Autoridades regionales y provinciales, junto a Carabineros, realizaron una fiscalización en el acceso a la playa Las Cruces, en la comuna de Paredones, con el objetivo de resguardar el derecho de libre acceso al borde costero y garantizar el tránsito de pescadores y turistas. La acción se desarrolló tras diversas denuncias por obstaculización del ingreso al sector, en incumplimiento de la normativa vigente establecida en la resolución N°534 de octubre de 2025.
Durante la jornada, y con el auxilio de la fuerza pública, se procedió a despejar los accesos que se encontraban bloqueados, permitiendo restablecer el ingreso a este bien nacional de uso público.
En la fiscalización participaron la delegada presidencial provincial de Cardenal Caro, Josefina Toro; la seremi de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, Romina Olguín; y el seremi de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez, quienes señalaron que el operativo responde a la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de la ley y el acceso libre y seguro a las playas.
La delegada presidencial provincial indicó que esta acción forma parte del proceso de fijación de accesos públicos en la región, el cual busca garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a acceder al borde costero. En tanto, desde la cartera de Seguridad Pública se explicó que el auxilio de la fuerza pública fue solicitado para dar cumplimiento efectivo a la resolución administrativa que establece el libre tránsito hacia el sector.
Por su parte, desde la Seremi de Bienes Nacionales se informó que este acceso ha sido fiscalizado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, constatándose cierres indebidos, motivo por el cual se reforzaron las acciones de supervisión durante el período estival.
El auxilio de la fuerza pública es una herramienta legal que permite a la autoridad administrativa solicitar el apoyo de Carabineros u otras fuerzas de orden para hacer cumplir resoluciones válidamente dictadas, cuando existe resistencia u obstaculización al ejercicio de un derecho garantizado por la ley. En este caso, su finalidad fue asegurar el acceso libre y seguro a un bien nacional de uso público. De manera complementaria, los antecedentes recopilados a partir de las denuncias por impedimento de ingreso serán remitidos al Juzgado de Policía Local correspondiente, con el fin de que se evalúe la eventual aplicación de sanciones, las que pueden fluctuar entre 10 y 100 UTM, según lo determine la autoridad competente.
A nivel regional, el trabajo de fiscalización y fijación de accesos a playas se ha desarrollado de manera permanente y coordinada, registrándose un aumento superior al 25% en comparación con períodos anteriores. Estas acciones buscan fortalecer la garantía legal del uso común del borde costero y fomentar la denuncia ciudadana ante cierres o restricciones indebidas de acceso.
Desde Bienes Nacionales reiteraron el llamado a denunciar accesos bloqueados a través de los canales oficiales, como el sitio web institucional, las Delegaciones Presidenciales, Carabineros, municipalidades y los Juzgados de Policía Local.
