Una denuncia sacude al sistema de protección infantil en la región de O’Higgins. Juan Manuel, un padre que fue separado de su hijo tras una falsa acusación de abuso sexual, ha presentado una querella contra el Programa de Reparación al Maltrato (PRM) de Pichilemu, perteneciente a la Corporación Acogida, acusando falsificación de documentos, negligencia profesional y graves errores en informes que fueron clave en su separación del menor, informó El Tipógrafo.
“Me robaron a mi hijo y el Estado no se hace cargo”, dice Juan Manuel, quien asegura haber sido víctima de una injusticia que comenzó en 2018 con obstáculos sistemáticos para ver a su hijo, y culminó en 2023 con una denuncia infundada que lo excluyó por completo de la vida del niño.
Según el relato del padre, los informes elaborados por el PRM fueron confeccionados sin entrevistar al menor ni realizar exámenes médicos. Aún más grave, afirma que contenían errores de identidad, incluyendo menciones a otros menores y situaciones no relacionadas con su caso. “Aparece una niña que presuntamente tiene daño grave”, señala, evidenciando lo que califica como un “copy-paste” de otros casos.
Juan Manuel cuestiona también la falta de rigurosidad del equipo profesional del PRM, indicando que los informes omitieron antecedentes médicos relevantes sobre una operación de fimosis de su hijo y los cuidados posteriores que él mismo brindó. “Jamás se reconoció la falta de higiene de la madre, que fue documentada médicamente”, afirma.
La querella, presentada recientemente, apunta a la responsabilidad directa de quienes elaboraron los informes. “Estos documentos tienen un rol crucial ante los jueces de familia. Los PRM actúan como una suerte de consejeros del tribunal, por lo que la información que entregan puede determinar el destino de un niño y de una familia”, recalca.
Juan Manuel sostiene que la denuncia falsa fue utilizada por su expareja para apartarlo del niño, construyendo una imagen de “padre maltratador y abusador” sin sustento. “Se conformaron con el relato de ella, sin contraste, sin pruebas. Ella era la madre protectora, yo el villano”, explica.
La acción judicial busca, según él, no solo su reparación personal, sino también un cambio estructural: “Estas personas no pueden seguir trabajando con niños. Han demostrado falta de ética y profesionalismo. Pido que sean inhabilitadas de cualquier cargo público vinculado a infancia”.
El caso ha generado inquietud entre organizaciones de padres separados y expertos en infancia, quienes advierten sobre la necesidad urgente de revisar los procedimientos y estándares de los PRM en el país.
“Todos repudiamos el abuso sexual infantil, eso es indiscutible. Pero cuando se manipulan los mecanismos del sistema para validar falsas denuncias, los más afectados son los niños. Yo no quiero que otros padres pasen por este calvario”, concluye Juan Manuel.
