La Contraloría Regional de O’Higgins reveló una serie de graves deficiencias en la gestión financiera de la Municipalidad de Santa Cruz, luego de realizar una auditoría al cierre del ejercicio presupuestario 2023. El informe final N° 683/2024, emitido el 27 de diciembre pasado, identificó múltiples incumplimientos normativos y discrepancias contables que comprometen el uso de recursos públicos.
Uno de los hallazgos más críticos del documento es la baja tasa de recuperación de ingresos devengados: de los más de $2.900 millones que el municipio debía percibir al 31 de diciembre, solo recaudó $125 millones, es decir, apenas un 4,31%. Esta cifra representa una caída sustancial respecto al 11,67% registrado en 2022 y vulnera diversas disposiciones legales, lo que obligará a la casa edilicia a iniciar sumarios administrativos para esclarecer eventuales responsabilidades.
Además, el informe detectó una diferencia no justificada de $176 millones entre los saldos contables de ingresos (como patentes comerciales, derechos de aseo y multas) y los análisis de cuentas correspondientes. A esto se suma la existencia de deudas morosas por más de $573 millones con más de cinco años de antigüedad, las que, según la normativa, deben ser presentadas al concejo municipal para evaluar su castigo contable.
En el ámbito de los activos municipales, la Contraloría encontró una diferencia de $992 millones entre los bienes inmuebles registrados por la municipalidad y los que figuran en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Incluso, se descubrieron propiedades mal clasificadas como “sitios eriazos” que en realidad funcionan como escuelas, sedes vecinales o canchas deportivas.
Respecto del parque vehicular, se constató una diferencia superior a los $95 millones, incluyendo vehículos no registrados en el inventario municipal ni en el Registro Civil, y otros que figuran en los balances pero que no están respaldados por documentación.
Frente a este panorama, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Santa Cruz realizar los ajustes contables correspondientes, entregar la documentación respaldatoria en plazos que van entre 15 y 60 días hábiles, y abrir procedimientos internos para determinar responsabilidades administrativas.
El informe completo se encuentra disponible en el sitio web de la Contraloría General de la República bajo el número de auditoría 683/2024, informó El Cóndor.
