El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó ayer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra José Marcelo Vidal Díaz -ex director del Teatro Regional de O’Higgins- imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible, hechos ocurridos entre 2013 y 2016.
En la audiencia de formalización (causa rol 4146-2017), el magistrado Gianni Libretti Peña fijó, además, 6 meses de plazo de investigación.
Respecto a los hechos, según el ente persecutor, Vidal Díaz, durante su gestión como gerente o director ejecutivo, utilizó los dineros de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua en beneficio personal, de sus parientes, de su sociedad y cercanos.
«Durante los años 2013 y 2014, en el ejercicio de su cargo como Gerente General de la Corporación Cultural de Rancagua, José Marcelo Vidal Diaz, contrató los servicios de la empresa Antumbra Producciones Limitada, sociedad en la que el imputado tiene una participación de un 72,72%. La Corporación contrató a la sociedad Antumbra Producciones Limitada y así emitió ocho pagos por un monto total de $38.226.750. Igualmente, el imputado, ejerciendo su cargo de gerente de la Corporación, contrató y pagó periódicamente diversas cantidades de dinero a su hijo Joaquín Vidal Bakx, con cheques de la cuenta corriente de la Corporación, por un total de $5.302.920. (…) Durante los años 2015 y 2016 el imputado presentó ante la Corporación, gastos, compras y deudas personales o de la sociedad Antumbra, como gastos de su gestión. El imputado rindió tales desembolsos ante la contabilidad de la Corporación como gastos atribuibles a su función de Gerente General. (…) De la misma manera, contrató los servicios de doña Ida Gutiérrez como asesora del hogar de su domicilio particular, los pagos a esta persona, fueron luego rendidos por el imputado como gastos de su cargo ante la Corporación. En total Marcelo Vidal Díaz a través del mecanismo de la rendición de gastos obtuvo pagos indebidos de la Corporación, que estaban bajo su propia administración, por un total de $12.015.009», indicó en su relato el Ministerio Público.
