Este domingo nuestro país se volcará nuevamente a las urnas para responder una simple pero importante pregunta: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.
Los electores solo tienen dos opciones: Apruebo, la que implica que la propuesta constitucional deberá ser promulgada y entrar en vigencia próximamente; o Rechazo, la que no significa otra cosa que mantener la Constitución aprobada por un cuestionado plebiscito el 11 de septiembre de 1980, y que comenzó a regir seis meses después, el 11 de marzo de 1981.
No hay más que eso: dos caminos. Y es que últimamente, la derecha conservadora, a la que se han sumado algunos descolgados de la antigua Concertación, han repetido insistentemente que votar Rechazo es una oportunidad para lograr una “buena y nueva Constitución”. “Una que nos una”, dicen.
¿Por qué habríamos que creer las promesas vanas de un grupo de políticos que, habiendo regido los destinos de los últimos 42 años, no han sido capaces de emprender reformas sustanciales al texto consagrado en dictadura, ni profundizado los derechos sociales?
Remontémonos a noviembre de 2019. Casi un mes de masivas manifestaciones sociales por todo el país exigían a la clase política poner término a la desigualdad social, o al menos avanzar hacia ello de forma decidida. El gobierno del presidente Sebastián Piñera, tan solo un año antes, había puesto la lápida a la propuesta constitucional de su antecesora, Michelle Bachelet, y que fue fruto de cabildos que tuvieron lugar en todo el país.
El gobierno de Piñera no tuvo la visión política de dar respuesta a un sentir ciudadano que no surgió espontáneamente el 18 de octubre de 2019, sino que es el resultado de la movilización permanente y creciente de miles y miles de chilenos, cristalizada por ejemplo en el movimiento de los pingüinos de 2006 (que solo logró terminar con la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE), las manifestaciones estudiantiles de 2011 en adelante (que permitieron consagrar, de manera incipiente, la gratuidad en la educación universitaria), movimientos como No más AFP, HidroAysén, las manifestaciones por el costo del gas en Magallanes, y una infinidad de otros eventos que, lejos de ser aislados, daban cuenta de un malestar social que no paraba de crecer y que terminó en un estallido, que no es para nada metafórico.
La clase política, aprisionada y culposa, de izquierda a derecha, acordó establecer el itinerario de un proceso de generación de una nueva Constitución Política de la República. Itinerario que fue consagrado en una reforma constitucional a la Carta Magna de 1980 que establece fechas y sucesos taxativas.
El 25 de octubre de 2020 la ciudadanía votó en casi un 80% por aprobar la creación de una nueva Constitución y, algunos meses después, en mayo de 2021, se eligió a los miembros de la Convención Constitucional. Un grupo diverso de chilenas y chilenos, integrando a muchos independientes que buscaban representar de la manera más fiel al pueblo de Chile, incorporando la paridad de género y también escaños reservados para los pueblos indígenas, quienes han sido víctimas de una permanente postergación e invisibilización en los asuntos políticos. La derecha pudo haber quedado subrepresentada, es cierto, pero no se puede negar el carácter democrático de la composición de la Convención, que la relegó a menos de un tercio y a la incapacidad de “poner la música”, o sea, de vetar los temas que le motivaban incomodidad; como grupo ruidoso, con poder comunicacional, no hizo otra cosa que intentar boicotear y socavar la legitimidad del trabajo de los demás convencionales. Lo cierto es que también son responsables de la redacción del texto que hoy llaman a rechazar.
La Convención, con aciertos y desaciertos, logró cumplir su cometido en el plazo de un año. El 4 de julio pasado estuvimos ahí, en la ceremonia de entrega de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric, en un acto profundamente republicano. Una Constitución redactada por primera vez de forma democrática, representativa, con inclusión de los indígenas y de las mujeres.
No solo eso, se trata de un texto que es innovador y que puede marcar la pauta para otros países no solo de nuestro subcontinente sino que de todo el mundo. Consagra a Chile como un Estado social y democrático de derecho, su democracia será inclusiva y paritaria, reconoce como valor esencial el respeto de la dignidad, reconoce a la naturaleza y declara su protección activa por parte del Estado, consagra el derecho a la verdad en casos de violaciones a los derechos humanos, reconoce derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, consagra derecho a vida libre de violencia de género, establece Sistemas Nacionales de Educación, Salud, Seguridad Social, Cuidados, reconoce las labores de cuidados que desarrollan silenciosamente miles y miles de chilenas y chilenos, consagra el derecho a la salud, al bienestar integral, reconoce los derechos a vivienda digna y adecuada, al agua, muerte digna, de propiedad, libertad de emprender, acceso al libro, entre muchos otros ámbitos que supera de forma sustantiva e innegable con respecto a la Constitución de 1980.
Hay que entenderlo bien: la propuesta constitucional, si se aprueba, no será una varita mágica que solucionará todos los problemas habidos y por haber. Pero se avanzará indudablemente por dar respuesta a las demandas sociales, muchas de ellas (buena parte) consagradas constitucionalmente, lo que obliga al Estado a dar solución.
Si se rechaza, nos sumiremos en un camino de incertidumbre y descontento. La Constitución en vigencia no señala nada sobre continuación del proceso constitucional en caso de ganar el Rechazo, y estará en manos del Congreso y los partidos políticos, si es que se ponen de acuerdo, a generar una nueva instancia, aunque claro está, bajo sus propias reglas: pueden perfectamente desconocer el resultado del plebiscito de 2020 que estableció crear una nueva Constitución por una Convención Constitucional elegida en su totalidad.
Si la intención irrenunciable de la derecha hubiera sido continuar el proceso constituyente aún ganando el Rechazo, no estarían esperando al cálculo político mezquino y egoísta con el resultado del plebiscito, sino que desde ya habrían modificado la Constitución permitiendo un segundo proceso en caso de la victoria del Rechazo. Cosa que no sucedió, lo que no debería sorprender si se considera que desde 2019 han prometido “rechazar para reformar”, lo que tampoco han cumplido. Las reformas constitucionales que han habido desde ese año se refieren a asuntos como los retiros del 10%, ninguno a asuntos sustanciales como las reformas que prometían. En el fondo, siguen en el punto de partida, porque para ese grupo nada debería cambiar. “Hay que retornar a la normalidad pre 18 de octubre”, ¿pero de qué normalidad hablan?
¿Por qué cuesta tanto a esos ciertos grupos reconocer la voluntad del pueblo de Chile que en una gran mayoría votó por crear una nueva Constitución, y meses después eligió una Convención Constitucional, la primera de carácter democrático en el país, que elaboró un articulado que requería el concurso de dos tercios de sus integrantes? Si eso no es democrático, si eso no es representativo de la diversidad del país, la verdad, no sabemos qué puede ser. Nadie puede aminorar el profundo carácter democrático del proceso constituyente iniciado en 2019. “Así no”, ¿entonces cómo? ¿A la medida solo de algunos?
El próximo 4 de septiembre la ciudadanía elegirá entre una Constitución innovadora o seguir (temporalmente) bajo la que nos ha regido por los últimos 41 años. Por ahora, no hay más. Si gana el Rechazo, esperemos que la clase política esté a la altura de las circunstancias y le de a Chile una segunda oportunidad con un nuevo órgano democráticamente electo, con paridad de género, participación de pueblos originarios y de personas independientes. Si gana el Apruebo, creemos que Chile podrá estar a la vanguardia del constitucionalismo moderno y nuestro país podrá iniciar un camino, gradual y progresivo, hacia una sociedad con más justicia, más dignidad y más equidad donde todos sus habitantes, sin excepción, podremos tener un mejor vivir. Por eso hacemos un llamado a nuestros lectores a votar Apruebo.
Hay una cosa cierta: el 5 de septiembre, cualquiera sea el resultado, todos los chilenos deberemos seguir trabajando por construir un país más justo para todas y todos.
