Hoy, cuando conmemoramos otro aniversario del estallido social que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Chile, es imperativo reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestra sociedad y, en particular, el segundo proceso constitucional que vivimos, y que probablemente no será el último. Las heridas que se abrieron en octubre de 2019, lejos de cicatrizar, parecen profundizarse, dejando a la nación en un estado de polarización que no habíamos experimentado en mucho tiempo.
Este proceso ha desencadenado una división entre aquellos que ven a Chile como una tierra gobernada por delincuentes y terroristas y aquellos que lo ven como un país marcado por la desigualdad, dominado por intereses económicos y élites políticas. Estas élites, a pesar de su origen electoral, son percibidas como una casta endógena que protege sus propios privilegios en lugar de representar genuinamente a la ciudadanía.
Los resultados de los procesos electorales recientes han sido desfavorables para los centros políticos tradicionales. La irrupción de la Lista del Pueblo y el Partido Republicano ha eclipsado a la centroizquierda y la centroderecha respectivamente. En ambos casos, mayorías circunstanciales han dominado la escena política, aplastando a cualquier minoría que se les oponga. Esto ha llevado a la creación de textos constitucionales que reflejan una agenda identitaria, construyendo un programa moral y consolidando una arquitectura económica que, en lugar de promover un equilibrio saludable entre el mercado y el Estado, otorga una preponderancia dañina a la economía en los espacios sociales.
La propuesta constitucional de José Antonio Kast Rist, quien lidera el Partido Republicano, se presenta como una amenaza moral y jurídica para el Chile que despertó en 2019. A pesar de las preocupaciones legítimas de la ciudadanía sobre la delincuencia y el miedo a la pobreza, los chilenos y chilenas han dicho basta al abuso y a la falta de dignidad que ha caracterizado al neoliberalismo ortodoxo, un sistema que ha socavado los intentos igualitarios de los gobiernos de la Concertación.
Es probable que este proceso constitucional sea rechazado nuevamente, según las principales encuestas. Sin embargo, en lugar de caer en la resignación, es hora de que los centros políticos tomen la palabra y rechacen las propuestas identitarias del bien y el mal. Debemos recuperar la argumentación racional como la única vía para alcanzar acuerdos sólidos. Nuestras convicciones políticas pueden estar arraigadas en valores e ideología, pero no pueden limitarse únicamente a eso. De lo contrario, continuaremos divididos entre los “dignos” y los “infames”.
Necesitamos una Constitución que garantice la seguridad, promueva el crecimiento económico y asegure el desarrollo. Ignorar los problemas de abuso de poder o aferrarse a un fanatismo de mercado solo llevará a una segunda derrota constitucional. Es hora de priorizar la razón sobre la polarización y trabajar juntos para construir un Chile más justo y equitativo, donde todos los ciudadanos puedan prosperar. La respuesta no es este mamarracho republicano, que desde ya rechazamos abiertamente, pues no ha estado a la altura de las circunstancias y sus redactores, comandados por su líder José Antonio Kast, son los únicos responsables de este fracaso que no es de un sector en particular, sino que de Chile completo. Esperamos que exista un proceso democrático basado en la colaboración y la búsqueda de un bienestar común, y que estos dos fallidos procesos solo hayan sido un mal sueño, una pesadilla.
