Los concejales de la comuna de Litueche, Vicente Matus y Sara Daza, emitieron una declaración pública para aclarar el estado del proceso presentado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra del exalcalde René Acuña Echeverría. La acción buscaba responsabilidades políticas tras un contundente informe de Contraloría, pero el caso no podrá seguir su curso legal debido a negligencias en su tramitación.
La presentación de los ediles se fundamentaba en la Resolución Exenta N° E10975/2025, emitida por la Contraloría Regional de O’Higgins el 2 de junio de 2025. En dicho documento, el ente fiscalizador dio por acreditada la responsabilidad administrativa del exjefe comunal, concluyendo que vulneró el principio de probidad al no abstenerse de contratar y nombrar en cargos municipales a una familiar.
Según el expediente de Contraloría, Acuña firmó contratos y decretos que beneficiaron a Francisca Carolina Jara Campos, con quien mantiene un vínculo de parentesco, ya que el padre del exalcalde es tío abuelo materno de la funcionaria. Jara Campos fue contratada como monitora del Programa «Vínculos» en 2022 y posteriormente nombrada como Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en dos ocasiones durante la administración de Acuña.
A través del comunicado difundido en la cuenta de Instagram del concejal Vicente Matus, junto a Daza enfatizó que la ofensiva legal en el TER «no responde a motivaciones personales ni políticas, sino al estricto cumplimiento de nuestro rol como autoridades fiscalizadoras». Además, señalaron que la omisión de sus deberes frente a los antecedentes formales de Contraloría habría significado un incumplimiento de sus propias funciones.
Sin embargo, los ediles confirmaron que la causa no prosperará por errores técnicos de su defensa. «Este caso en particular presentado por nosotros, no podrá seguir su curso, debido a la falta de profesionalismo por parte del abogado que nos representaba, al no dar curso a la publicación de los antecedentes en el diario oficial regional, solicitado por el tribunal electoral regional», explicaron de manera textual.
Finalmente, frente a la difusión inicial del caso por nuestro medio, las autoridades comunales reiteraron a la ciudadanía que su actuar siempre ha buscado «resguardar la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de la institucionalidad pública, principios esenciales para fortalecer la confianza ciudadana».
