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Excandidato a alcalde de Pichilemu (RN) es investigado en nuevo caso de fundaciones cuestionadas

La Fiscalía Regional de O’Higgins ha iniciado una investigación de oficio para examinar la legalidad de los convenios suscritos entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región y la fundación Arquiduc durante el año 2021. Estos convenios, por un monto total de 121 millones de pesos, han generado sospechas debido a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.

La fundación Arquiduc, liderada por Carlos Acuña Arévalo, exjefe de gabinete del gobernador provincial de Cardenal Caro, Julio Ibarra Maldonado, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y excandidato a alcalde de Pichilemu por Renovación Nacional (RN) en 2012, obtuvo los convenios mediante un trato directo con el Seremi de Vivienda de la región de O’Higgins. Los montos adjudicados fueron de 56 y 65 millones de pesos respectivamente.

La fundación, según su página web, se enfoca principalmente en temas educativos, sin embargo, los convenios fueron firmados para llevar a cabo diversos trabajos en las comunas de Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo. Es importante destacar que, al momento de la firma de los convenios en 2021, la fundación carecía de experiencia en instalación de luminarias integradas, una de las labores acordadas en el segundo convenio.

Carlos Acuña Arévalo, presidente de la fundación, es militante de Renovación Nacional (RN) y ha tenido participación en los gobiernos de Sebastián Piñera tanto a nivel regional como en el Servicio de Educación local. Además, el jefe de Gabinete del director del Serviu, Enrique Villalobos, figura como miembro del directorio de la fundación.

El Serviu, representado por su director Manuel Alfaro, militante de Evópoli, suscribió los convenios en virtud de una delegación de facultades firmada por el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, en una resolución exenta.

La Fiscalía Regional de O’Higgins ha confirmado el inicio de la investigación, pero ha decidido no divulgar nombres de personas o instituciones involucradas en esta etapa inicial, con el fin de salvaguardar el éxito de la investigación. Esta indagatoria se enmarca en la colaboración entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, la cual está revisando todos los convenios suscritos a partir del año 2021.

La investigación de la Fiscalía buscará recabar más información sobre los convenios suscritos entre el Serviu y la fundación Arquiduc, con el objetivo de determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de adjudicación de estos contratos.

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