Vecinos y dirigentes del sector de Cáhuil viajaron hasta Santiago para reunirse con autoridades de la Subsecretaría de Bienes Nacionales y exigir una solución definitiva al conflicto territorial que mantiene cerrado desde hace más de un año el estacionamiento y la feria artesanal ubicados en el acceso norte del puente. La situación ha generado graves consecuencias económicas para los emprendedores, boteros, artesanos y comerciantes que dependían de ese espacio para funcionar durante todo el año.
El presidente de la Junta de Vecinos de Cáhuil, Pablo Martínez Quinteros, explicó que el origen del conflicto se debe a que una familia particular asegura ser propietaria de una franja de terreno que históricamente ha sido utilizada como espacio fiscal. Esa disputa ha derivado en acciones legales, cierre de accesos, suspensión de patentes municipales y la imposibilidad de trabajar para más de una veintena de feriantes y operadores locales. Según relataron, durante veinte años la comunidad utilizó ese lugar sin inconvenientes, hasta que la superposición de títulos abrió una controversia que dejó al sector paralizado.
Martínez sostiene que la incertidumbre ha golpeado duramente a la economía local, especialmente porque Cáhuil depende del turismo, la gastronomía, la artesanía y la actividad recreativa vinculada a la laguna. El cierre del estacionamiento ha desviado a los visitantes, mientras que la feria artesanal permanece completamente inactiva, afectando a las familias que obtenían allí su principal sustento.
Durante la reunión en la capital, Bienes Nacionales se comprometió a revisar los antecedentes, mientras el Consejo de Defensa del Estado continúa analizando la validez de los títulos presentados por la familia reclamante. Los vecinos esperan una respuesta dentro del plazo fijado para este mes y confían en que el Estado restablezca su derecho a ocupar el terreno, permitiendo recuperar uno de los polos turísticos más importantes de la zona. Martínez señaló que “la comunidad ya no puede seguir esperando”.
