Hacia dónde tiene que avanzar el sistema de salud marcó el debate en comisión
¿Hacia dónde tiene que avanzar el sistema de salud? y ¿Cómo mejorar la atención de los pacientes? Fueron dos de las preguntas que más se repitieron durante la sesión de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.
Las consultas fueron dirigidas principalmente a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien fue una de las invitadas a la instancia. Allí, insistió en que la Constitución debe resguardar no sólo la oportunidad de elegir el prestador, sino que también la forma de financiamiento del sistema.
“Dejemos a los legisladores que definan, mediante las leyes, cómo protegeremos este derecho de libertad de elección en términos de aseguradores y proveedores de servicios de salud”, recalcó Daza.
Consultada por el consejero Sebastián Figueroa (PRep), respecto de hacia dónde tiene que ir la solución, la ex autoridad respondió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que “tenemos que avanzar a una cobertura universal con tres principios rectores: las necesidades, culturas y preferencias”.
Revisa la intervención de Paula Daza:
Eso significa, añadió Daza, que “todos los ciudadanos tengan acceso a una salud oportuna, de calidad y con financiamiento adecuado, que no signifique un sacrificio”. En ese sentido, aseguró que los chilenos debieran tener cotizaciones obligatorias.
Respecto a la pregunta de la consejera Karen Araya (PC), en cuanto a si consideraba que había que constitucionalizar el sistema de isapres, Daza fue tajante. “En ningún caso”, aseguró, para luego agregar que “el modelo que tenemos de financiamiento del sector privado hay que reformarlo, porque no hay sustentabilidad”.
Colaboración de particulares
En la sesión también participó el director de Salud de la Municipalidad de La Pintana, Julio Sarmiento. El médico comentó, entre otras cosas, que el sistema de isapres ha demostrado ser ineficiente.
“No solo por la judicialización de los casos, sino porque selecciona a los más sanos, a los que tienen menos posibilidades de usar los servicios de salud”, explicó.
Asimismo, sostuvo que este Proceso Constitucional es una posibilidad de superar el Estado subsidiario “que en salud significa la preponderancia de los particulares en el desarrollo de actividades económicas, en desmedro del rol que debe cumplir el Estado”.
Ante la consulta de la consejera Ninoska Payauna (PRep), sobre cómo mejorar el sistema de salud pública, Sarmiento respondió que existe la oportunidad de avanzar a un Estado social y democrático de derecho.
“A través de una política pública, universal, desarrollada a través de un servicio público, gratuito, con la colaboración de los particulares, pero con miras al bien común, porque se trata de una responsabilidad compartida”, afirmó.
Tras ello, el consejero Jorge Ossandón (PRep) preguntó si la incorporación de cotizantes de isapres a Fonasa era garantía de mejorar la prestación de salud o si el foco debiera estar en mejorar la calidad de la atención.
“El sistema público de salud es eficiente con la cantidad de recursos que maneja y se hacen maravilla con ellos. Hay incapacidad del sector privado de generar los mismos resultados, porque las orientaciones son diferentes. Por lo tanto, la incorporación no es garantía”, respondió Sarmiento.
Paridad de género: debate en Comisión de Sistema Político
Representación política de mujeres, brechas de género y mecanismos de paridad fueron parte de la exposición de las académicas Valentina Verbal, Julieta Suárez Cao y Carmen Le Foulon, invitadas a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.
Especial atención tuvo la norma transitoria del anteproyecto de la Comisión Experta que contempla un mecanismo de corrección “60/40” para las elecciones parlamentarias; es decir, ningún sexo podrá superar el 60% en ninguna de las cámaras en las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia del texto constitucional.
La historiadora y académica Valentina Verbal se manifestó contraria a los mecanismos de paridad de salida; es decir, de las correcciones que se realizan una vez realizada una elección, ya que “es contraria a la democracia liberal”. Aunque consideró que las cuotas ayudan a generar un cambio cultural al momento de nominar candidaturas.
- Intervención de Valentina Verbal
Por contrapartida, la académica de la Universidad Católica Julieta Suárez Cao expuso que los mecanismos de paridad de salida, sin ser ideales, logran corregir el problema de la participación de las mujeres en política. La cientista política agregó que en Chile tomó 70 años, desde el sufragio femenino, para que las mujeres superaran el 25% de representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, la mitad de su proporción poblacional.
Suárez Cao se mostró partidaria de un sistema de listas cerradas (votación por una lista y no por un candidato) y del sistema cebra (alternancia de mujeres y hombres en la papeleta), aunque afirmó que existen otros problemas estructurales que dificultan la participación política femenina.
- Intervención de Julieta Suárez Cao
Carmen Le Foulon, investigadora del Centro de Estudios Públicos, expuso que la sobrerrepresentación de un grupo (en este caso, el género masculino) es perjudicial para la calidad de la democracia, tanto por un problema de justicia como por el uso ineficiente de los talentos de la sociedad.
En este sentido, Le Foulon compartió diversos estudios que muestran que no hay diferencias en los méritos de ambos géneros, ni tampoco una preferencia de la ciudadanía de votar por hombres, sino que existen otro tipo de barreras culturales que podrían corregirse con mecanismos de cuotas o paridad.
Acceso a la información pública, libre desarrollo de la persona y libertad de expresión centran jornada de la Comisión de Principios
La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos recibió las presentaciones de expertos en materia de derechos y libertades, quienes se refirieron al anteproyecto propuesto por la Comisión Experta para la nueva Constitución.
El foco estuvo en el artículo 16 sobre Derechos y Libertades Fundamentales del Capítulo II sobre’ Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.
Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, se refirió al derecho a la información pública y la transparencia, y destacó como positivo lo que señala sobre este tema el anteproyecto que dice: “el derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado, sin otra limitación que las causales de secreto o reserva que establece esta Constitución”.
No obstante, Jaraquemada hizo dos sugerencias: primero, que el acceso a la información pública se establezca como “un derecho autónomo de otras garantías constitucionales”, lo que -a su juicio- es “innovador y pertinente” porque le da una entidad similar a la protección de datos personales que incluye la Constitución del ’80”. Y, segundo, que la entrega de información de parte de los órganos del Estado se presente de “manera accesible” (por ejemplo, en los sitios web) para la ciudadanía, y de forma “oportuna y comprensible” (en volumen y contenido), avanzando “en una lógica de datos abiertos”. Sostuvo que no es necesario constitucionalizar esto.
Por último, propuso que se considere un mecanismo de amparo para el caso que se deniegue el derecho al acceso de la información ante el órgano garante y administrativo, y que sea independiente de las acciones de protección que considera el artículo 26 del anteproyecto.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales Tomás Vial, en tanto, propuso que se incluya en el anteproyecto el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la persona. Afirmó que esto ello está ligado a la dignidad de los seres humanos, base del ordenamiento constitucional, ya que sin ella “no hay un reconocimiento del individuo como autor de sus propios actos y de su independencia”.
Comentó que el anteproyecto y la Constitución vigente reconocen las libertades específicas, como la de expresión, de creencias, de desplazamiento, etc, pero “no es un derecho general de libertad”.
En esta materia, planteó, nació en Alemania y dio muy buenos resultados, y que también está constitucionalizada en Italia y en España.
Gustavo Baehr, abogado e investigador de la Corporación Comunidad y Justicia, hizo su presentación sobre la libertad de expresión y mostró su desacuerdo con el inciso 14 de la propuesta de los comisionados y comisionadas, que señala: “el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a una ley de quorum calificado”.
Al respecto, dijo: “no es una crítica al concepto en sí mismo, sino que, a la literalidad de éste, porque no es propio de nuestra tradición constitucional”.
Baehr argumentó: “nos preocupa que se pretenda proteger de esta manera actos de naturaleza física que vayan más allá del discurso, de informar y opinar”. Ejemplificó con la quema de una bandera o la destrucción de un símbolo religioso, los cuales son también expresiones de libertad. “Esto es peligroso”, recalcó.
Banco Central (BC) destacó autonomía en su tarea de control de la inflación
La titular del instituto emisor, Rosanna Costa, fue recibida en audiencia por la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, oportunidad en la que analizó las normas constitucionales relativas al capítulo XII: Banco Central (BC) con acento en la autonomía de este.
El anteproyecto aprobado por la Comisión Experta, establece que el BC tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para estos efectos, podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, junto con dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.
Costa destacó el rango constitucional que tendría el BC, si el Consejo comparte los términos del anteproyecto, y la autonomía de este..
En cuanto a sus funciones, Costa detalló que la principal tarea de los bancos centrales -a nivel internacional y en Chile-, es el control de la inflación ya que esto representa «la razón de ser de una banca central moderna».
Consejo BC
La dirección y administración superior estará a cargo del Consejo del BC, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que establezcan la Constitución y la ley de quorum. El Consejo, al adoptar acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno.
Integración
El Consejo del BC estará constituido por cinco miembros, designados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado, por los tres quintos de los miembros en ejercicio.
Sus miembros durarán diez años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos; se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años. En tanto, el Presidente(a) del Consejo, que será también del instituto emisor, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para un nuevo período.
En la instancia, el comisionado Hernán Larraín, expuso el trabajo realizado por la Comisión Experta, destacando el correcto funcionamiento del BC y el debate entorno a su accionar en la política monetaria y sus efectos en la economía nacional y el empleo.
Empleo y Medioambiente
En la instancia, la consejera María Pardo (CS) expuso la importancia que el instituto emisor pueda incorporar en sus variables -para la toma decisiones-, antecedentes medioambientales, económicos y laborales.
Al respecto, Costa detalló el trabajo que realiza el BC en dicha materia (expuesta por Pardo), tiene a la vista -en el marco de sus funciones-, un conjunto de variables que puedan incidir en el devenir de la economía nacional.
En la segunda parte de la sesión, expuso ante la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos el académico Aldo Madariaga. Investigador asociado de la línea Conflicto Político y Social en Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
Madariaga abordó el nuevo escenario que enfrentan los bancos centrales en el mundo, donde la política monetaria dejó de ser el único factor a considerar en su rol institucional.
