El concejal de Pichilemu Hugo Toro Galaz se ha opuesto —nuevamente— a la entrega de información, solicitada por Ley de Transparencia, relacionada a su gestión como edil local.
Este medio solicitó el 3 de junio pasado, «cartas, memorándums, y solicitudes de transparencia realizadas por el señor Hugo Toro Galaz, con cualquier destinatario, del presente año». La respuesta del alcalde Roberto Córdova Carreño indicó que Toro no realizó memorándums durante 2015, pero sí solicitudes por ley de Transparencia, y cartas.
Sobre estas últimas, es que el concejal Hugo Toro Galaz se opuso a su entrega, argumentando que este diario digital «saca partido y tergiversa toda la información, por lo tanto me opongo de forma rotunda se entregue cualquier información solicitada».
Qué interesante razonamiento, sobre todo tratándose de un concejal que, a través de un programa radial, invita a la comunidad reiteradamente a hacer uso de la Ley de Transparencia —para fiscalizar a las demás autoridades locales—, pero cuando se trata de él, se transforma en el concejal antitransparencia. Curioso, peculiar…
[pdf]https://www.diarioelmarino.cl/wp-content/CartaHugoToro.pdf[/pdf]Municipio actuó ilegalmente
La ley detalla que la municipalidad debería haber notificado al individuo cuyos derechos «podrían verse afectados» (Toro) dentro de dos días hábiles, enviándole una copia del requerimiento vía carta certificada, comunicándole que pueden oponerse a la entrega de la información.
La solicitud se realizó el día miércoles 3 de junio, por lo que la municipalidad debería haber notificado al señor Toro, a más tardar, el día viernes 5 de junio, pudiendo el edil ejercer derecho a oposición dentro del plazo de tres días hábiles, esto es, hasta el miércoles 10 de junio. Sin embargo, la carta del señor Toro en que solicita oposición a entrega de información, tiene fecha 24 de junio de 2015, o sea, 13 días hábiles después del día último que la municipalidad le debería haber entregado al señor Toro para oponerse a la entrega de información.
Por tanto, la municipalidad actuó de forma ilegal, y se recurrió al Consejo para la Transparencia.
