Secretaría de Proceso Constitucional entrega comparado de enmiendas a normas constitucionales
Con más de 900 indicaciones a las normas constitucionales, la secretaria del Proceso Constitucional hizo entrega de forma oficial a las comisionadas y comisionados, de las cuatro subcomisiones, del documento comparado de enmiendas presentadas en cada capítulo de la estructura constitucional.
Para su presentación, las indicaciones fueron respaldadas por un mínimo de cinco y un máximo de diez integrantes. Estas suprimen, agregan, sustituyen o modifican las normas que fueron aprobadas en general por el pleno de la Comisión Experta, las que fueron derivadas a las subcomisiones, donde sus miembros votarán para aprobarlas o rechazarlas.
Para su aprobación, deberán votar a favor al menos cuatro de los integrantes de cada subcomisión (compuesta por seis comisionados) para cumplir con el quórum requerido de 3/5.
Posteriormente, el pleno de la Comisión Experta discutirá y votará en particular cada capítulo que conformará la propuesta de texto constitucional que será entregada el próximo 7 de junio.
Gobernadores regionales y alcaldes del país expusieron en subcomisión
Representantes de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), expusieron ante la subcomisión de Sistema Político, reforma Constitucional y Forma de Estado, oportunidad donde abordaron los alcances y desafíos del nuevo texto, en materias como descentralización, autonomía y desarrollo regional.
Cristina Bravo, gobernadora de la región del Maule, destacó los objetivos centrales que buscan los gobiernos regionales, como son “la implementación real de un estado unitario descentralizado y desconcentrado, regulación similar para Gores y municipalidades, administración de áreas metropolitanas, creación de empresas regionales y autonomía administrativa y financiera”.
El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego expuso que “no corresponde un trato diferenciado entre los gobierno regionales y municipales. Es importante establecer, que no está en la propuesta inicial, la incorporación de las Áreas Metropolitanas, otorgando un trato intercomunal de ciertas materias”.
Orrego además detalló la necesidad de la coordinación como elemento de gran importancia, para la cual debería centralizarse dicha tarea a las gobernaciones regionales. “Terminar con la fragmentación y obra que colisionan en el territorio”, dijo.
Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Biobío, manifestó que “llegamos (los gobiernos regionales) donde no llegan los ministerios, donde no existe buena coordinación con los servicios y las personas no reciben las soluciones que necesitan”.
En la oportunidad, Pablo Silva, gobernador de la región de O’Higgins, señaló que “pedimos que nos entreguen las herramientas, desde el gobierno central, para hacer bien las cosas y poder avanzar en descentralización”
“Nuestro país debe avanzar en descentralización para lograr el desarrollo. En esta nueva constitución, buscamos establecer reglas claras, como son la vinculación con los organismos públicos y el ordenamiento territorial, entre otros, que no son vistos desde el gobierno central, indicó el gobernador de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
Alcaldes (AChM – AMUCH)
La presidenta de AChM y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao señaló que “debemos avanzar en una mayor democracia en los municipios, con una mayor autonomía, descentralización financiera y administrativa”.
Por su parte, el director del Centro de Gestión y Liderazgo de la AMUCH, Cesar Rojas, expuso la importancia de incorporar la heterogeneidad territorial en los municipios y “la igualdad de servicios, como principio consagrado en el texto constitucional, además de la garantía del financiamiento con rango constitucional, a cada nueva atribución que se le asignan desde el gobierno central”.
Salud y pensiones marcan debate de comisionadas y comisionados
Luego que se ingresaran 923 enmiendas a la propuesta constitucional, las distintas subcomisiones de la Comisión Experta comenzaron la fase final de su trabajo con miras al 6 de junio, fecha en la que tendrán que presentar su anteproyecto. El contenido de estas indicaciones generó diferencias en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, donde algunos de sus integrantes cuestionaron que los cambios ingresados (190 en la materia de esta subcomisión) desdibujarían lo que se había acordado previamente.
“Cuando leo las indicaciones o las proposiciones que se hacen por parte de los comisionados, en general me refiero, encuentro algunas propuestas de enmiendas que efectivamente socavan -en mi opinión- los acuerdos compensatorios logrados y el acuerdo del pleno por unanimidad”, expuso el comisionado Teodoro Ribera.
“Es bueno que digamos, si vamos a poder o no construir acuerdos y si esos nos vinculan, o si eso no va a ser posible o no será posible temporalmente, mientras tengan la elección (de Consejeros (as) Constitucionales), porque ese también es un factor que incide o puede incidir en el comportamiento de los comisionados”, aseguró Ribera.
“Creo que si hay algo en que debemos coincidir los seis (comisionados (as), es que el texto que se proponga a la ciudadanía debe ser de una calidad jurídica, ética, moral y constitucional, que cualesquiera sean las visiones, más allá que nos veamos representados todos, podamos efectivamente entender que es un buen texto. Sabemos a ciencia cierta que teníamos algunas falencias, partiendo por el capítulo de medio ambiente”, enfatizó la presidenta de la instancia, Alejandra Krauss.
La comisionada presentó la interrogante acerca de los acuerdos, y planteó que las más de 900 enmiendas de ambos sectores, indican algo. “Eso da cuenta que efectivamente duda, la búsqueda del perfeccionamiento, para concluir -si es posible- en la consagración debida del Estado Social y Democrático de Derechos. Si estuviéramos tan de acuerdo con el texto, no tendríamos 190 enmiendas en esta subcomisión. Eso da cuenta que no había acabado el debate”, agregó Krauss.
Acuerdos para evitar texto en blanco
Bettina Horst, a su turno, expresó a los comisionados que “las enmiendas son para presentar matices o posiciones divergentes y se asume que con la votación se sostiene, al menos, lo acordado, a no ser que haya una mayoría construida para redactar un nuevo texto”. En esa línea, manifestó su preocupación y señaló: “Cuando uno invoca el reglamento para decir que se puede desconocer o votar contrario a lo que aprobó en general, eso de alguna forma refleja, o hace entrever, que esa es una estrategia que -quizás- se pudiera instalar”.
Horst alertó que “acá, quizás, algunos plantean que lo que se aprobó esa noche (5 de abril) fue en un contexto de presión para poder mostrar avances. Pero si lo aprobado no se sostiene en el tiempo, perfectamente podemos llegar con un texto en blanco al 6 de junio”.
Sobre las divergencias surgidas durante esta jornada, el comisionado Jaime Arancibia planteó que “todos tuvimos la posibilidad, previo al 5 de abril en las distintas sesiones que tuvimos, de conocer los aspectos principales de las posturas de cada uno en las materias relativas a los derechos sociales. Conocimos nuestras diferencias”.
Añadió que “hubo varias materias que por no lograr consenso preferimos no incluirlas dentro del texto, incluso, en algunas de ellas lo hicimos con la idea de poder presentarlas como enmiendas después, en algunos aspectos”. Entonces se preguntó: ¿qué es lo que firmamos? Arancibia planteó que -en su interpretación- “se firmó un acuerdo general, efectivamente, y que no es definitivo. Estoy de acuerdo. En las sesiones que nos siguen tenemos que revisar, pero me parece que el espíritu que debe primar es aquel que es propio de un acuerdo general, que es precisar, especificar, corregir, enmendar, pero ojalá lo hagamos con el espíritu de no desvirtuar aspectos esenciales, sustantivos de ese acuerdo general. Enfatizó que eso “de ningún modo debe significar retroceder”.
El comisionado Cortés, a su turno, expresó la disposición para que el anteproyecto en el que se trabaja tenga mayores posibilidades de ser aprobado. En esa línea explicó que “mi disposición es evitar que se llegue a una hoja en blanco, pero junto con eso, creo que es también una amenaza para ese resultado la elaboración de una propuesta de anteproyecto que termine siendo maximalista. Digo maximalista, pensando en una redacción que termine por consagrar un modelo en algún determinado derecho y excluyendo otros y convirtiéndolos, por tanto, en inconstitucionales”.
Cortés enfatizó que “tenemos que avanzar hacia una redacción que sea lo más abierta posible para que las distintas visiones que están aquí presentes puedan, mayorías democráticas mediante, implementar sus modelos posibles de acuerdo a las propias convicciones y necesidades de la sociedad. Para eso, más que cerrar debates, tenemos que abrirlos. Esta tiene que ser una constitución habilitante. Creo también que una constitución maximalista puede ser también una constitución vigente reformada y creo, también que, eso, hay que evitarlo”.
Las principales diferencias que se expusieron en el contexto del debate se centraron en el destino de las cotizaciones de salud y pensiones.
Para efectos de no dejar duda de su postura, el comisionado Flavio Quezada, explicó el alcance de sus dichos, en cuanto a que “no votaré a favor de constitucionalizar los modelos de AFP y el modelo de Isapre”. Sobre el punto precisó: “basta leer la constitución y no está ni lo uno ni lo otro, están en la ley”. Puntualizó que el texto vigente establece reglas que no existen en otras constituciones del mundo, “no tienen antecedentes en la historia constitucional chilena, sino que tiene su origen directo en un oficio de la Junta de Gobierno de aquella época, en consecuencia, no se puede saber cuáles son los fundamentos constitucionales o técnicos”.
Quezada dijo que “las normas vigentes son las que han impedido muchas políticas públicas en tiempos de democracia, porque se han constituido en un cerrojo constitucional para políticas sociales solidarias en esta materia y, en consecuencia, dado que no tienen antecedentes en la historia constitucional chilena, no existen en el derecho comparado, dado que su origen es desconocido, porque llegan de la Junta por oficio, dado que no hay acuerdo social transversal, ni fundamento técnico alguno, yo no votaré a favor de una norma que constitucionalice estos modelos en el anteproyecto sobre el cual deba trabajar el Consejo Constitucional”.
Alcance de acuerdos, indicaciones y desafíos marcaron inicio del debate de enmiendas en subcomisión de Principios
Con una ronda de intervenciones en la que comisionadas y comisionados expusieron sus posturas respecto a los acuerdos alcanzados en la primera etapa de normas generales, se inició el debate de las 202 enmiendas que debe revisar la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Las primeras en análisis fueron las indicaciones relativas a los Estados de Excepción Constitucional.
La validez de los acuerdos y los alcances de las indicaciones concentraron la atención del presidente de la instancia, Máximo Pavez, quien manifestó su “sorpresa” por la forma en que fueron presentados algunos de los artículos, porque –según dijo- había acuerdos previos. Al respecto, explicó: “teníamos un acuerdo, que por su puesto nunca ha significado que no se puedan perfeccionar, revisar las normas y construir sobre eso. Me llama la atención que hay algunas indicaciones que alteran, sustancialmente, el espíritu de lo que acordamos en materia de principios”.
En el mismo tema, la comisionada Catalina Lagos, respondió asegurando que “así como usted manifiesta su sorpresa, yo también manifiesto mi sorpresa, en términos que considero que lo que se ha hecho, es iniciar una nueva etapa, presentar enmiendas que dan cuenta de las orientaciones que cada uno de nosotros quiere brindar a este texto y, la importancia de presentar enmiendas en aquellos temas que es necesario debatir de cara a la ciudadanía”.
A su turno, la Presidenta de la Comisión Experta, en su calidad de comisionada, Verónica Undurraga, defendió la presentación de enmiendas “nosotros tenemos el derecho a presentar mejoras, enmiendas a los temas, lo que algunos definen el núcleo del acuerdo, otros pueden tener otros núcleos de acuerdos, no tenemos por qué estar alineados. Cada cual tendrá temas que considera más importante para atender las necesidades de la ciudadanía”. Agregó que “no sólo tenemos el derecho, sino la obligación de no cerrar los debates y de forzar, de alguna manera, al máximo el diálogo, para que esta constitución nos represente a todas y todos”.
Junto con confirmar la voluntad de llegar a “acuerdos que le hagan sentido a la ciudadanía”, Undurraga destacó que “nadie está pensando, como se dijo en otra comisión, en botar normas y llegar con hoja en blanco. Esas amenazas, son incompresibles ya que no es el espíritu que anima a nadie. Vamos a actuar con responsabilidad política y llevaremos el diálogo hasta las últimas consecuencias”. Sentenció que en el texto final “tienen que caber todas las posiciones”.
Coincidente con el Presidente Pavez, la comisionada Marcela Peredo señaló que “en términos de objeción y legitimidad democrática, nosotros no somos los convocados”. Explicó que “para reestablecer normas -que las personas ya han rechazado- me parece que la voluntad soberana, tal como prescribe el artículo 5 vigente -y que nosotros también proponemos- reside en la nación y la ejerce el pueblo”.
Frente a lo anterior, la comisionada Catalina Lagos, expuso: “ese argumento, es un argumento de doble fijo, puesto que la constitución vigente, la constitución del 80’, también ha sido objeto de un rechazo por parte del pueblo en un plebiscito de entrada, que dio curso al anterior proceso constitucional”. Puntualizó que “si esas fueran las condiciones en que vamos a fijar el debate, debiéramos renunciar desde ya a replicar normas del texto vigente y, renunciar a replicar normas de la convención constitucional”.
También en defensa del acuerdo general, el comisionado Carlos Frontaura detalló que “una cosa es perfeccionar las omisiones, las cosas en que se produjeron errores y otra, es reemplazar las normas en un espíritu, en un contenido, en una orientación, que es diametralmente distinto, por el cual se estableció el acuerdo original”.
El presidente la subcomisión, Máximo Pavez, cerró las intervenciones de la primera etapa de la sesión, exponiendo que la subcomisión que dirige obtuvo un “acuerdo sustantivo” en materia de Principios y dejó tres materias para profundizar para la etapa de las enmiendas porque no tuvieron tiempo, estos son: estados de excepción, acciones cautelares y cláusula de esencialidad. Al respecto, indicó: “me preocupa, profundamente, que la presidenta de la Comisión Experta diga que para algunos pueden entender acuerdos sustantivos una cosa y para otros pueden entender acuerdos sustantivos en otra cosa. Yo cuando me doy la mano, me doy la mano, y cuando no me doy la mano, no me doy la mano”.
“Creo que en esta subcomisión quedó dañada la confianza, eso no significa que nosotros no vamos a intentar trabajar en torno a los mismos propósitos que tiene usted presidenta Undurraga, donde tenemos diferencias, que pueden aparecer incluso insalvables, donde la sociedad chilena hace expresión de esas diferencias, pero yo siento que acá, la confianza creo quedó un poco debilitada”, concluyó Pavez.
Estados de Excepción Constitucional
Durante la sesión de esta jornada, la subcomisión comenzó la discusión, en particular, de las enmiendas relativas a los Estados de Excepción Constitucional.
La comisionada Marcela Peredo, indicó que buscamos “no perder la idea de lo que ha funcionado en la tradición constitucional chilena. Es relevante reconocer los estados de excepción que han funcionado y, que se ha reconocido desde antes de la Constitución del 80’. Validar, entonces, la atribución del Presidente”.
Por su parte, la comisionada Catalina Lagos, presentó que “hay que mantener lo que funciona, por eso, hicimos el esfuerzo de recoger varias de las cuestiones que estaban consignadas. Pero también, estamos proponiendo innovaciones que no han surgido espontáneamente, ya que su sustrato está ampliamente afianzado, incluso a nivel universal”
“Estamos tratando de incorporar innovaciones para fortalecer y robustecer la regulación de los estados de excepción. Cuando uno innova parte de un diagnóstico, las soluciones siempre son diversas. Nuestras propuestas tienen un diagnóstico claro y, por supuesto, vamos a estar disponibles para llegar a las mejores redacciones posibles de consenso”, expuso Lagos.
Subcomisión Jurisdiccional y Órganos Autónomos, presentó estructura de trabajo, cronograma y capítulos que serán debatidos
Los integrantes de la instancia acordaron su estructura de trabajo, cronograma, forma de votación y capítulos donde existirá debate en particular de las 202 enmiendas presentadas a las normas constitucionales de su competencia.
En la oportunidad, se acordó también la metodología de trabajo, comenzando por aquellas materias que recibieron el menor número de indicaciones. Además, quedó establecido que la subcomisión Jurisdiccional y Órganos Autónomos, sesionará tres veces por semana, con la posibilidad de alargar su franja horaria, mañana y tarde, comenzando con el Servel y Tricel, el próximo jueves 27 y, Contraloría General de la República en la jornada del viernes 28 de abril.
Durante el mes de mayo, se programarán sesiones para debatir las enmiendas referidas al Ministerio Público, Corte Constitucional y Poder Judicial, estás dos últimas en doble jornada.
En la ocasión, se abordó el procedimiento para la invitación de expertos (citaciones específicas), con la finalidad de ampliar la discusión y argumentación, en forma previa al debate de las propuestas. Además, se estableció que los invitados, deberán centrar sus presentaciones en referencia a las enmiendas por las que fueron convocados
La subcomisión Jurisdiccional y Órganos Autónomos, abordará seis capítulos, con 43 artículos permanentes, 202 indicaciones presentadas y 11 normas que no recibieron enmiendas.
