación de la sentencia, pone en entredicho la integridad de la administración local y, lo que es más preocupante, podría permitir que un individuo sancionado por corrupción regrese al poder en las elecciones del próximo año.
Pero lo que agrava aún más esta situación es la abierta traición hacia la administración de Cristian Pozo Parraguez. Él, siendo el heredero político de Córdova, ha demostrado una gestión radicalmente opuesta, apartándose del sectarismo, la avaricia y los ataques personales que caracterizaron la administración anterior.
La Contraloría Regional emitió un pronunciamiento claro y contundente sobre las acciones impropias del exalcalde. Esta sentencia debió haber sido el detonante para que los concejales asumieran su rol legal, constitucional y político, solicitando la inhabilitación del exfuncionario y protegiendo así los intereses de la comunidad y el legado del actual mandamás.
La falta de acción de estos concejales, al buscar excusas como consultas al Tribunal Electoral Regional en lugar de actuar en conformidad con las leyes y el mandato ético que implica su cargo, es injustificable. Es un menosprecio al deber cívico y político que les compete como representantes de la ciudadanía y, más aún, es una traición a la visión de integridad que Pozo ha tratado de instaurar en la administración local.
Aún queda tiempo, una oportunidad para demostrar un compromiso real con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Si estos concejales no actúan, estarán siendo cómplices del posible retorno de la corrupción a Pichilemu y, simultáneamente, traicionando el liderazgo que Pozo ha intentado fomentar en la gestión municipal.
Los habitantes de Pichilemu merecen líderes que actúen con ética y responsabilidad. La omisión de estos concejales ante la corrupción del exalcalde no solo mina la confianza en la clase política, sino que también coloca en peligro el futuro de la comuna, lo que va más allá de las posiciones políticas que los seis ediles tienen, ya que todos tienen el mismo deber que les mandata la ley.
Es imperativo que los seis concejales exijan la inhabilitación del exalcalde, en aras de la transparencia y la integridad en la gestión pública. La ciudadanía está vigilante, esperando acciones concretas que aseguren un futuro sin la sombra de la corrupción en Pichilemu y en consonancia con el compromiso ético que Pozo ha tratado de inculcar en la administración local.
Es momento de que estos representantes electos actúen en concordancia con los valores democráticos y los intereses de la comunidad que juraron representar. No hacerlo sería un desprecio a la confianza depositada en ellos, un abandono de sus responsabilidades legales y éticas, y una clara traición al actual alcalde.
