El eslogan del gobierno de José Antonio Kast promete cercanía: «trabajando para usted». Pero la realidad golpea con crudeza cuando las decisiones se toman de espaldas a las familias. La eliminación de facto del MEPCO, impulsada por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, no solo es una señal técnica equivocada: es una declaración política brutal. En medio de un escenario internacional complejo, el gobierno decide soltar el principal mecanismo de estabilización de los combustibles, traspasando el costo directamente a los ciudadanos.
Hablemos claro: esto significa un alza de $370 por litro en la bencina y de $580 en el diésel. No es un ajuste menor, es un golpe directo al bolsillo de millones de chilenos. Y como siempre, el impacto no se queda en el surtidor. Se traslada a todo: pan (+10%), arroz (+8%), verduras (+15%), carnes y lácteos (+10%). Llenar el auto costará unos $35.000 más. La cuenta del supermercado subirá en torno a $60.000. El transporte interurbano, otros $2.000 por viaje. Es la inflación golpeando desde abajo, con fuerza y sin anestesia.
Lo más indignante es que esta decisión no responde a una inevitabilidad económica, sino a una opción ideológica. En marzo de 2022, cuando el barril de petróleo alcanzaba los 117 dólares en pleno clímax de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Gabriel Boric optó por mantener el MEPCO. Hoy, con el barril en torno a los 102 dólares, el actual gobierno decide desmantelarlo. ¿Por qué? No porque no haya alternativa, sino porque necesita recursos para financiar su verdadera prioridad: bajar impuestos a los más ricos.
Porque mientras se encarece la vida de la mayoría, el gobierno impulsa rebajas al impuesto corporativo y a la herencia. Es decir, menos carga para el 1% y más carga para todos los demás. El relato de que «no hay plata en el MEPCO» es, simplemente, falso. El mecanismo no es un fondo que se agota: es un sistema de compensación que ajusta la recaudación. Pero si se quiere recaudar menos por impuestos a las grandes empresas, entonces hay que sacar la plata de algún lado. Y ese «algún lado» son las familias chilenas.
El llamado «gobierno de emergencia», ese que venía a rescatar a un «Chile que se cae a pedazos», hoy opta por profundizar la caída. Y lo hace, además, en paralelo a una estrategia política evidente: instalar la idea de que el gobierno anterior fue un desastre económico, mediante auditorías dudosas y ataques permanentes a la gestión de Gabriel Boric. No se trata de corregir errores, sino de destruir cualquier posibilidad futura. Gobernar mirando la próxima elección, no la próxima semana.
Hasta el 11 de marzo, todo era culpa del pasado. Hoy, las decisiones son propias. Y sería inaceptable que mañana intenten culpar a factores externos, cuando el propio Presidente viaja a alinearse con actores internacionales que inciden directamente en el precio del petróleo. La incoherencia no solo es evidente: es insultante.
Chile necesita responsabilidad, no dogmas. Necesita un gobierno que proteja a su gente en tiempos difíciles, no que utilice la crisis para imponer su agenda ideológica. El MEPCO no era perfecto, pero era un escudo. Hoy ese escudo se rompe, y quienes pagan los pedazos son los ciudadanos.
Si esto es «trabajar para usted», entonces la pregunta es inevitable: ¿para quién gobiernan realmente?
