Consejeros proponen órgano que evalúe leyes del Congreso
Un Consejo de Evaluación de las Leyes y las Políticas Públicas propusieron consejeros de la bancada UDI durante el debate de las enmiendas al capítulo IV del anteproyecto de la Comisión Experta por parte de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.
El organismo, de carácter autónomo y técnico, tendría por objetivo “contribuir a la evaluación de las leyes y políticas públicas” sobre la base de sus objetivos y recursos, estaría conformado por cinco integrantes designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, y elaboraría un plan de evaluación junto al Gobierno y el Congreso Nacional.
“Se plantea como un consejo que tiene atribuciones de recomendación. No es que se atribuya la soberanía popular ni el rol colegislador del Presidente o del Congreso, sino más bien es una entidad de carácter técnico; en ningún caso político”, afirmó la comisionada Natalia González.
El consejero Julio Ñanco (RD) sostuvo que la enmienda “habla de un organismo autónomo, y no sé si sea en este capítulo donde se deba incorporar”, y manifestó su “preocupación de que esta instancia aparezca como un ente superior, diciendo esto es bueno y esto es malo”.
La comisionada Antonia Rivas se manifestó “de acuerdo con la necesidad de evaluar las leyes y las políticas públicas”, pero también señaló tener dudas “de carácter técnico” respecto a la enmienda: “siempre me imaginé esto como una oficina del Congreso. Creo en un órgano de carácter más técnico que en un consejo”.
SINDICATOS Y GREMIOS
Otro punto que generó debate fue una enmienda presentada por la bancada UDI que propone que no puedan ser candidatos a diputados ni a senadores “los presidentes nacionales y regionales de sindicatos y gremios” que hayan tenido el cargo dentro de los seis meses anteriores a la elección.
“Tengo fuertes discrepancias. Perpetúa esa lógica de que la política es mala”, señaló la comisionada Antonia Rivas, quien agregó: “¿por qué el miedo a los gremios, a los sindicatos de trabajadores, y no a las asociaciones de empresarios?”.
Por su parte, la consejera Beatriz Hevia (PRep) se mostró a favor de la enmienda al señalar que “me parece relevante que quienes tienen cargos directivos altos en estos espacios, los utilicen en bien del gremio, del sindicato que los escogió, y no como un trampolín para acceder a otros cargos políticos”.
El consejero Ñanco añadió que “no creo que sea malo que un dirigente tenga una adhesión a algún partido político. Si estamos pretendiendo fortalecer a los partidos políticos, por qué no permitir que los dirigentes puedan postular a cargos de representación política”.
La comisionada González contestó que “nadie aquí ha propuesto alejar de la política a personas que han hecho una carrera en los gremios o en los sindicatos. Lo único que está planteando es que esas personas, cuando quieran presentarse a una candidatura, dejen el cargo con una debida anticipación. Es un resguardo de probidad y transparencia”.
La consejera Gloria Hutt (Evópoli) llamó a poner atención sobre la dificultad para los partidos de “encontrar liderazgos valiosos, validados por la comunidad y por las bases”. Agregó que “cuesta muchísimo encontrar personas que estén dispuestas a seguir en el mundo político por las dificultades que conocemos, entonces tenemos que buscar una forma de proteger eso y poner las restricciones que nos aseguren que esa persona no haga mal uso del cargo”.
PÉRDIDA DEL CARGO
Otra de las enmiendas debatidas fueron las realizadas al artículo 72, y que hacen referencia a las razones por las cuales cesará en el cargo un diputado o senador. Mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establece que cesará en el cargo quien haya sido expulsado de su partido político, una enmienda del Partido Republicano elimina ese inciso.
“Creemos que las personas eligen a un representante y que pueden haber motivos para cesar en el cargo, pero no una sentencia de un tribunal supremo de un partido que no necesariamente va a cumplir los requisitos que debería tener un tribunal que dictara sentencia con tal efecto”, señaló la consejera Hevia.
El consejero Edmundo Eluchans (UDI) se mostró favorable a la enmienda, ya que -al ser el mismo partido el encargado de reemplazar al parlamentario- la situación podría prestarse para “abusos”.
Acusación Constitucional: podría cambiar sanción de inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos
El Capítulo IV cuyas enmiendas debate la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, trató en la jornada AM, temas relativos a las atribuciones de las Cámara que integran el Congreso Nacional, en particular, el Senado y la facultad de conocer de las acusaciones constitucionales.
Dos de las indicaciones al artículo 60, concentraron el debate. Una de ellas, propuesta por la bancada RN-Evópoli, aumenta el quorum de 3/5 a 4/7 para aprobar una acusación constitucional, en la cual la Cámara Alta tiene la misión de declarar “la culpabilidad”. Respecto de la sanción, el anteproyecto mantiene lo que ya se conoce; es decir, que el destituido no pueda ejercer ninguna función pública por un período de 5 años. Mientras que la enmienda presentada por la bancada Republicana señala: “no podrá desempeñarse en el mismo cargo o en cargos de exclusiva confianza del Presidente de República por el término de 5 años”.
Para el consejero Christian Suárez (Indep-PS) subir el quórum deja casi sin efecto la acusación constitucional, en tanto que la comisionada Antonia Rivas dice que en la enmienda sobre la sanción de inhabilidad, podría acordarse dejar fuera las actividades docentes, pero afirmó que no le resulta coherente que para algunos casos (cargos de exclusiva confianza del Pdte.) proceda la inhabilidad y para otros cargos públicos, no. Sobre esto último, la consejera Beatriz Hevia (PRep) aclaró que la sanción actual es muy drástica y lo que se propone “es mucho más suave”.
El comisionado Gabriel Osorio, dijo que la inhabilitación no sólo proviene de procesos penales, sino también de la responsabilidad administrativa, y la destitución por un sumario (a los que llamó “el reino de la arbitrariedad”) implica que se puede quedar inhabilitado para ejercer en cargos públicos, incluso a honorarios. Enfatizó que habría que evaluar bien la institución de la Acusación Constitucional, “me produce miedo, porque al quitar la inhabilitación, esto se traduce en una censura”. Sostuvo que puede ser “más fácil” ir acusando ministros “y transformar esto en la vieja rotativa ministerial que se vivió entre 1891 y 1925, cuando los ministros duraban 3 meses. Eso trajo mucho daño a la gestión pública”, concluyó.
La consejera Hevia sostuvo que «el Senado no hace un procedimiento penal y tiene sanciones que el Tratado Internacional de Derechos Humanos califica que, esas sanciones, debieran darse en una sede penal». Añadió que puede ser pertinente debatir las sanciones del estatuto administrativo, «revisemos que las sanciones vayan en la línea que corresponde». Según dijo, es una materia a debatir y «se aprobará, si la mayoría de la comisión, así lo estima”.
Asignación de recursos públicos centra la discusión en Comisión de Derechos Económicos
En la jornada de trabajo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se concluyó con la discusión de las enmiendas referidas al derecho a la educación contenidas en el artículo 16 del anteproyecto.
En ese sentido fueron diversas las materias que concitaron el debate de las y los consejeros.
En primer lugar, la consejera republicana Ninoska Payauna explicó la enmienda que señala que el Estado deberá garantizar el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales.
“Lamentablemente hoy día, esta cobertura no es universal. Los colegios públicos que tienen el Programa de integración Escolar (PIE) no es suficiente. No cubre en su totalidad las necesidades de nuestros estudiantes”. Payauna agregó que, “nosotros debemos atender las necesidades de nuestros estudiantes, sin discriminar el colegio que sus padres han elegido para ellos” y enfatizó que la enmienda “pretende entregar esa cobertura y financiamiento a los estudiantes para que puedan ser atendidos”.
La consejera de Convergencia Social, Nancy Márquez, agradeció la enmienda “por situar el tema de las personas con necesidades educativas especiales”. Añadió que empatizan y “nos da pleno sentido la demanda -por cierto- y la necesidad de visibilizar esta realidad en la agenda y la discusión política de este consejo”. Sin embargo, manifestó que el foco debiera estar centrado en el propio derecho y los principios de la educación y no solo en garantizar el financiamiento.
Asimismo, surgió la duda si, a la luz de esta propuesta, el Estado estará obligado a solventar el costo de cualquier establecimiento, sin distinción, y por ello se planteó buscar una mejor redacción que se haga cargo de las personas con necesidades especiales.
Gratuidad
Un segundo punto fue el referido a los criterios para la asignación de los recursos públicos, y en particular la enmienda del oficialismo que propone la gratuidad progresiva de la educación superior.
La consejera Paloma Zúñiga (RD) precisó que pensaron en cómo incorporarlo de la forma más responsable, “porque entendemos que la educación tiene un costo” y que tiene que existir una planificación del Estado, para que los jóvenes no sean limitados a cumplir el sueño de ser profesional o elegir un proyecto de vida por no tener los recursos para financiarlo.
Al respecto, se consultó por parte de las bancadas de derecha si se contempla solo la gratuidad en establecimientos estatales y si no considera otros sistemas de financiamiento. En ese sentido, se planteó que no queden como inconstitucionales otros sistemas de ayuda.
El comisionado Flavio Quezada dijo que es un error equiparar la idea de gratuidad con algo muy concreto como es el sistema de gratuidad que está establecido en la ley. Por ende, esta puede ser provista por distintos mecanismos.
Otro punto en la asignación de recursos son las propuestas de consejeros de Chile Vamos así como de la bancada republicana que establecen que la asignación también responda a criterios como calidad, razonabilidad y no discriminación arbitraria.
La consejera Karen Araya (PC) postuló su preocupación de que estas normas puedan conllevar a que establecimientos queden sin acceso a recursos, por presentar una calidad inferior -lo cual es hoy una realidad en los establecimientos públicos- ya que agudizaría la actual crisis educacional.
El comisionado Jaime Arancibia dijo que hay dos criterios rectores que debieran ser el norte: calidad y cobertura. Porque tampoco, añadió, se trata de “un premio a los que lo hacen bien y un castigo a los que lo hacen mal”. Al financiar establecimientos que no están bien se busca mejorar su rendimiento o porque estos, aseguran cobertura, explicó.
A su vez, el consejero Sebastián Figueroa (PRep) enfatizó que la propuesta apunta a poner el foco en el estudiante, y que este no sea discriminado por el tipo de institución donde elija estudiar. “Para nosotros eso sería una discriminación inaceptable. Un estudiante que tiene el mérito, que tiene la condición socioeconómica para recibir el apoyo del Estado, tiene que tener un mismo trato y no puede ser la naturaleza del establecimiento que escogió o le tocó el que determine cuál va a ser el apoyo que va a entregar el Estado”.
En la misma línea, la consejera Pilar Cuevas (RN) recordó que hoy la matrícula de estudiantes de menores recursos en instituciones privadas es alta. No se puede restringir esa oportunidad para estudiantes que quieren tener acceso a la educación superior, porque el objetivo final debe ser el estudiante.
Reconocimiento a labor de profesores
El anteproyecto contempla una norma que señala que “los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la Nación. Es deber del Estado y de toda comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes”.
En esa línea, enmiendas de distintos sectores coinciden en ampliar el alcance también a los asistentes de la educación. Asimismo, el consejero Carlos Recondo (UDI) añadió que hablar de educadores -en lugar de profesores- va en el entendido que en esta labor participan no solo profesores, sino también otras personas que cumplen funciones docentes y que no necesariamente poseen el título de profesor y que “son colaboradores muy legítimamente y necesarios del proceso educativo”.
En contraposición, la enmienda de la bancada republicana elimina esa referencia. La consejera Payauna fundamentó que se apunta a simplificar la redacción, colocando el énfasis en la importancia que el Estado y la comunidad educativa tienen para promover el respeto y sana convivencia en las escuelas.
El comisionado Arancibia defendió la propuesta de la Comisión Experta, por el rol social que ejerce el profesor en la calidad de la educación al interior del aula. Agregó que esto no es comparable con el reconocimiento de otros actores de la vida social, y que solo reducirlo al respeto hace que pierda sentido la norma.
Por último, otro punto de amplio debate fue la propuesta de la bancada republicana de añadir como deber del Estado el garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales.
Figueroa recalcó que con ella plasman el sentir de muchas familias, de dolor e inquietud de personas que se sienten postergadas y desamparadas por un Estado que no ha podido garantizar el derecho a la educación en sus hijos y el cómo, esas interrupciones, han deteriorado la valoración que tiene hoy la educación pública. Pero manifestó que son bienvenidos los comentarios y mejoras “para hacernos cargo de legítimas inquietudes”.
Sobre el punto, Aldo Valle (Ind-PS) planteó que hay que tratar el tema con altura de miras. “Nadie puede desconocer que estamos ante un problema y que hay generaciones de estudiantes que están sufriendo un menoscabo en su formación”. Pero la redacción de la norma tiene, a su juicio, un par de defectos.
Postula que debiera decir solo “establecimientos educacionales”, porque de lo contrario se estigmatiza a los establecimientos del Estado. En segundo lugar, que no se hace cargo cuando las interrupciones son originadas en el ejercicio legítimo de un derecho.
“El Estado debiera garantizar la continuidad del servicio cuando sea interrumpido por meras vías de hecho o actos de fuerza (…) en una sociedad democrática no se puede prohibir la protesta, pero cuando daña el ejercicio de derechos de otros, creo que la democracia tiene derecho a poner esos límites”.
Consejeros dispuestos a buscar acuerdos para constitucionalizar los derechos de la niñez
Consejeros de las distintas bancadas se mostraron partidarios de buscar acuerdos para constitucionalizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tal disposición se dio en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos que este jueves continuó con su jornada de trabajo al analizar en particular los artículos del 1 al 15 del Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional del anteproyecto.
La primera discusión se centró en el artículo 14 de la propuesta de la Comisión Experta que dice lo siguiente: “la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”.
Los consejeros de Unidad para Chile, Partido Republicano y Chile Vamos coincidieron en lograr una enmienda de “unidad de propósito” en esta materia “para mejorar” el artículo de los comisionados, ya que -dijeron- “es insuficiente”. En concreto las distintas indicaciones expresan la necesidad de que quede plasmado en la constitución el interés superior de los niños, que el Estado promueva su protección, que los padres tengan un rol de gran importancia y cuidarlos de todo tipo de maltrato.
Además, en esta materia se presentó una Iniciativa Popular de Norma (IPN) N.9.247 que va en la misma línea de las enmiendas presentadas. La consejera republicana, María Gatica, si bien dijo que hay matices en conceptos, sin embargo valoró que haya un anhelo transversal por robustecer el artículo propuesto por el anteproyecto.
En tanto, la comisionada Magaly Fuenzalida, resaltó la importancia de lograr un acuerdo respecto a la niñez.
Derechos a los cuidados
Otra propuesta que generó diversas opiniones fue la presentada por los consejeros de Unidad para Chile en relación a los derechos a los cuidados. Sugirieron agregar un nuevo artículo que dice lo siguiente: “El Estado reconoce el valor económico y social de las labores de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado y es su deber establecer políticas públicas y prestaciones que permitan el mayor bienestar social”.
Una de las encargadas de defender esta propuesta fue la consejera Kinturay Melin (RD), quien detalló que “este es un principio para las bases constitucionales de nuestro país, y esperamos que esta comisión pueda llegar a un consenso transversal. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados se refiere a todas las actividades requeridas por las personas para mantener su vida, salud y bienestar; especialmente de niños, personas mayores, enfermos o aquellas que tengan alguna discapacidad”.
Y subrayó: “Esto no es solo una preocupación de justicia de género, sino que también tiene implicancias sociales, políticas y económicas”. También valoró que exista una IPN (N.10.107) que va en el mismo tenor de la propuesta oficialista.
En contrapunto, la consejera Carolina Navarrete (UDI) preguntó cuál es el centro de la propuesta y cómo se financia. La encargada de responder fue la comisionada y presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, quien dijo que “hay diversos estudios que dicen que las mujeres quieren trabajar, sin embargo no pueden hacerlo, porque deben cuidar a sus familiares enfermos, y eso implica un ancla en la economía que es muy fuerte”.
A su vez el consejero Yerko Ljubetic (CS), al complementar la respuesta de la comisionada, aseguró que las fórmulas concretas para establecer este derecho en la Constitución corresponderán al legislador determinar, en lo esencial, mecanismos y forma de financiamiento. Además dejó en claro que «no toda la gente que hace cuidados tendría algún contrato con el Estado».
Durante la ronda de comentarios y consultas, tanto el comisionado Carlos Frontaura (PRep) como la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) preguntaron por qué es tan importante constitucionalizar esta materia si puede quedar como una política pública. La comisionada Fuenzalida respondió: “al dejarlo en la Constitución buscamos establecerlo como una política mayor, y si algún gobierno de turno lo quiere cambiar sería mucho más difícil”.
Estado social y democrático de derecho
Otros temas debatidos en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos fueron los relacionados con el Estado social y democrático de derecho, la descentralización, la seguridad y el terrorismo. Todas las bancadas presentaron enmiendas para modificar los artículos 1, 6, 11 y 15 que apuntan a estas materias, y las defendieron centrando sus puntos de vista en conceptos, ideas y propuestas.
Control preventivo sustantivo marca debate de enmiendas relativas a Corte Constitucional
Con la discusión en particular de las enmiendas ingresadas al capítulo VIII: Corte Constitucional, la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, prosiguió el análisis de las indicaciones al anteproyecto constitucional en dicho apartado.
Experiencia e independencia
Respecto a la experiencia, inhabilidades e independencia política de los integrantes de la Corte Constitucional, el Art.167 del texto de la Comisión Experta propone: “Quienes integren la Corte Constitucional deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado y contar con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez y deberán poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio».
La enmienda de la bancada UDI al Art. 167, busca sustituir la expresión: “quince” por “veinte”. De igual forma, la misma bancada propone agregar en dicho artículo, la expresión: “No podrán haber ejercido un cargo directivo nacional dentro de un partido político, ni haberse desempeñado en cargos de elección popular, o en algún cargo de exclusiva confianza del Gobierno dentro de los tres años anteriores a su nombramiento”.
La comisionada Leslie Sánchez, valoró la propuesta de establecer mecanismos para garantizar un perfil -académico y profesional- de sus integrantes, pero indicó que la formula que se presenta «puede no ser la adecuada».
Por su parte, la consejera Lorena Gallardo (Independiente – RN), destacó la importancia de establecer requisitos a los integrantes de la Corte Constitucional.
Atribuciones
El Art.169 del anteproyecto (en su letra A), indica que serán atribuciones de la Corte Constitucional, “resolver, por las dos terceras partes de sus integrantes en ejercicio, las cuestiones por infracciones de procedimiento o de competencia establecidas en la Constitución o en la ley institucional del Congreso Nacional y que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley, de reforma constitucional y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso”. Además, establece que, en caso de acogerse la cuestión, la Corte Constitucional remitirá los antecedentes a la Cámara respectiva con el fin de que subsane el vicio. “Si el proyecto ya hubiere sido despachado, se conformará una comisión mixta que propondrá la forma y modo de subsanarlo”.
“El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada del mismo no podrá ser promulgada hasta que el vicio sea subsanado, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesto por el Presidente de la República”, expone el texto.
En representación de la bancada UDI, la consejera Ivón Guerra, resaltó la importancia de establecer -en las enmiendas presentadas-, el “control preventivo sustantivo”, destacando el control en materias de fondo como la “supremacía constitucional”.
A su turno, el consejero José González (Independiente – RD), manifestó ser contrario al “control preventivo sustantivo”, recordando la crítica que ha recibido el actual TC como «tercera cámara».
