El 11 de mayo, Diego Grez Cañete, director de este diario, solicitó a la Municipalidad “se me informe si este Municipio cuenta con libros de actas municipales, cuantos, qué períodos comprenden (día, mes y año de inicio y fin) cada uno de ellos y cómo se pueden consultar (desde la creación de la comuna a la actualidad)”.
La Municipalidad respondió doce días después, expresando escuetamente que “existen registros de actas de forma digital las que son publicadas mensualmente, según se indica en el artículo 84 inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades”, agregando que “estos registros son a partir del año 2012, anterior a dicha fecha sólo existe registros en papel en archivo municipal, de los cuales muchos fueron destruidos producto del terremoto del año 2010”.
Al día siguiente, Grez dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, argumentando que “no se da respuesta a lo requerido, en específico, esto es, que informe qué libros de actas hay, qué períodos comprenden, etc.”
El Consejo determinó aplicar el procedimiento de Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, notificando el 6 de junio al municipio la posibilidad de aplicar dicha alternativa, aceptando la sugerencia tres días después.
El 22 de junio, la Municipalidad reiteró la respuesta entregada anteriormente, sin entregar información adicional. Si bien el Consejo para la Transparencia solicitó al alcalde de Santa Cruz William Arévalo —mediante correo electrónico del 23 de junio y Oficio del 6 de julio— complementar la información, el mandamás santacruzano no volvió a pronunciarse sobre el tema.
En su decisión, el Consejo para la Transparencia considera que “la solicitud de información se refiere a ‘libros de actas municipales’, respecto de los cuales el órgano nada dijo ni nada acompañó en su respuesta al solicitante, por cuanto sólo se refirió a las actas de las sesiones del Concejo”, explayando que el carácter público de estos libros es consagrado por la Constitución de la República, la Ley de Transparencia y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, motivo por el que el Consejo acogió totalmente el amparo, ordenando a la Municipalidad entregar la información solicitada, o informar expresa y fundadamente si los antecedentes no existen o no obran en su poder.
Además, manifestó que “resulta relevante para este Consejo que la Municipalidad de Santa Cruz adopte un adecuado sistema de gestión documental, en particular de los documentos históricos, que permita resguardar el ciclo de vida de los documentos desde su creación hasta que se disponga su archivo o eliminación, según sea el caso, en virtud del cual se permita un control ciudadano más eficiente, por cuanto la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos, no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de la información requerida, facilitando el acceso a dicha información”.
Finalmente, el Consejo para la Transparencia representó al alcalde Arévalo “su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, especialmente respecto de la falta de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de facilitación, oportunidad y responsabilidad, previstos […] en la Ley de Transparencia”.
La Municipalidad de Santa Cruz dispone de cinco días hábiles, contados desde la fecha de notificación (ayer viernes), para entregar la información requerida. De no cumplir con este mandato, el alcalde William Arévalo podría exponerse a sendas multas, e incluso, a la inhabilitación temporal del cargo.
Aquí puedes revisar la decisión completa del Consejo para la Transparencia:
[pdf]https://www.diarioelmarino.cl/wp-content/Resolución-consejo-Transparencia-6-sept-2016.pdf[/pdf]Otros casos
No es la primera vez que la administración del alcalde Arévalo tiene problemas con el Consejo para la Transparencia. El 31 de diciembre de 2014, fue acogido un amparo presentado por Juan Pablo Arriaza Zalá, quien había solicitado “la matrícula total anual de cada establecimiento educacional municipal que es administrado por el DAEM de Santa Cruz, desde el año 2000 a 2014”. La Municipalidad se negó a entregar la información debido a que el requerimiento era “genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. El Consejo desechó los argumentos esgrimidos por el municipio, ordenando la entrega de lo requerido en un plazo de diez días hábiles.
