En el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu se tramita actualmente una demanda civil por $206 millones de la municipalidad de dicha comuna en contra de la empresa de Jadue por supuestos incumplimientos de contrato.
En su condición de representante legal es que la alcaldía presentó la demanda el 22 de agosto de 2014, alegando que la empresa de Jadue “no cumplió lo acordado en los contratos y lo dispuesto en las bases técnicas y términos de referencia”, por lo que procede la demanda de indemnización de perjuicios por $206.590.000”.
El detalle de la demanda alega pérdidas municipales de $178 millones 864 mil por la reasignación de financiamiento para la construcción de espacio público; $11 millones 566 mil por la cancelación ATO con recursos municipales; $12 millones 880 mil por la contratación del proyecto de rediseño y $3 millones 280 mil por la actualización del permiso de edificación por el rediseño.
El municipio contrató a PAC Consultores el 12 de diciembre de 2011 por casi $52 millones para reponer y ampliar el edificio consistorial y, entre otras exigencias, debía realizar los estudios de mecánica de suelo para que, en base a ello, se desarrollara el proyecto de construcción de la estructura.
Defensa de la empresa: Acusaciones “carecen de objetividad”
El 30 de mayo de 2013 –mientras Jadue ya era alcalde-, entregó un poder especial amplio a Salvador Muñoz, cientista político y ex coordinador de políticas públicas de la Universidad de Humanismo Cristiano– en la primera notaría de Macul, quien nombró al abogado Ramón Sepúlveda Castillo en este litigio.
La defensa rechazó todas las imputaciones del municipio, afirmando que cumplió con las exigencias contractuales. “Los hechos relatados carecen de objetividad y buscan modificar la correcta apreciación de los hechos acontecidos en la ejecución de las obras realizadas”, señala el escrito del 5 de febrero de 2015.
La situación actual de la causa está en estado de prueba, según la resolución del 7 de diciembre de 2015, en que se deben probar los hechos sustanciales, como la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante, el hecho culpable atribuido al demandado por la demandante y la relación de causalidad entre la conducta culpable del demandado y los perjuicios.
Daniel Jadue, el exitoso empresario
En sus casi seis años de existencia, PAC Consultores ha tenido una gran cantidad de clientes públicos y privados, generándole millonarias ganancias. Sólo con el Estado ha logrado 35 contratos por diversas asesorías a municipios del país y a organismos públicos, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de la Cultura.
En los dos últimos años PAC Consultores se ha adjudicado contratos para actualizar los planes de desarrollo municipal de Valparaíso, Linares, Laja, Codegua, San Clemente, Pozo Almonto, y Ercilla por más de $150 millones.
Su especialidad son los planes de desarrollo comunal, planos reguladores, estratégicos y proyectos de arquitectura e instalación de sistema de gestión, entre otros.
“En años recientes, este equipo de trabajo ha atendido necesidades de importantes clientes que van desde gobierno locales, provinciales y regionales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones sociales y gremiales, hasta personas naturales, gracias al permanente desafío en responder sus exigentes necesidades”, según se promociona la empresa de Jadue en la página web, que lo tiene aún de gerente general.
Director ejecutivo de Chile Transparente: “Uno recomendaría que las autoridades no tuvieran actividad empresarial mientras ejercen el cargo público”
Alberto Precht, director ejecutivo de la fundación Chile Transparente, explica que los alcaldes no tienen inhabilidad explícita para participar en empresas, pero que la nueva ley 20.880, aprobada en el Congreso y que está pendiente de entrar en vigencia, prohíbe que tengan empresas que presten servicios a la misma comuna.
“Es lo mismo que se le reprocha a los parlamentarios, que tienen estudios de abogados. Uno recomendaría que las autoridades no tuvieran actividad empresarial mientras ejercen el cargo público, dando la administración a otro de los socios o deshaciéndose de la propiedad de la empresa o pueden dejar los negocios en un fideicomiso”.
Además, cuestiona que el alcalde de Recoleta no tenga publicada en la página web del municipio sus declaraciones de patrimonio e intereses, lo que califica de “impresentable. Es un estándar que las altas autoridades publiquen sus declaraciones de intereses. Es información fundamental para la opinión pública”.
