Por Mauricio Pérez Araya
Rancagua , 06/06/07. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la destitución del alcalde de El Tabo, José Pérez García (UDI), quien estaba fuera de su cargo tras el fallo del Tribunal Electoral de la Quinta Región, que en mayo pasado lo suspendió bajo los cargos de faltas graves al principio probidad administrativa y notable abandono de deberes.
La acusación fue presentada en abril de 2006 por los concejales de la comuna Jaime Bravo (PS), Marco Núñez (PRSD), Emilio Jorquera (IND) y Fernando Sariego (DC).
Según confirmó el concejal Jaime Bravo, el Tricel nacional destituyó a Pérez en una votación de 3 votos a 2, la que se les habría notificado a los ediles acusadores ayer en las oficinas ubicadas en Teatinos 391, en Santiago.
«Hoy día la UDI junto con el alcalde Pérez se pueden retirar de la comuna definitivamente, en la que nunca en mi trayectoria política habían hecho tanto daño», explicó Bravo.
Además, el concejal dijo que en los próximas días se realizará la elección del que será el nuevo alcalde de El Tabo, pues hasta actúa en forma suplente el ex UDI, Emilio Jorquera Romero.
El dictamen del Tribunal Electoral Regional de abril pasado suspendió a José Pérez García por 3 votos a cero. Entre las irregularidades que le imputaban al ex jefe comunal existen cerca de 340 millones de pesos involucrados en los hechos que fueron investigados, dentro de los que destacan compras irregulares (vehículos, camiones, camionetas, contenedores y una serie de recursos del municipio) sin la autorización del concejo.
Además de cambios de proveedores, cambios en el presupuesto municipal pese a las indicaciones de Contraloría y que involucran montos por el 25 por ciento del presupuesto 2005, fondos que habían sido empleados en forma irregular.
Las acusaciones también se refieren a dejar sin efecto infracciones por construcciones irregulares y contratar a un hijo del concejal Evaristo Avilés, contraviniendo la Ley de Probidad Administrativa, informó Radio Digital FM.
En tanto Pichilemu aún espera el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la implicancia del alcalde Jorge Vargas en el caso Videos y Falso Testimonio con testigos incluidos.
