Tras la última sesión del Concejo Municipal, el concejal Marcelo Cabrera puso en duda la integridad administrativa de la Municipalidad de Pichilemu, exigiendo una auditoría externa urgente y denunciando «graves» faltas que van desde el uso indebido de licencias médicas hasta la entrega de información presupuestaria falsa.
Si bien la jornada del martes 7 de abril incluyó la aprobación de beneficios sociales —como la exención de derechos de aseo para 174 hogares—, el foco político se desplazó hacia la crisis de probidad que el edil expuso durante los puntos varios.
Cabrera fue enfático al solicitar que se concrete a la brevedad una revisión exhaustiva por parte de entes externos. «Existe la disposición para hacer una auditoría externa para ver la parte económica y administrativa», señaló, recordando que la gestión municipal debe rendir cuentas claras sobre recursos que pertenecen a toda la comunidad. Para el concejal, esta auditoría no es una opción, sino una respuesta necesaria a la exigencia ciudadana de transparencia para el ejercicio 2026.
La urgencia de esta auditoría se sustenta en tres denuncias críticas realizadas por el concejal. Cabrera denunció la existencia de funcionarios que habrían viajado al extranjero mientras se encontraban bajo licencia médica. Calificó estos hechos como un «fraude al fisco» y una «falsificación de instrumento», exigiendo que los sumarios administrativos avancen con rapidez para aplicar sanciones ejemplares por lo que considera un «abuso de poder».
Uno de los puntos más graves fue la denuncia sobre el Departamento de Finanzas. Según el edil, se ha entregado información «completamente tergiversada» sobre la realidad presupuestaria del periodo anterior, lo que motivó un sumario administrativo para determinar quiénes alteraron los datos financieros de la comuna. Para Cabrera, estas situaciones representan una falta administrativa y económica «muy grave» que empaña la gestión y requiere una limpieza profunda a través de la fiscalización externa.
Mientras el concejal Cabrera centraba su discurso en la fiscalización y la detección de irregularidades, la comunicación oficial del municipio se enfocó en los avances de la jornada: la presentación del presupuesto inicial 2026 para Salud, Educación y Municipalidad, además de proyectos de infraestructura como la nueva Oficina de Turismo y semaforización.
Cabe señalar que Cabrera no es el único que ha pedido una auditoría a la gestión municipal, tanto del actual alcalde Roberto Córdova como de su predecesor y delfín, Cristian Pozo. Primero fue la concejala Sofía Yávar, quien ejerció el puesto edilicio también durante la gestión de Pozo y que aprobó el presupuesto con déficit que ha cuestionado reiteradamente la gestión Córdova. También ha manifestado esta petición, en sesiones de concejo, el edil Aníbal Galarce. Por último, el concejal José Luis Cabrera, quien también ejerció el período Pozo, igualmente pidió auditoría a través de un memo.
