Hay semanas en que la contingencia local parece escrita por un mismo guionista. En pocos días, el alcalde de Navidad, Yanko Blumen, y el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, coincidieron en un diagnóstico idéntico: el problema no serían los hechos que los tienen como protagonistas, sino quien los cuenta. El blanco elegido fue El Marino. La receta es conocida: si la noticia incomoda, dispare contra el mensajero.
En el caso de Blumen, lo informado fue la presentación de una acusación por notable abandono de deberes formulada por tres concejales. En el de Contreras, la noticia dio cuenta de una sanción de suspensión en su cargo por faltas a la probidad. Hechos distintos, una reacción común: cuestionar al medio que publica información que afecta su reputación, como si el termómetro fuese responsable de la fiebre.
La escena se vuelve más pintoresca con el argumento adicional del alcalde de Chimbarongo: “me parece extraño que la información aparezca primero en un medio de comunicación, antes de que yo sea notificado por el Tricel”. Extrañeza comprensible… si no fuera porque los fallos y sus antecedentes son de acceso público en el sitio del Tribunal Calificador de Elecciones. En otras palabras, no es que la noticia “aparezca” misteriosamente: está disponible para cualquier ciudadano con conexión a internet. Si ese dato básico sorprende a quien dirige su municipio desde diciembre de 2016, cabe preguntarse —con la mejor de las ironías— qué otros aspectos del funcionamiento de su propia institución podrían resultarle novedosos.
A la crítica al medio se suma un segundo recurso: insinuar motivaciones ocultas. En un caso, se sugiere una confabulación política; en el otro, se intenta vincular la cobertura con rivales como el diputado Cosme Mellado. Es una estrategia eficaz para cambiar el foco: del contenido verificable a la sospecha difusa. Pero en democracia, la credibilidad no se construye descalificando al que informa, sino respondiendo por los actos propios con datos, argumentos y, si corresponde, responsabilidades.
Ya lo advertía el prócer de la prócer patrio y fundador de la Aurora de Chile, Camilo Henríquez: “¿Qué bienes resultan de la libertad de imprenta? El denunciar al público todos los abusos. El propagar las buenas ideas. El intimidar a los malos. […] En fin, el extender los conocimientos humanos. ¿Por qué se eternizaron los abusos en el antiguo sistema? Por la ignorancia ocasionada de no haber imprenta libre”. Difícil luchar por menos, dos siglos después.
El periodismo —cuando cumple su función— incomoda por definición: observa, verifica y publica. Y la vida pública —cuando se asume con seriedad— exige algo igual de simple: rendir cuentas. Atacar al mensajero y zancudear las propias responsabilidades puede ofrecer un alivio momentáneo; lo que no hace es cambiar los documentos, ni las resoluciones, ni la realidad que los origina.
Porque, al final del día, las noticias que hoy molestan no nacieron en una sala de redacción. Nacieron en decisiones, procedimientos y fallos oficiales. A veces, también, en errores y malas decisiones tomadas por aquellos mismos que cuestionan y preferirían ocultar sus faltas. Están firmadas, son públicas y están a la vista. Y por más que se zancudee, los hechos permanecen y la verdad siempre se impone.
