Una orden de detención, con entrada, registro e incautación de objetos, fue ordenada en contra de los exconcejales de la municipalidad de San Fernando Alejandro Riquelme Calvo (UDI), Enrique Díaz Quiroz (PPD) y Pablo Orellana Rivas (ind.).
Esto, luego que el exadministrador municipal Pablo Bravo declarara por más de siete horas para lograr un cambio de medida cautelar, que le fue denegado. Bravo dijo que los exconcejales habrían sido sobornados, en el caso de Alejandro Riquelme, para no perseverar con la denuncia contra Luis Berwart ante el Tribunal Calificador de Elecciones por notable abandono de deberes; en cuanto a los otros, habrían recibido sobornos para votar traspasos de dineros a la Corporación Municipal (CORMUSAF).
Los dichos de Bravo fueron ratificados por el exalcalde Luis Berwart y el exgerente de la CORMUSAF Leonidas Quiroga, en declaración ante la fiscal Fabiola Echeverría.
Díaz y Orellana habrían negociado directamente con el alcalde los pagos por un millón de pesos. En tanto, Riquelme habría conseguido que Bravo le entregara 1 millón 800 mil pesos porque “él tenía influencia con otros concejales”. Los pagos se iniciaron en 2017 y se extendieron hasta 2019 (2021 en el caso de Riquelme).
También habrían negociado Díaz y Orellana la contratación de familiares y de vehículos. Por otra parte, Riquelme habría llegado a un acuerdo por 28 millones pagaderos en cinco cuotas para frenar el caso en el TRICEL, dineros que habrían sido cancelados con fondos de la CORMUSAF.
