La política siempre ha convivido con la exageración, el cálculo y la omisión. Sin embargo, en los últimos años hemos cruzado una frontera más peligrosa: la mentira dejó de ser un desliz ocasional para transformarse en una estrategia deliberada. La llamada posverdad —esa práctica donde los hechos objetivos pesan menos que las emociones o los relatos convenientes— se ha instalado como una forma aceptada de hacer política, con consecuencias profundas para la democracia.
El fenómeno no es local ni aislado. A nivel internacional, uno de los ejemplos más evidentes es el de Donald Trump, quien hizo de la distorsión sistemática de la realidad una forma de gobernar. Desde negar resultados electorales hasta instalar teorías conspirativas desmentidas por organismos oficiales, su liderazgo demostró que la repetición constante de una falsedad, acompañada de un discurso emocional y confrontacional, puede ser políticamente rentable. La posverdad no necesita pruebas: necesita convicción y un público dispuesto a creer.
Este patrón también se reproduce, a menor escala, en la política local. Un ejemplo reciente es el debate en torno al nuevo Hospital de Pichilemu, donde un cambio general de nomenclatura en la normativa del Ministerio de Salud fue presentado como un aumento de complejidad del recinto, pese a que los propios documentos oficiales lo desmienten. No se trata de un detalle técnico ni de una diferencia de interpretación, sino de la persistencia en un relato que contradice los hechos y que se mantiene por su utilidad política, no por su veracidad.
Lo verdaderamente preocupante no es solo la existencia de estas afirmaciones falsas, sino su reiteración consciente. Cuando la mentira se repite, se busca desgastar la noción misma de verdad y sembrar la idea de que todo es relativo, que los hechos son opinables y que la información oficial vale lo mismo que un eslogan. En ese terreno, la ciudadanía termina confundida, fatigada o desconfiada de todo.
La normalización de la posverdad tiene un costo profundo. Erosiona la confianza en las instituciones, empobrece el debate público y trivializa problemas reales que requieren soluciones serias. Cuando la política se reduce a la construcción de relatos convenientes, deja de ser un espacio para enfrentar la realidad y transformarla, y pasa a ser un ejercicio de manipulación comunicacional.
Frente a este escenario, la responsabilidad recae tanto en quienes ejercen cargos públicos como en la ciudadanía. A las autoridades se les debe exigir honestidad, rigor y respeto por los hechos. Y como sociedad, no podemos resignarnos a aceptar la mentira como una herramienta legítima del poder. La verdad puede ser incómoda y poco rentable en el corto plazo, pero sigue siendo el único cimiento posible para una política que aspire a servir, y no a engañar.
