El Tribunal Electoral Regional de O’Higgins emitió una sentencia respecto al requerimiento de remoción en contra de la concejala de Graneros, Thae Ignacia Francisca Loíza Galaz, en el marco de una acusación por faltas graves a la probidad administrativa, tras descubrirse que la autoridad justificaba sus inasistencias a las sesiones del Concejo Municipal utilizando certificados médicos falsificados. Como sanción, se solicitó su remoción del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cinco años. Esta acción fue solicitada formalmente por el alcalde de la comuna de Graneros, Juan Marcelo Miñañir Matus.
El modus operandi: Certificados «fantasma»
El caso quedó al descubierto a mediados del año pasado cuando, el 30 de mayo de 2025, la concejala Loíza remitió a la Secretaría Municipal un certificado médico atribuido al Dr. Edison Alfredo Salazar Ortiz, con el objetivo de justificar su inasistencia a la sesión del 20 de mayo. Al verificarse los antecedentes del médico en los registros, el municipio se encontró con la sorpresa de que el facultativo había fallecido con anterioridad. Este hallazgo motivó una revisión exhaustiva del historial de la concejala, cuya investigación interna arrojó la presentación reiterada de documentos médicos atribuidos al mismo doctor en diversas fechas posteriores a su deceso.
Durante las indagatorias, se determinó que la concejala presentó un total de trece certificados falsos a la Ilustre Municipalidad de Graneros. El propósito de estos documentos fraudulentos era evitar los descuentos por inasistencia y así percibir de forma íntegra su dieta mensual, equivalente a 15,5 UTM. Sumado a esto, las pericias policiales posteriores también detectaron la existencia de otros certificados ideológicamente falsos emitidos a nombre de un segundo profesional de la salud, el Dr. Carlos Elías Proaño Landin.
Arista penal e intervenciones de la PDI
La contundencia de los antecedentes obligó a derivar los hechos al Ministerio Público, quedando la indagatoria radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua. En la arista penal del caso se produjeron importantes avances procesales. Primero, la Policía de Investigaciones (PDI) procedió a la incautación de los certificados médicos cuestionados para su análisis. Posteriormente, el 11 de agosto de 2025, el tribunal de garantía respectivo llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación en contra de la concejala Loíza Galaz. La red de falsificación también alcanzó a otros profesionales, puesto que meses más tarde, el 13 de octubre de 2025, fue formalizada la enfermera Fernanda Godoy Callado por su participación en los hechos.
Pese a que, durante la etapa de absolución de posiciones en el Tribunal Electoral, la concejala negó haber incurrido en faltas a la probidad y rechazó tajantemente las acusaciones de haber percibido fondos de manera indebida, las pruebas documentales y los informes policiales resultaron abrumadores para el tribunal. Loíza puede recurrir de apelación ante la última instancia, el Tribunal Calificador de Elecciones.
