Audiencias Públicas sobre infancia, familia y derecho a la vida en Comisión de Principios; y otras notas del Consejo Constitucional

Audiencias Públicas sobre infancia, familia y derecho a la vida en Comisión de Principios

En el marco de las Audiencias Públicas del Proceso Constitucional, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos recibió a varias organizaciones sociales que entregaron sus puntos de vista y propuestas en distintas materias para ser consideradas en la nueva Constitución.

Infancia, familia y derecho a la vida fueron los principales temas que se presentaron. Los expositores entregaron en 10 minutos sus opiniones y en 20 minutos los consejeros y consejeras hicieron preguntas.

Paola Vega y Josefa Balmaceda de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), opinaron sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, señalando que los artículos 14 y 38 del anteproyecto de la Comisión Experta “no son suficientes”, tienen “una visión adulto-céntrica” y son “poco empáticos”. Apuntaron a que no se fundan en la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional que Chile ratificó el 14 de agosto de 1990. Las abogadas feministas, en ese orden, propusieron elevar a rango constitucional que la responsabilidad penal de los menores sea desde los 14 años y que sólo, en caso de ser necesario, se pueda privar de libertad y por un breve tiempo. Además, plantearon que los jóvenes tengan derecho a voto desde los 16 años de manera voluntaria y desde los 18 años obligatoriamente.

Carmen Domínguez de la Conferencia Episcopal de Chile, basó su exposición sobre el derecho a la vida y la protección a la familia. Entregó una explicación jurídica de por qué es necesario regular en el nuevo texto constitucional el derecho a la protección a la vida del que está por nacer, pues en su opinión su “importancia es evidente”. Recordó que este reconocimiento se recoge a través de una larga tradición jurídica en Chile por medio de un conjunto de normas y principios que emergen desde el seno del derecho civil y que al final se establecen en la Constitución actual. A juicio de Domínguez, el principio de protección al más débil cruza todas las disciplinas del derecho, como, por ejemplo, el derecho laboral, la responsabilidad civil y el derecho al consumidor. Por eso, pidió a los consejeros y consejeras “avanzar” en esta materia.

José Montt Rodríguez de la Fundación ConBoca, en tanto, expuso sobre la familia como base de la sociedad, planteando que sería relevante incluir en el artículo 1 del anteproyecto -que habla sobre la dignidad humana- la necesidad de “protección, fortalecimiento, y desarrollo de este grupo, entendiendo que, cuando así lo hacemos, logramos que este cuerpo intermedio primordial tenga mejores ciudadanos y conformemos una mejor sociedad”, subrayó.

Audiencias Públicas sesión PM

Ítalo Araya, vicepresidente Colegio Nacional de Orientadores y Orientadoras Familiares de Chile, señaló que es indispensable plantear en el anteproyecto una protección especial y concreta a la familia como “núcleo principal” dentro de la sociedad. Recordó que dicho texto menciona el termino “familia” solo seis veces en los artículos 3, 14, 16.10 y 11, 23 letra c, lo que “no es suficiente”, y que por lo mismo para poder asegurar los sistemas de protección familiares como condición necesaria en el país se tienen que incorporar propuestas de formas precisas con ejes en la prevención, intervención y reparación, ayudando –especialmente- a los niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

Constanza Schneider de la organización Siempre por la Vida, entregó a los consejeros y consejeras un documento denominado “Toda Vida Cuenta” que considera aspectos jurídicos, jurisprudenciales y políticos, diciendo que la propuesta de los expertos “lamentablemente” no hace mención a la protección de la vida del que está por nacer y por eso -dijo- es indispensable incluirlo, considerando por ejemplo que esta materia está ratificada por Chile en varios tratados internacionales. En ese ámbito, propuso que incluir en el texto la dignidad como fundamento principal del derecho a la vida, la protección del niño que está por nacer y especial asistencia para las madres durante el embarazo y después del parto.

Vanesa Hermosilla de la ONG Emprender Con Alas, hizo hincapié sobre la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Planteó la necesidad de que en un plazo de dos años se construya un Código de Garantías de Protección a la Niñez y Adolescencia, que incluya derechos y libertades fundamentales, como ejemplo el derecho a la vida en familia, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, al deporte, entre otros.

Alonso Cuadra representante de la organización Voces Mayores, hizo su exposición de manera telemática, y si bien valoró el contenido del anteproyecto en materia de adultos mayores, propuso incluir nuevos derechos y principios. En ese sentido, planteó agregar en el artículo 14 del texto de la Comisión Experta “el reconocimiento de las personas mayores como plenos sujetos de derecho y que el Estado promoverá especialmente la participación de los ancianos en todos los ámbitos de la vida pública, así como su autonomía, independencia y desarrollo personal”.

Gabriel Campos ciudadano de Iquique, se refirió sobre los abuelos en el nuevo Chile, y enfatizó que es “indispensable” apoyar a las personas de la tercera edad en materia de salud, pensiones, recreación, protección de sus derechos y cuidados de su integridad física. Propuso agregar –por ejemplo- un artículo en que tanto los gobiernos regionales y locales hagan aportes monetarios para edificar estructuras en parques y plazas con el fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Además, planteó que haya contralores locales que velen por las leyes que favorecen a este grupo y que el Estado logre reabrir nuevos lugares de acogidas.

Raimundo Marchant del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales Asociación Gremial, hizo su presentación de manera telemática, y se refirió al desarrollo resiliente para la equidad intergeneracional, diciendo que debido a los cambios climáticos que está viviendo Chile es indispensable incluir en la nueva Carta Fundamental aspectos que resguarden nuestra naturaleza, poniendo como ejemplo situaciones tan complicadas como las inundaciones y el calentamiento global. En ese aspecto, dijo que es relevante agregar en las normas sobre medioambiente conceptos que mejoren el resguardo de nuestro ecosistema, tales como resiliencia, regenerativo, adaptativo, cuenca hidrográfica, descentralización, desconcentración, ética y planificación territorial.

Medio ambiente y agua: Audiencias Públicas en Comisión de Derechos

Personas y representantes de comunidades y organizaciones expusieron sobre medio ambiente y agua ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional. Todo esto, en el marco de las Audiencias Públicas organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana, las que se llevarán a cabo durante toda esta semana.

Temas tan variados como el mar, educación ambiental, innovación, aire puro, astronomía y escasez hídrica han sido algunos de los temas abordados por los expositores, representando propuestas de distintas regiones de nuestro país.

Marco Ide y Zoila Bustamante, representantes de los pescadores artesanales, solicitaron incorporar el cuidado del ecosistema marino y su preservación. Durante su exposición, señalaron que Chile es cinco veces más mar que territorio, por lo que es necesario “consagrar la soberanía marítima de nuestro país, además de los deberes del Estado en el ámbito marino: seguridad, identidad, investigación y desarrollo, además del tema ambiental”.

Alejandro Núñez, director del Centro Universitario UMAG de Porvenir, expuso de manera telemática sobre la importancia del aporte de las universidades y organizaciones civiles para la educación ambiental. “Lo que está faltando hoy para poder ser comunidades más resilientes frente a la aceleración del cambio climático y la contaminación humana es el diálogo. Un diálogo que debe ser horizontal entre comunidades empoderadas y habitantes de los territorios con los tomadores de decisiones. Pueblos originarios, con sus saberes y experiencias ancestrales, junto a la ciencia y la academia”, señaló en su presentación.

Claudio Muñoz, representante de la Red de Directores por la Acción Climática y de Chapter Zero Chile, expuso sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo económico. En su presentación a los consejeros, manifestó su interés en que la constitución “aborde la relación del Estado con el cambio climático, protegiendo al medio ambiente, pero también a la población y al desarrollo económico sostenible de la sociedad. Esperamos, como sector privado, que la constitución cree un camino a la sostenibilidad a través del desarrollo de las personas, sus familias y sus negocios”. Muñoz agregó que “para enfrentar esta amenaza climática, necesitamos innovar, atraer inversiones y nuevas formas de negocio que nos colaboren en repensar nuestras formas de extracción, explotación y operación. El Estado debe ayudar a las personas y a la sociedad a adaptarse”.

Loreto Stambuk, representante de la Fundación Horizonte Ciudadano, realizó una presentación sobre el derecho humano a respirar aire puro. En su exposición, afirmó que la contaminación del aire representa la mayor crisis de salud pública en Chile, y que nuestro país es el que tiene las tasas de mortalidad más altas producto de la contaminación ambiental de Latinoamérica. “Sería interesante incluir el derecho a respirar un aire limpio como un componente integral del derecho a la vida y la salud. La contaminación tiene un efecto desde el inicio gestacional hasta el final de la vida de un ser humano, por lo que proponemos el derecho humano a respirar aire puro durante todo el ciclo de vida”, expuso.

Eduardo Unda, en representación de la Sociedad Chilena de Astronomía, expuso sobre la necesidad de una protección constitucional del cielo nocturno, y considerar a la iluminación artificial nocturna como un contaminante. “Chile es la principal reserva de cielos oscuros del mundo, y proteger este bien no solo ayuda a la investigación astronómica, sino también a la salud humana y a la biodiversidad”, expuso. Además, Unda agregó que los consorcios internacionales de astronomía están crecientemente instalando infraestructura en nuestro país, con lo que se proyecta -para el final de esta década- que más del 55% de la capacidad instalada mundial estará dentro de nuestras fronteras. “Es una responsabilidad a nivel internacional. Es la posibilidad de los seres humanos de conocer el universo. El desafío que enfrentamos es que preguntas fundamentales de la humanidad están ad portas de ser respondidas. Interrogantes como si estamos solos o no en el universo probablemente se respondan dentro de las próximas cuatro décadas, y eso es altamente probable que ocurra desde nuestro país”, afirmó el astrónomo.

Julieta Cortés, representante de la Fundación Superación de la Pobreza y del Grupo de Investigación y Acción por el Agua, presentó una serie de medidas en relación a la escasez hídrica. “Nuestra propuesta es agua para las comunidades y la naturaleza, desde el secano a la nueva constitución, y que reúne las voces de diversos territorios rurales”. Entre los puntos solicitados se encuentran una nueva institucionalidad en torno al uso y gestión del agua, un Ministerio del Agua, una Defensoría Pública del Medio Ambiente, considerar a las cuencas en el ordenamiento territorial y protocolos de participación que integren a grupos y comunidades a través de consultas incidentes y vinculantes.

Catalina Huerta, representante de Modatima, también expuso en relación a la protección del agua que “una nueva constitución (…) tiene que ser clara, enfática y contundente al asegurar el derecho al agua para la vida”. En ese sentido, expuso ante los consejeros que en el anteproyecto de la Comisión Experta “surgen contradicciones, ya que no se establece el derecho humano a agua en sí, sino que el deber del Estado de asegurar el derecho al agua a las generaciones presentes y futuras. Seguidamente, concibe el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho real. Esta comprensión puede hacer colisionar la garantía del derecho al agua con el derecho al aprovechamiento al agua, tal como sucede hoy en cientos de contiendas en Chile, donde el Estado no es capaz de asegurar este derecho humano. En otras palabras, la desigualdad hídrica puede perpetuarse toda vez que los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua son quienes tienen decisión sobre sus usos”.

Audiencias Públicas – Sesión PM

Claudia Andrade, representante de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, propuso reconocer a los océanos y sus ecosistemas como sujetos de derecho en la nueva constitución. “Como sociedad científica comprometida, abogamos porque la nueva constitución refleje estos principios, y pueda brindar un marco legal sólido para la preservación de nuestro océano, sus recursos marinos y el equilibrio ecológico”. La académica agregó que existe “un agotamiento de muchos recursos pesqueros (…) debido a la contaminación: ruido, plásticos, aguas de relaves mineros y descargas de fluentes de origen doméstico o industrial, descargas de productos químicos tóxicos, el deterioro de espacios marinos costeros con desechos, entre muchas otras características que amenazan nuestra extensa costa”.

Francisca Baeza, representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal, expuso ante los consejeros sobre la necesidad de proteger constitucionalmente a los animales, ya que en ellos “existe el componente de la sintiencia. Este es un concepto científico que (…) determina que los animales son seres conscientes, que pueden sufrir y sentir”. Baeza presentó dos sondeos donde el 71 y el 84 por ciento de los encuestados se mostró a favor de proteger a los animales, para luego proponer -en su exposición- un artículo para una nueva constitución: “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”.

María Rubio, en representación del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), realizó una presentación sobre los derechos de la naturaleza y el modelo económico. “Aquellos que se dedican a vivir de los recursos naturales, deben velar por un equilibrio, hacerse cargo de los daños y mitigar. Hoy tenemos zonas de sacrificio donde las empresas no han sido empáticas con la naturaleza”, afirmó en su exposición. Rubio agregó que “no queremos ideología, porque la naturaleza no responde a ideologías: queremos soluciones que cuiden, para nuestras generaciones y para las que vienen, la naturaleza y el mundo: el agua, sus árboles, sus animales, sus espacios”.

Marcos Muñoz, representante de la Corporación de Asistencia Protectora de Mascotas Abandonadas (COPROMAA), expuso sobre la vulneración de los derechos de los animales, y el incumplimiento de las normas de regulación existentes. En el caso del rodeo “estamos pidiendo la prohibición del uso de las espuelas, y estamos proponiendo que esto se cumpla, porque está en la ley del deporte”. Muñoz puntualizó que “no estamos diciendo que se elimine la actividad del rodeo como deporte. Estamos pidiendo que se eliminen las espuelas, como elemento de maltrato”.

Ximena Insunza, representante del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, expuso sobre la importancia de la dimensión ambiental en la nueva constitución. “Cumplimos siete de las nueve características de vulnerabilidad de cambio climático, que tienen que ver con las acciones que realiza el hombre”. Respecto a las normas en materia medio ambiental, agregó que “no importa si son pocas o muchas. Lo importante es que lo que la constitución diga en materia medioambiental sea sustantivo. Creo que (el anteproyecto) es muy perfectible, sobre todo por la ausencia de los recursos naturales. Sería partidaria de que todo lo que tuviera que ver con ello y con el agua pudiera venirse a este capítulo (XIII – Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo), porque en este capítulo es donde debieran estar regulados, y no en el derecho de propiedad”.

María Inés Figari, representante de la Sociedad Agrícola del Norte, realizó su presentación sobre la importancia de la agricultura, el agua y la seguridad alimentaria. Afirmó que, según estudios, “Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040, ubicándose en el lugar 18 de riesgo en comparación a los 164 países analizados. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de país y a más del 13% de la población que se dedica a la agricultura, siendo el 80% de ellos pequeños agricultores”. Figari propuso que el Estado “asegure que se realicen obras de infraestructura hídrica, ya sea asumiendo directa o indirectamente su realización, además de crear y fomentar los incentivos para la acumulación y transporte de agua, la desalinización de agua, y la implementación de tecnologías destinadas a la mejor utilización del recurso”.

Nicolás Smith, en representación de Cicleayque, expuso sobre el derecho a la movilidad segura y sustentable, y propuso sumar un nuevo artículo que consagre el “derecho a la ciudad y el territorio”. Smith agregó que “los objetivos de este derecho es producir ciudades y territorios justos, inclusivos, seguros y sostenibles, donde se realice una vida digna, además de las funciones ecológicas”. Durante la exposición, señaló que cada año están ingresando 400 mil vehículos al país, un “desacople” respecto al crecimiento de la población o de la vivienda. “Debemos tener en cuenta la forma de participación y gestión de nuestros territorios desde las comunidades, desde la sociedad civil, desde distintos grupos que han tenido poco acceso”, finalizó.

Descentralización concentra interés de la comisión de Sistema Político

El consejero Julio Ñanco (RD), agradeció la participación de Pastene y aseguró que su requerimiento debe ser atendido.

En la sesión también participaron el egresado de Derecho, Pedro Venegas y el contador Christian García, quienes se refirieron a la parte orgánica de la Constitución y descentralización fiscal y financiera respectivamente.

Ciudadanos opinan sobre Modernización del Ministerio Público y legitimidad órganos autónomos

Con la exposición de diversas organizaciones y personas naturales se inició el ciclo de audiencias públicas ante la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Este mecanismo de participación ciudadana permitió que se expresaran puntos de vista sobre diversas materias consignadas en el anteproyecto constitucional.

Legitimidad órganos autónomos

La primera jornada de audiencias se inició con la exposición del subdirector de desarrollo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Rodrigo Pérez de Arce. Académico, abogado y magíster en Sociología (PUC), quien abordó la legitimidad de los órganos autónomos en la propuesta constitucional.

Ministerio Público

Referido al nombramiento del Fiscal Nacional, el investigador de Libertades Pública, Alexander Hernández, abordó criterios y desafíos de mayor transparencia y objetividad en el proceso de designación del titular del Ministerio Público.

En el mismo tema, el consejero de la región de Atacama de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Renán Gallardo, presentó un conjunto de precisiones referidas a las normas constitucionales aprobadas en el anteproyecto de la Comisión Experta.

La comisionada Ivon Guerra (UDI), manifestó sus inquietudes sobre la labor de la fiscalía y la precepción de la ciudadanía, al respecto.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público AG, Francisco Bravo, abordó la importancia de la autonomía y los mecanismos de nombramiento.

Desastres naturales

En otro tema, el académico, cientista político y magister en gestión de riesgo y desastres de la Academia de Guerra del Ejercito, León Rodríguez, presentó la necesidad de desarrollar en el país una nueva institucionalidad orgánica para el combate de incendios forestales.

El consejero Diego Vargas (PRep.), junto con valorar la propuesta de una nueva institución para combatir los incendios, expuso alternativa para que esas tarea se cumplan a través de instituciones públicas ya existentes, como el Ejercito o Carabineros de Chile.

En la primera jornada de audiencias participaron siete expositores, quienes abordaron diversos contenidos de competencia de la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos:

• Propuesta Asociación Nacional de Fiscales A.G. (ANF) sobre Ministerio Público.
• Desafíos en legitimidad de los órganos autónomos.
• Nueva institucionalidad para el combate a incendios.
• Nombramiento del Fiscal Nacional: criterios de mayor transparencia y objetividad.
• Autonomía y Jerarquía del Ministerio Público.
• Necesidad de enmendar la propuesta del Consejo de Expertos.
• Supresión del artículo 180 del anteproyecto de Constitución Política de 2023.