Descentralización, fragmentación política y déficit de gobernabilidad fueron parte de los temas abordados por los invitados Esteban Szmulewicz, Gabriela Dazarola, Rodrigo Delaveau destacados investigadores y académicos que este jueves expusieron ante la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.
Esteban Szmulewicz, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte y experto en temas de descentralización, afirmó que “el centralismo es un problema muy grave para los derechos humanos en nuestro país, sobre todo en nivel territorial, incluyendo las diferencias dentro de la Región Metropolitana, que son muy grandes”. No obstante, apuntó que la propuesta, en sus normas generales, presenta aspectos positivos de reconocimiento de principios de descentralización. “Eso no existe en la Constitución de 1980, y pocas constituciones lo hacen de manera clara. Aquí hay, en dos o tres artículos, varios principios importantes en materias de solidaridad, coordinación, radicación preferente de competencias, que dan pautas tanto para la interpretación del legislador como para la Corte Constitucional”.
Gabriela Dazarola, investigadora de la asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), abordó la experiencia internacional y los sistemas de gobierno adoptados en la región. En los regímenes presidenciales, señaló que el aspecto más importante a considerar es la fragmentación de los partidos políticos, la cual pretende contrarrestarse con el umbral del 5% para que los partidos políticos puedan llegar al Congreso. «No se pueden considerar los umbrales electorales como un elemento aislado.
Hay otras barreras legales que funcionan como filtro para que las fuerzas políticas lleguen a tener representación», aseguró Dazarola, quien agregó que la barrera electoral debe considerarse de manera integral con el conjunto de dimensiones del sistema, como la distribución de distritos, la forma de votación, la fórmula electoral, entre otros. En el caso de América Latina, cinco países utilizan algún tipo de barrera legal: Argentina, Perú, Colombia, Bolivia y México. Las barreras oscilan entre el 2% y 5% de la votación obtenida por las listas de partidos, a nivel del distrito o a nivel nacional.
Rodrigo Delaveau, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica afirmó que, para hacer frente al déficit de gobernabilidad, hay que seguir “la regla democrática esencial que se refiere siempre a quien ha obtenido más votos por sobre quien ha obtenido menos votos”. Fue enfático al señalar “que nunca más salga electo alguien que haya obtenido menos votos. Parece más respetuoso una regla bastante simple: una segunda vuelta parlamentaria”. Además, Delaveau defendió el principio de igualdad jurídica democrática a través de un sistema que permita elegir a los representantes según su cantidad de habitantes, sin que ninguna región valga menos que otra. “El número de población cambia… (con este sistema) siempre va a haber una representación simétrica y paralela del número de habitantes con el número de representantes. Esta es la única manera de equilibrar representación, descentralización y gobernabilidad, generando la menor cantidad de distorsiones”.
Además, estuvo en audiencia, Jorge de la Carrera, quien a nombre del movimiento 50+UNE, del cual es co-fundador, expuso sobre el actual sistema político y propuso “solo un congresista por distrito, elegido por mayoría absoluta. Estamos frente a un diagnóstico claro y transversal sobre los cambios que debemos introducir al Congreso Nacional debido a la fragmentación política, polarización y falta de gobernabilidad. En ningún país del mundo se ha logrado cambiar un sistema proporcional por sus propios incumbentes”. A su juicio, las comisionadas y comisionados tienen la oportunidad única para introducir los cambios que el sistema político requiere.
Expertos reciben opiniones en materia de salud en medio de proceso de elaboración de enmiendas
Libertad de elección, cobertura, financiamiento y derecho a una atención oportuna y garantizada, fueron algunos de los aspectos que abordaron los facultativos, exsecretarios Estado y especialistas en políticas públicas en salud, Paula Daza y Jaime Mañalich, ante la subcomisión Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Experta.
Daza abordó los desafíos que presenta el acceso a la salud en el país, como “un tema de políticas públicas donde debemos avanzar”.
La académica expuso que principios como acceso a una salud oportuna, atención garantizada, de calidad y segura, deben ser considerados como fundamentales. Daza, además, presentó cifras de estudios recientes en la materia, que señalan que un 63% de las personas consultadas, indicaron que “yo quiero elegir mi salud, donde atenderme”, rechazando –según dijo- que se les imponga donde hacerlo. Asimismo, afirmó que las personas “quieren ser protagonistas de su salud y no solo de sus enfermedades. Hay que considerar y escuchar a las personas”.
A su turno, el ex titular de salud, Jaime Mañalich, presentó un estado de situación y desafíos pendientes en salud, oportunidad en la que incluyó propuestas y precisiones a la estructura constitucional.
El facultativo abordó los alcances que representa el acceso a la salud en la estructura constitucional. Estamos frente “a un derecho progresivo, dentro de los derechos sociales, cubierto por instituciones públicas o privadas” e hizo el punto en que falta “incluir la educación, preescolar y escolar, como elemento y palanca de equidad social”.
Respecto a la existencia de diversos sistemas de salud, Mañalich, expuso que “debe existir una unión virtuosa de los diferentes sistemas. Deben estar separadas la fuente de financiamiento y la fuente de provisión”. En el ámbito de elección, expuso que se trata de algo culturalmente instalado en el país, “donde me quiero atender y donde cotizo. Las personas no aceptan que le digan qué hacer”.
Mañalich, además, propuso en la instancia, la conveniencia que las Alertas Sanitarias, decretadas por el gobierno de turno, cuenten con una “precisión constitucional” cuando se alargan por más de tres meses, teniendo que ser autorizadas como un Estado de Excepción Constitucional, ratificado por el Congreso Nacional.
Los expertos realizaron consultas a ambos especialistas. Mañalich fue consultado pora Jaime Arancibia respecto a la posibilidad de la existencia de una ley que estableciera un fondo común solidario, de administración estatal, que destinara la totalidad de las cotizaciones individuales y primas obligatorias de seguros de salud y, si dicha posibilidad afectaría la libre elección de las personas.
El exsecretario de Estado, detalló que “una ley, de la naturaleza que expone, no debería estar prohibida, de existir un órgano autónomo que administre un seguro único público de salud, bajo un consejo de cinco personas elegidas por alta dirección pública y un director inamovible, ratificado por el parlamento”.
“El legislador podría tener la libertad asumiendo control de esa agencia. Una prohibición de esa naturaleza no debería quedar signada en la constitución, porque es perfectamente posible que como país evolucionemos, donde una ley así puede ser posible”, concluyó Mañalich.
Sobre este punto, la exposición del ex titular de salud fue celebrada por el comisionado Flavio Quezada, quien calicó como esperanzadora la presentación, indicando que “la suscribo de inicio a fin, incluyendo las comas, acentos y énfasis”.
Estudios comparados de Constituciones del mundo a disposición del Proceso Constitucional
La Comisión Experta a través de la mesa encabezada por la Presidenta Verónica Undurraga y el Vicepresidente Sebastián Soto, firmaron un acuerdo con la Fundación Max Planck. Este organismo ha prestado apoyo técnico en distintos países del mundo en donde ha tenido lugar el desarrollo de nuevas cartas magnas para regir los destinos de las naciones.
El acuerdo de cooperación de la Max Planck fue destacado por Undurraga, quien señaló que “varias comisionadas y comisionados ya están pidiendo apoyo técnico a Max Planck. Es muy importante saber cómo se tratan distintos temas constitucionales en países señeros de Europa o en el resto del mundo, en esta materia. Tenemos preguntas sobre sistemas electorales; disciplina partidaria; estado social de derechos; medioambiente, entre muchos otros, por lo que este convenio va a ser muy útil”.
A su turno, Juan Cristóbal Portales, representante de la Fundación Max Planck en Chile entregó algunas precisiones sobre este acuerdo que apoyará el proceso en curso:
¿Cuál es el principal aporte de la Max Planck para este Proceso Constitucional?
La Fundación Max Planck, viene a prestar una asistencia técnica, de carácter neutral, fundamentalmente en la provisión de informes en derecho comparado a las distintas discusiones que están teniendo lugar en la Comisión Experta a través de las distintas subcomisiones. Es muy importante tener evidencia constitucional de cómo otras constituciones, cómo otros cuerpos jurídicos -en otras partes del mundo- han resuelto ciertos temas o controversias, incluso, ciertos nudos que se pueden ir generando en las discusiones propias de cualquier proceso.
¿Esa entrega técnica es a solicitud de expertos y expertas o solamente la Mesa puede pedir los estudios?
Hemos firmado un acuerdo institucional entre la Max Planck y la Comisión Experta para, con ello, los comisionados y comisionadas puedan requerir estos insumos libremente. La característica de la Max Planck es que presta esta colaboración técnica, pero de manera neutral, no incidente. No va a incidir en las definiciones finales que van a tomar los expertos de manera individual o colegiada, sino que más bien, estos son insumos importantes que ellos puede tener en cuenta en la discusión.
Cuándo se habla de estudios comparados, ¿hay algunas constituciones que se tienen como prioritarias?; esto, porque en medio del debate del Proceso Constitucional se ha mencionado, por ejemplo, el sistema constitucional francés.
Eso depende de los temas en particular. En algunos casos será la Ley Fundamental alemana, la Constitución alemana. O cuando se trate del Estado de bienestar, podrán ser las constituciones escandinavas; en otros casos, cuando se trate de cómo se consagran ciertas libertades serán otros tipos de Constituciones. Dependiendo el tema y a petición de los expertos(as) nosotros podemos recurrir a distintas fuentes, distintas constituciones y experiencias.
Académicos constitucionalistas exponen sobre derechos sociales
Dos importantes académicos fueron invitados a la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En primer lugar, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, expuso sobre la importancia de crear una simetría entre capital y trabajo, asegurando que el derecho al trabajo y la libertad sindical pueden hacer más que garantizar los derechos sociales.
Respecto a la propuesta sobre salud que emana de esta subcomisión, Zúñiga aseguró que su redacción mantiene el esquema actual, proponiendo “la existencia de un plan mínimo garantizado para todos los cotizantes, configurado por el legislador; segundo, un concepto de red de salud pública, conformada por el sector estatal municipal y los prestadores privados que colaboren con el Estado; por último, la libertad de los prestadores privados para ofrecer seguros complementarios al plan mínimo garantizado”.
Por su parte, Enrique Navarro, también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y exministro del Tribunal Constitucional, expuso que es “el legislador el que debe señalar de qué forma las prestaciones públicas y privadas deben materializarse. La constitución establece mandatos para que él lo ejecute, pero debe preservar el núcleo esencial del derecho a la salud. La protección de la persona, de su dignidad”. Al respecto, agregó que “es inconveniente que el juez se transforme en legislador o que resuelva políticas públicas, lo que se ha producido por una omisión».
Tricel propone sumar integrante designado por el Servel
Abordando materias relativas a funcionamiento, composición, competencias, composición y nombramiento de sus integrantes, el ministro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) Jorge Dahm, junto a la secretaria relatora del organismo, Carmen Gloria Valladares, expusieron ante la subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos de la Comisión Experta.
La presentación incluyó la propuesta que buscar aumentar a siete los miembros integrantes del Tricel, quedando cinco en manos de la Corte Suprema, uno del ámbito parlamentario, al que se propone sumar un nuevo integrante nombrado por el Servicio Electoral (Servel).
Actualmente el Tricel está constituido por cinco miembros, de los cuales cuatro corresponden a ministros de la Corte Suprema, designados por el máximo tribunal mediante sorteo, además de un ciudadano que haya ejercido el cargo de presidente o vicepresidente del Senado o de la Cámara de diputadas y diputados.
A lo anterior, se suma la iniciativa que propone establecer, con rango constitucional, la superintendencia del Tricel por sobre los Tribunales Electorales Regionales (TER), iniciativa que no busca interferir, según de expuso, en la independencia, autonomía financiera o resoluciones de los tribunales regionales, sino que busca centralizar y agilizar materias de gestión, funcionamiento y cumplimiento en los plazos de las resoluciones.
Dahm expuso a la instancia los problemas que significa la demora en los fallos de los TER. “Es un pedido de la ciudadanía y abogados litigantes, que busca una mejor prestación de un servicio público a los usuarios”, detalló.
En la segunda parte de la sesión, la subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, recibió al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, ocasión donde expuso los desafíos del organismo, junto con destacar la importancia de mantener su organización jurídica y separación del Tricel.
Además, Tagle abordó el financiamiento estatal de los partidos políticos, rendición de gastos y financiamiento de campañas electorales, oportunidad donde relató los problemas que presentan diversas colectividades respecto a sus auditorias. “Hay un problema generalizado en la contabilidad de los partidos políticos”, concluyó.
Fragmentación en el sistema político actual: Exposición de académicos ante subcomisión
Fortalecer las instituciones es la clave de todo. Estas palabras forman parte de la exposición del profesor Patricio Zapata ante los integrantes de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, que durante la jornada de este martes escucharon las propuestas de diversos académicos. Zapata insistió que, si bien no hay modelos perfectos de constitución en el mundo, crear un sistema político robusto debe ser uno de los temas que debieran importarle más a la ciudadanía.
“Invertir tiempo en el edificio de nuestro Estado, en el edificio de nuestro sistema político, es una cosa inteligente para todos los ciudadanos. Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es invitar a las personas aquí a que se hagan la pregunta de cómo prosperan los países y cómo fracasan los países. Y la clave, en buena medida, está en que tengan buenas instituciones”, recalcó.
“¿Son más desarrollados los países con sistemas parlamentarios no presidenciales? La respuesta era unánimemente sí, de toda la investigación internacional. Segundo, ¿son más estables políticamente? Y la respuesta unánime de toda investigación: sí, son más estables. Creo que es un momento único en la historia de Chile para que se tome en serio esta propuesta”, señala el economista Klaus Schmidt Hebbel.
En la misma línea, Guillermo Larraín comparó las ventajas y desventajas del presidencialismo y el parlamentarismo y cómo se gestiona la fragmentación política, entre otros temas. También expusieron ante las comisionadas y comisionados, los académicos Cristopher Martínez y Sergio Toro.
En tanto, en la jornada vespertina sesionó la subcomisión Principios, Derechos Civiles y Políticos donde se debatió las normas referidas a principios constitucionales como instancia previa al ingreso de las enmiendas.
De los aspectos abordados, se incluyeron los deberes del Estado en relación con la seguridad de la población, de la dignidad humana como base del derecho y la justicia, y respecto a la organización como un Estado Social y Democrático de Derecho, entre otros temas.
