Este martes, en una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Pichilemu, se dieron a conocer los resultados de la auditoría realizada a los dos últimos años de la administración de Roberto Córdova en la Municipalidad de Pichilemu, arrojando una sombra tenebrosa sobre su liderazgo, poniendo de manifiesto prácticas inaceptables y una gestión deficiente durante su tiempo en el cargo.
La auditoría reveló una serie de problemas graves en áreas clave de la gestión municipal. Uno de los puntos es que durante el período auditado (2019-2021), tanto el área municipal como el departamento de salud no mantenían al día las conciliaciones bancarias, lo que ha dificultado el análisis periódico de las cuentas contables, generando saldos no identificables e “informes de menor calidad”, según se destacó en la sesión. A pesar de esto, se informó que estas conciliaciones se pusieron al día recién en el año 2022.
Además, se reveló que en los últimos años se ha incrementado de manera significativa el saldo inicial de caja de la municipalidad debido a una subestimación presupuestaria. Esta situación ha planteado serias preocupaciones sobre la gestión financiera y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Otro punto crítico señalado por la auditoría es la falta de un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, lo que impide establecer la verdadera situación patrimonial de la municipalidad, incumpliendo así con la normativa contable y administrativa. El inventario de bienes muebles se encuentra actualizado actualmente.
La auditoría también destacó problemas en el manejo de tecnologías de la información, especialmente debido al uso de un sistema contable obsoleto que actúa principalmente como un repositorio de información, sin permitir una gestión efectiva de los datos.
Otro tema preocupante es la falta de un manual de procedimiento establecido para el proceso de licencias médicas, lo que ha llevado a que los funcionarios realicen sus funciones en base a la costumbre. Además, el sistema contable para las remuneraciones no está integrado al sistema de gestión contable municipal, lo que podría dar lugar a errores en el traspaso de información.
En el ámbito de los permisos de circulación, se observó que la Municipalidad no cuenta con un procedimiento establecido para la gestión y control del proceso, y la cobranza a menudo se realiza a través de la publicidad y la asistencia de Carabineros.
La auditoría también resaltó problemas en la gestión de rentas y patentes, con evasores de pago de patentes comerciales, y recomendó establecer procedimientos de inspección a posibles evasores, así como la creación de una oficina exclusiva de cobranza.
Además, se encontraron problemas en la recepción de documentos tributarios y en la rendición de fondos, lo que ha generado un riesgo inminente de contabilización por no hacerse al momento de percibidas las rendiciones.
En un escenario aún más preocupante, se mencionó la existencia de posibles moras previsionales de la Municipalidad con funcionarios y exfuncionarios, según información extraída de la Dirección del Trabajo.
La auditoría ha revelado deficiencias alarmantes en la gestión de la Farmacia Comunitaria Municipal, donde a pesar de que los ingresos percibidos deberían destinarse al departamento de salud, esta área sigue bajo el control del área municipal. Un aspecto particularmente preocupante es que la farmacia no entrega boletas de venta al momento de enajenar medicamentos.
Por otro lado, la auditoría también ha puesto de manifiesto serias preocupaciones en la Tesorería municipal. Se recomienda llevar a cabo arqueos de caja con mayor frecuencia, lo que sugiere que actualmente existe una debilidad en el control de los recursos financieros. Se insta a la implementación de un manual de procedimientos de recaudación para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los ingresos. Además, se señala que el tesorero no debería actuar como cajero, lo que sugiere una falta de segregación de funciones que podría llevar a irregularidades.
Es cuestionable que la municipalidad haya decidido solo auditar los dos últimos años de la alcaldía de Roberto Córdova en vez de extenderlo a su larga administración, desde 2009, tiempo en el que ocurrieron diversos hechos de trascendencia, como la estafa del entonces funcionario, hoy destituido y convertido en locutor radial Claudio López Romero en 2009; el caso decreto falsificado de 2013, en que Córdova reconoció falsificar un decreto para extender el período de vigencia del servicio de recolección de residuos domiciliarios; el caso de los 47 millones, que involucró a algunos funcionarios; y además, el bullado y reciente caso de falsificación de licencias de conducir y permisos de circulación, en que se involucró el exconcejal de Paredones Gerardo Rubio Contreras.
Cabe recordar que Córdova ha sido sancionado administrativamente este año por la Contraloría Regional, como resultado de un sumario, a pesar de lo cual planea postularse nuevamente a la alcaldía el próximo año. Los concejales de Pichilemu, hasta ahora, se han rehusado a acudir al Tribunal Electoral Regional para pedir su inhabilitación.
El informe final data “desde febrero o marzo” y hasta la fecha no se encuentra publicado en el portal de Transparencia Activa de la municipalidad, cuando debería estarlo desde hace meses. En la sesión el concejal Héctor Cornejo manifestó su sorpresa debido a que nadie le había informado que los resultados de la auditoría ya se encontraban disponibles. “Me estoy desayunando con esto”, exclamó en la reunión.
