La próxima semana se iniciará la votación de las normas e indicaciones al anteproyecto, correspondientes a cada capítulo de la propuesta constitucional.
Las comisiones del Consejo Constitucional dieron por concluida la discusión en particular de las enmiendas, quedando pendiente la presentación de las denominadas de unidad de propósitos, las que -de haber acuerdo- también serán sometidas a votación en las respectivas comisiones.
El artículo 74 del reglamento del Proceso Constitucional establece que la votación se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:
El procedimiento se llevará a cabo bajo un orden establecido, comenzando con las modificaciones supresivas (eliminan la norma), sustitutivas (reemplazan el artículo con otra propuesta), aditivas (añaden contenido a la norma) y las iniciativas de nuevas normas.
El reglamento también establece el quórum requerido para la aprobación de las normas: tres quintos de los integrantes en ejercicio de cada comisión; es decir, 7 votos afirmativos en las comisiones de 12 integrantes y 8 votos en las de 14 consejeros (as).
Además, dispone que -excepcionalmente- por el acuerdo de los tres quintos de sus integrantes, la comisión podrá introducir enmiendas hasta antes de iniciarse la votación, con la única finalidad de salvar posibles incoherencias o errores de estilo o de concordar una redacción que concite unidad de propósitos.
Asimismo, hasta antes de su votación, se podrá dividir la votación de una enmienda o propuesta de nueva norma, solo si la solicitud cuenta con la anuencia expresa de su autor. En este caso, la solicitud únicamente puede recaer en incisos o literales.
El procedimiento de votación se efectuará en cada comisión a través de una plataforma electrónica, mediante una aplicación instalada en los teléfonos móviles de cada consejera o consejero del Consejo Constitucional.
En Comisión de Principios discuten el derecho a vivir en un entorno seguro
Enmiendas e Iniciativas Populares de Norma (INP) sobre el derecho a vivir en un entorno seguro se discutieron en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. De esta manera, concluyó el análisis, revisión y debate de las iniciativas que se propusieron a los artículos de los Capítulos I y parte del II del anteproyecto de la Comisión Experta.
Durante la sesión, el bloque Unidad para Chile planteó agregar un nuevo inciso al artículo 16 que tiene relación con que «es indispensable el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito, que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario”.
Además, que “la política de prevención de la violencia deberá atender a la violencia que se ejerza por motivos tales como raza, etnia, color, sexo, edad, enfermedad o discapacidad, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, nacionalidad, situación socioeconómica o cualquier otra condición social, en conformidad a la ley. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señalen la Constitución y las leyes, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos”.
Al defender esta enmienda, el consejero Fernando Viveros (PC) señaló que es “deber del Estado hacer efectivo este derecho de vivir sin violencia para todas las personas».
La consejera María de los Ángeles López (PRep) consultó al bloque Unidad para Chile cómo se aplica «un derecho a vivir seguro con categorías según dónde vivan las personas», ya que a su parecer “la seguridad debe ser transversal para todo Chile y sin distinción alguna”. A su vez, la comisionada Catalina Lagos respondió que “esta es una norma que tiene distintas dimensiones en cuanto a hacer frente a la delincuencia en general, y hacernos cargos de las causas del delito y la inseguridad, y no solo considerar que el Estado debe actuar de manera rápida y oportuna». Por eso, dijo, «nuestra propuesta tiene elementos de prevención en lo material, social y cultural, ya que no sirve de nada atacar los síntomas si no vamos a la raíz del problema”.
Por su parte, la bancada republicana propuso un numeral nuevo al mencionado articulado con el tenor de que “toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. El incumplimiento del deber del Estado de proveer una protección efectiva de este derecho generará las responsabilidades y sanciones que determine una ley de quorum calificado”.
Al relevar esta indicación, la consejera Mariela Fincheira (PRep) dijo que se busca reforzar el deber del Estado en cuanto a garantizar un entorno seguro para todas las personas. Sostuvo que «es necesario que éste (el Estado) tome un rol activo frente al terrorismo y al crimen organizado que, por medio de los atentados, han sembrado miedo e inseguridad en la Araucanía y en todo nuestro país”. La comisionada Verónica Undurraga consultó a los republicanos “cómo se articula esta norma, considerando que toda la legislación establece la responsabilidad general del Estado en materia de seguridad”.
A su turno, el consejero Miguel Rojas (PRep) respondió a la comisionada Undurraga: “con esta propuesta queremos asegurar la autonomía operativa de las policías y la intervención de los tribunales de manera más rápida y oportuna para asegurar un Estado de derecho. Al final esto se trata de una legítima demanda de la ciudadanía y su solución tiene que ser transversal y no para un sector específico”. La consejera de la bancada RN/Evópolis, Ivonne Mangelsdorff, valoró las enmiendas de ambos sectores políticos, recalcando que “la seguridad deber ser igual para todos y es fundamental que ésta deba consagrarse como un derecho para todos los chilenos”.
IPN: Defenderse y libre de violencia
Las y los consejeros también revisaron las IPN N° 9.619, presentada por la Fundación Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, la cual señala que «es deber del Estado garantizar una protección efectiva contra la violencia criminal organizada o terrorista es inherente a su existencia, indelegable y esencial para el bien común. La ley arbitrará los medios a disposición del Estado para garantizar la realización de este derecho. El incumplimiento del deber del Estado de proveer una protección efectiva del derecho a vivir en un entorno social pacífico y seguro generará las responsabilidades, sanciones y obligación de reparación a las víctimas que una ley de quórum calificado determine por falta grave de servicio”.
También la IPN N° 10.859 presentada por la Asociación Chilena del Rifle y pide incorporar un nuevo inciso que diga: “el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una ley de quorum calificado indique”.
