Diputado Espejo solicitó al Gobierno activar agenda anticolusión

Espejo Cespedes PilowskyEl Diputado Sergio Espejo llegó hasta el despacho del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a su par Jaime Pilowsky, para pedir a la autoridad que la agenda anticolusión se reactive antes del próximo 21 de mayo. “En medio de un clima de desconfianza generalizada, es deber del Estado aumentar sanciones contra quienes se coluden”, dijo Espejo tras reunirse con Céspedes.

La agenda debiera contener tres focos, según explicaron los diputados. Primero, que la legislación en Chile aumente las sanciones o, al menos, establezca multas proporcionales al daño. En este sentido, puso como ejemplo que mientras las ganancias a raíz de la colusión en la industria avícola superaron los US$1.500 millones, las sanciones bordean los cien millones de dólares.

“Si en Chile tuviéramos una legislación como la de Estados Unidos, varios altos ejecutivos de las farmacias, los pollos y las navieras estarían tras las rejas”. De esta forma graficó el Diputado DC Sergio Espejo la urgente necesidad de activar una agenda anticolusión que endurezca las sanciones contra quienes cometen este ilícito en el ámbito de la libre competencia, incluyendo penas de cárcel.

El legislador argumentó que este tipo de medidas “se hace más necesaria que nunca en medio del clima de desconfianza generalizado en nuestras instituciones. Es urgente poner fin a cualquier tipo de sospechas y uno de los flancos que como país aun tenemos abierto es el de las medidas para frenar la colusión de las empresas y los tremendos perjuicios que ocasionan precisamente a los más pobres”.

El segundo aspecto que debiera abordar el Ejecutivo, según Espejo, es establecer penas de cárcel para quienes incurran en este ilícito, como sí se aplica en Estados Unidos, por ejemplo.

A su vez, el diputado Pilowsky sostuvo que la legislación también debe incorporar mecanismos para el control de fusiones y, junto con ello, acelerar el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, para establecer los mecanismos que regulen las indemnizaciones a los ciudadanos que se vean afectados por una colusión.

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