Un duro golpe al bolsillo de las familias chilenas comenzará a regir desde este jueves 26 de marzo, luego de que el gobierno del presidente José Antonio Kast concretara modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), desatando alzas que ya son calificadas como históricas.
Según proyecciones de la Comisión Nacional de Energía, el precio de la gasolina de 93 octanos subiría en torno a $370 por litro, mientras que el diésel —clave para el transporte y la producción— podría aumentar hasta $580 por litro. En la práctica, esto implica que los combustibles comenzarán a reflejar directamente las fluctuaciones del mercado internacional, dejando atrás el rol amortiguador que cumplía el Mepco.
La decisión del Ejecutivo ocurre en el peor momento posible: un creciente desabastecimiento de diésel ya golpea a diversas comunas de la región de O’Higgins. Localidades como Palmilla, Rancagua, Santa Cruz, Chimbarongo, Graneros, Las Cabras, Bucalemu y Lolol enfrentan quiebres de stock en estaciones de servicio, generando incertidumbre entre automovilistas, transportistas y productores.
El escenario es particularmente crítico para el mundo rural y agrícola, donde el diésel no es un lujo, sino una herramienta esencial. Transportistas y trabajadores del agro advierten que el alza no solo encarecerá sus operaciones, sino que inevitablemente se trasladará a los precios de alimentos y bienes básicos, profundizando el costo de la vida en regiones ya golpeadas por la inflación.
Desde el gobierno se ha defendido la medida argumentando la necesidad de reducir el gasto fiscal y “transparentar” los precios reales de los combustibles.
Sin embargo, expertos y actores del sector energético cuestionan la oportunidad y advierten que se trata de una decisión que traspasa el costo del ajuste directamente a las familias y a la economía productiva.
En la práctica, lo que se presenta como un ajuste técnico se traduce en un golpe directo a la clase media y a los sectores más vulnerables, especialmente en regiones como la nuestra, donde la dependencia del transporte es mayor y las alternativas son escasas.
La reposición de combustible sigue siendo incierta y depende de la normalización de la distribución. Autoridades locales aseguran que se mantiene un monitoreo constante, aunque no descartan que el desabastecimiento se intensifique en los próximos días.
Así, bajo el eslogan “trabajando para usted”, el gobierno enfrenta crecientes críticas por una medida que, lejos de aliviar la carga de las familias, amenaza con profundizar una crisis que ya se siente en las calles, en los campos y en los bolsillos de millones de chilenos.
