En conflicto se encuentra un grupo de empresarios del área turística de Pichilemu con el municipio local, luego de que sus locales comerciales, alojamientos, u otros recintos fueran clausurados por no pago de patente.
La situación se hizo pública tras la aparición de una nota ayer, en “El Marino”, a través de la cual un empresario turístico amenazó con quemar neumáticos en la carretera por la clausura de su alojamiento turístico, refiriéndose a algunos funcionarios municipales como “hitlerianos”.
Esta tarde, el alcalde Roberto Córdova Carreño señaló a Síntesis informativa de Radio Entreolas que “quien reclama de muy mala forma es un señor de apellido Román, que nunca da su nombre, él hace ese tipo de comentarios que yo no voy a responder por respeto a la comunidad […] no corresponde que me ponga a discutir en esos términos con ese señor”.
“Ellos fueron notificados en septiembre, producto del reclamo que hizo el concejal Hugo Toro en contra del municipio ante Contraloría, de que había un grupo de personas que trabajaban sin patente, lo que efectivamente era verdad, pero por distintos motivos no han obtenido ni obtendrán su patente”, señaló Córdova.
“Había un grupo de aproximadamente 40 personas que hubo que notificar para el cierre de sus locales, entendiendo que había personas que podían hacer un esfuerzo y solucionar su problema, y hubieron 15 personas que solucionaron su problema”, agregó.
“Este señor que está reclamando a través de Facebook es quien no ha solucionado su problema, de alguna manera me ataca a mí, sabiendo que él no está cumpliendo con la normativa, por distintos motivos, lo que es real y concreto es que no está cumpliendo la normativa”, remató.
El alcalde señaló también que “no me escudo en nadie, y lo que estamos diciendo es que […] nosotros tenemos que fiscalizar estas situaciones, se los informamos […] y la semana pasada, para mayor abundancia, me redenunciaron a Contraloría porque no se habían cerrado estos locales […] Están los escritos, los reclamos que se han hecho a la Contraloría por el concejal Hugo Toro, no estoy inventando nada, nos estamos haciendo cargo de la denuncia del concejal, y por otra parte, los funcionarios tienen que hacerse cargo del cumplimiento de la normativa sobre lo que coloca un negocio y el municipio local”.
“Muchas veces uno no lo va a descubrir nadie, con el objeto de que la gente trabaje, con el objeto de que no se generen inconvenientes para que la gente aproveche la temporada, nadie puede decir que los perseguimos, que los andamos atosigando, siempre hay un espacio de flexibilidad para que cumplan la normativa, pero en este caso ya no lo podemos hacer, la Contraloría ha hecho dos reclamos, estamos atados de manos y lo que nos queda es aplicar la clausura, porque o si no la clausura se la van a aplicar al alcalde, significa abandono de deberes, significa demanda, yo no puedo asumir responsabilidades que le caben al dueño del negocio, yo los invitaría a que, más que pelear, se acercaran al municipio para solucionar la problemática que tienen”, concluyó.
Por otra parte, Natalia Rodríguez, secretaria de la agrupación de adelanto de Catrianca, se contactó con el mismo programa radial, señaló que los comentarios publicados en redes sociales y “El Marino” referidos “al señor Román” son “alejados de la realidad” porque “no ha habido una negación de pagar la patente, sino que no se ha entregado la patente”, debido a falta de factibilidad de agua.
“El alcalde no ha sido muy explicito al tratar este tema, porque no hay factibilidad de agua, y no hay permiso, no hay patente, y no hay posibilidad de trabajar […] No hay solución a factibilidad de agua pronto”, explicó Rodríguez.
“Por parte de los empresarios turísticos existe la voluntad de pagar […] pero frente a esta denuncia del concejal Hugo Toro ya no se pueden seguir entregando [permisos provisorios] y no hay solución para este tipo de alojamientos”, añadió.
Según explicó, antes de construir las viviendas, hace doce años, se había prometido factibilidad de agua para los establecimientos, “y finalmente no se ha desarrollado, entonces ahora peleando por nuestro derecho a desarrollar nuestra actividad económica”.
“Existieron patentes provisorias, ahora no se permiten, no la hemos evadido, se pagaba, y ahora no se puede hacer por esta denuncia del concejal Hugo Toro a Contraloría indicando abandono de deberes del alcalde, y el alcalde está atado de manos”, añadió Rodríguez.
No hay solución a corto plazo, indicó la secretaria de la agrupación de Catrianca. “No somos delincuentes, queremos pagar la patente pero no nos dejan”, afirmó.
“El señor Hugo Toro, en este momento, lo único que ha hecho es denunciar, y no ha colaborado en ningún momento en la expansión del agua potable [a Catrianca]”, concluyó.
Contexto
El problema se arrastraría hacia unos meses atrás, cuando el concejal Hugo Toro Galaz solicitó “investigar eventuales irregularidades en la Municipalidad de Pichilemu, relacionadas con la emisión de patentes provisorias de actividades comerciales sin contar con los respectivos permisos de edificación, recepciones definitivas y autorizaciones sanitarias”. Dicha petición dio origen a una “investigación especial” de la Contraloría General de la República.
En total, Toro se refirió al funcionamiento de 143 arriendos de casas y 30 complejos turísticos en Punta de Lobos, con la autorización del municipio, en circunstancias que “carecen de los permisos de edificación, recepciones finales y resoluciones sanitarias”.
La Contraloría determinó que, en relación a 143 actividades comerciales de arriendo de casas, de 141 contribuyentes distintos, existió un “procedimiento de cobro no acorde a lo establecido en la norma”. El municipio cobró derechos municipales a través de la unidad de Inspección Municipal, que está temporalmente a cargo de Miguel González Carvacho. El organismo contralor especifica que “el cobro efectuado por la municipalidad de Pichilemu a los 141 contribuyentes […] equivalente a $41.000 por cada uno, no se ajusta a lo establecido” por ley. Además, los ingresos fueron ingresados a una cuenta contable para “otros derechos de inspección” y no a “patentes municipales”.
También se determinó que existe “falta de respaldo en el cálculo del monto pagado” (41 mil pesos). Se detalla que el cobro por aseo suma 8.349 pesos; propaganda, 12.002; patente, 19.983; en total, 40.334. Sin embargo, “el funcionario encargado procedió a registrar la cifra cerrada de $41.000, aproximando el valor total de la patente […] con el objeto de simplificar el pago al contribuyente”. En ese sentido, se le representa a “esa entidad edilicia” que ajuste “el procedimiento de cobro de los derechos municipales” de acuerdo a lo establecido por decretos ley, oficios, y decretos.
Otro punto que la Contraloría hace notar, respecto al arriendo de casas, es que existe “falta de acreditación del tipo de construcción”. “Las autorizaciones y cobros en revisión se emitieron sin contar con la información que acredite el tipo de construcción existente, constatándose con posterioridad más de una unidad de edificación, correspondiendo en algunos casos a cabañas de turismo u otro tipo de negocio asociado a esa actividad”. “La municipalidad de Pichilemu deberá incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la omisión representada, y remitir a esta Contraloría Regional copia de acto que así lo instruya en el término de 15 días hábiles contados desde la recepción de este informe”, señala.
En cuanto al “eventual funcionamiento de 30 complejos turísticos” en Punta de Lobos sin autorización del municipio, Contraloría constató que existen once complejos turísticos y relacionados que “funcionan con autorización del municipio”, percibiendo por ellos 1.133.000 pesos. El listado adjunto incluye cabañas, un centro turístico, un estacionamiento, arriendo de casas, y escuelas de surf, en los cuales se observa el mismo procedimiento de cobro de derechos municipales que en el arriendo de casas.
Para la tienda Hogar Haken Hom y Bici Motos, ambas cuentan con patentes enroladas pero “no hubo constancia formal de su existencia”.
Se menciona que Cabañas Willón, Huaiquipán, Sin nombre, Condominio Playa Hermosa, Punta de Lobos, Centro de Reserva Marina, Cabañas Loica, Propiedad Blanca, y Carro Bombas, no cuentan con autorización de funcionamiento por parte del municipio.
Cuentan con patente vigente al primer semestre del año 2014, según el informe, Restaurant Manatí (Adriana Buron Castro), Cabañas Lomita Quebrada (Phillips Smith Espejo), Wafflería (Soc. Individual de Turismo Patrice RL Pierre EIRL), Surf Lodge Punta de Lobos (Posada Punta de Lobos S.A.), Tienda Los Morros (Marcel Charrier Gallinato), Complejo Turístico Dunamar (Anne Evequoz Gyger), Natural Surf Lodge (Martín Herreros Montero), Restaurant La Loba (Leonor Correa Puig) y Restaurant Pepi (Marcelo Ortega Mesina Turismo EIRL).
Los establecimientos sin patente habrían sido notificados para acercarse a regularizar su situación.
El alcalde, según informa Contraloría, “indicó que habiendo tomado conocimiento de las irregularidades advertidas, el 1 de septiembre de 2014 sostuvo una reunión con los comerciantes turísticos que no contaban con patente municipal con el fin de informarles sobre el cierre de 46 locales comerciales, y a la vez solicitarles que hicieran los mayores esfuerzos para regularizar dicha situación”.
El decreto alcaldicio 3030 del 28 de agosto de 2014 ordena el cierre de diversos locales comerciales turísticos, cierre que “se realizaría en los próximos días”, coordinando el proceso de clausura con la fuerza pública. Hasta enero de 2015, cuando se redactó el informe que citamos, todavía no se clausuraban los establecimientos, debiendo acreditarse ante la Contraloría “en el término de 60 días hábiles a partir de la recepción de este informe el efectivo cumplimiento de lo informado”.
En otro punto, Contraloría advierte que, de los 141 alojamientos turísticos examinados, 129 de ellos no cuentan con permiso de edificación, así como en 25 complejos turísticos, de un total de 30, se observa igual problema, transgrediendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y otras ordenanzas y decretos, que disponen que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza […] requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales.
De igual forma, las referidas construcciones no cuentan con recepción final municipal, por lo que el municipio notificó para que regularizaran su situación, decretando su cierre el 28 de agosto pasado. Las edificaciones tampoco cuentan con autorizaciones sanitarias requeridas para su funcionamiento.
Por todo esto, la Contraloría instruye al municipio acreditar dentro de 60 días hábiles la regularización de las edificaciones o las medidas conforme al ordenamiento vigente, sin perjuicio de su verificación. Asimismo, deberá exigir las autorizaciones sanitarias requeridas para su funcionamiento, e igualmente dar cuenta de aquello al organismo contralor dentro de 60 días hábiles.
Los 129 contribuyentes propietarios de recintos que hasta enero no contaban con recepción final por parte del municipio, son Ramón Marín Correa, Ana María Celis González, Rodrigo Arriagada Escudero, Luis Polanco Galarce, Marta Clavijo Carreño, Roberto Araneda Fuentes, María González Morales, Maribel Martínez González, Roxana Yáñez González, Clara Abarca Pino, María Palma Palma, Nolfa Ávila Durán, Orlando Abarca Pino, Carlos Lizana González, José Rivera Gómez, Luis Jorquera Cornejo, María Valencia Lobos, Ana Contreras Contreras, Luisa Paredes Cubillos, Fernando Isla Mella, María Quinteros Vera, Arturo Campos Astete, María González Vargas, Hugo García Verdugo, Eufemia Cabrera Jorquera, Agrufena Escobar Vidal, Florentina Correa Castillo, Marta Catalán Pozo, Rosa Soto González, Nataly Moraga Moraga, Patricio Jorquera Pérez, Humberto Vásquez Orellana, Carlos Bustos Ortiz, María Fuentes Moraga, Liliana Álvarez Moreno, José Llanca Llanca, María Canceco Bustamante, Marta González Salazar, Gilda Paredes Cubillos, Mariana Carles, Cladimira Abarca Pino, Juan Vargas Retamales, Delia Jorquera Jorquera, Desiderio Flores Ahumada, Ana Vargas Acevedo, María Pedreros López, Yolanda Orostegui Vivanco, Iris Puebla Herrera, Julia Carrillo Vásquez, Sylvia Fuenzalida Ortiz, María Calderón González, Aquiles Jiménez Jaramillo, Margarita Vargas Rojas, Rosa Barra Cabañas, Rafael Cifuentes González, Marcelo Letelier Vargas, Carina Moraga Calderón, Manuel Carreño Hernández, Luis Toro Canales, María Vargas Cahuere, Lidia Cornejo Vargas, Guadalupe Paredes Lorca, María Arias Pérez, José González Quinteros, Juan Carlos Molina Jeria, Ermina Sánchez San Martín, María Adasme Mejías, Juan Lara Céspedes, Bernarda Rojas Caniulao, Luisa Llanca Lizana, Marta González Escobar, Emi Heresmann Rubio, Verónica Bedroni Martínez, Sylvia González Salazar, María Morales Hormazábal, Jaime Cerda Aros, Patricio Galarce Galaz, Viviana Becerra Miranda, Rosa Ormazábal Ponce, Patricia Navarro Arrieta, Ana Valenzuela Quiero, María Abarca Vargas, Mario Palma Novoa, Ana Cornejo Rubio, Valericio Valdivia Astorga, Idelia Campo Galaz, Mónica Pino Vargas, María Navarro Liberona, Ximena Polanco González, Armando Cajas Lara, Inés Ramírez Moreno, Rosa González Marín, Rosa Toledo Chasque, Flor Sarmiento Parraguez, Marcel Charrier Gallinato, Liliana Cornejo Tobar, Iván Contreras Pino, Luis Vidal Calderón, María Azua Calderón, Jorge Donoso Donoso, Hernán Aristía Castro, María Aránguiz Contreras, Raúl Jorquera Pavez, Berta Vargas Faúndez, Guadalupe Busto Celis, Berta Pavez Ortiz, Martina Jiménez Martínez, Eduvina Calderón Rodríguez, Gonzalo Salineros Álvarez, Luis Huerta Vargas, Edith Gallardo Vargas, Óscar Infante Alfonso, Jorge Román Arancibia, María Villar Pavez, Rut Morales Acevedo, Laura Jorquera Lizana, María Polanco Galarce, Víctor Rojas González, Manuel Aguirre Cornejo, Jorge Nahuelquin Maurilla, Graciela Abarca González, Paulina Álvarez Figueroa, Antón Pogue, Julio Vargas Bustos, Roxana Yáñez González, y Paulina Álvarez Figueroa. Esta lista, junto a unas veinte personas más que tenían su situación regularizada, fue entregada a Contraloría por el concejal Hugo Toro Galaz.
Algunos de los aludidos en la denuncia de Toro señalaron a “El Marino” que no tienen ningún alojamiento turístico, y aquellos que tienen, que en realidad tienen todo al día, acusando “ignorancia” por parte del edil. Varios de los denunciados son personas de escasos recursos que arriendan sus casas o piezas durante la temporada.
En todo caso, en una nota que publicamos en enero pasado, recogimos los dichos de Hugo Toro Galaz a la Radio Somos Pichilemu, en que señala que la denuncia va contra “cuarenta y tres establecimientos comerciales que no tienen patentes, recepción final, por ende no pagan nada”. En realidad, como se indicó previamente, fueron más de 140 los denunciados por Toro.
“Esto [la denuncia a Contraloría] resulta que ha dado, ha dado pie para que el señor Alcalde se desquite conmigo en todo. […] Por lo tanto el alcalde está mintiendo, fuera de unos sabuesos que tienen ahí en inspección, porque cuando yo voy para allá se hacen como amigos míos”, dijo en esa oportunidad, añadiendo que entiende “en parte a algunos [funcionarios municipales] porque están cuidando su pega, pero se ha prestado pa’ comentarios, pero la gente más contenta es la gente que paga […] y esa gente reclamaba, oiga don Hugo, ¿por qué yo pago y ellos no pagan?”.
Hugo Toro señaló al medio dirigido por Jorge Vargas González, el exalcalde condenado por cohecho, que la situación se “arrastra por años”, y que se realizaron sumarios a algunos funcionarios del municipio. En ese sentido, cuestionó al alcalde Córdova, exconcejal de la comuna encargado de estructura: “¿qué hizo durante los años que estuvo de concejal, fiscalizó a alguien? Yo creo que nunca”, dijo Toro. “Hay gente rica, y lo vuelvo a decir, que no ha pagado por años, en cambio la gente que tiene una pieza, una casa, a esos les persiguen, para eso son capaces los funcionarios municipales, para eso tienen valentía, para eso sacan pecho, pero cuando tienen que controlar a los ricos no son capaz, se les caen los pantalones”, concluyó.
¿De dónde obtuvo esa información Hugo Toro?
El concejal Hugo Toro Galaz solicitó el 27 de septiembre de 2013, por ley de transparencia, “informe de la situación legal en cuanto a permisos de construcción y recepciones finales de obras de todos los conjuntos turísticos, comerciales, que existen desde el número 2900 de la calle Comercio, correspondiente al Conjunto Turístico Dunamar hasta el final de la localidad de Punta de Lobos incluyendo los comercios turísticos de las calles”. Además, “patentes comerciales de todos los establecimientos ubicados en la zona indicada anteriormente (construcción que se está realizando en Punta de Lobos, permisos, de dónde sacaron agua para hacer la construcción; 2 casas que están al lado de la playa abajo del estacionamiento (permisos de construcción)”. También, “listado de patentes comerciales, correspondiente al rubro de arriendo de cabañas, casas y a fines (sic) que se encuentren impagas, además de listado de las que se encuentran funcionando de forma irregular, debido a que no cumplen con los requisitos para la obtención de la patente”. El documento está firmado por Toro.
Posteriormente, el 18 de diciembre de 2013, Toro ingresó a la Oficina de Partes de la municipalidad una carta dirigida al alcalde Roberto Córdova, que señala lo siguiente:
“El 27 de septiembre pasado solicité a usted acceso a la información por la Ley de Transparencia N° 20.285, por todos los establecimientos comerciales (Cabañas de Turismo, restaurantes, comercio en general, escuela de Surf, etc, información relacionada exclusivamente con: Permisos de Construcción, Recepciones finales, Patentes Definitivas enroladas de todas las construcciones que existen desde el Dunamar hasta el final del Camino a Punta de Lobos.
Su respuesta del 23 de octubre 2013 me parece excesivamente confusa y distorcionadora (sic) en relación a lo solicitado por el suscrito. Por tanto, le adjunta ahora yo listado de 30 construcciones existentes y omitidas por usted, para que por “Ley de Transparencia” me haga llegar copias debidamente autorizadas por la Secretaría Municipal de:
1. Permisos de Construcción
2. Recepciones Finales
3. Patentes definitivas enroladas
Por otro lado, me parece de la mayor gravedad que usted me haya hecho llegar listado de arriendo de casas, que funcionaron con patentes provisorias donde varias de ellas son en realidad complejos turísticos y se repiten por años las patentes provisorias lo que usted sabe es ilegal.
En todo caso, ya que usted me envió listado de arriendo de casas, con esas patentes provisorias de arriendo de verano que son usadas todo el año, le solicito también que de acuerdo a la Ley de Transparencia me haga llegar de las 143 propiedades indicadas, los permisos de construcción de cada una de ellas y su correspondiente Recepción Final.
Por último, de los antecedentes que usted me envió, nada me sirve ya que no me remitió ninguna Recepción Final, agregó también Permisos de Anteproyectos que tampoco me sirven en este caso.
Como todo esto me parece de la mayor gravedad, haré llegar todos estos antecedentes a la Contraloría General de la República.
Atentamente,
(FIRMADO)
Hugo Toro Galaz
Concejal Comuna de Pichilemu”
En memorándum N° 58, del 30 de diciembre de 2013, dirigido al alcalde Roberto Córdova Carreño, Hugo Toro solicita “Copia del Permiso Municipal para funcionamiento de Escuela de Surf a nombre de Juan Carreño Lorca RUT N° (tachado) del mes de diciembre de 2013 para funcionamiento durante la temporada estival 2014, el cual a mi parecer se encuentra mal otorgado. Lo anterior solicitado por este medio, para no pedirlo por la Ley de Transparencia”.
En memorándum N° 34, del 5 de agosto de 2013, Toro pide al alcalde Córdova “listado de patentes comerciales, correspondiente al rubro de arriendo de cabañas, casas y a fines (sic) que se encuentren impagas, además de listado de las que se encuentran funcionando de forma irregular, debido a que no cumplen con los requisitos para la obtención de la patente”.
