Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha desatado un verdadero escándalo nacional, al revelar que más de 25 mil funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con recursos estatales habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta situación, que pone en entredicho el uso correcto de los recursos públicos, fue detectada gracias a un nuevo sistema de fiscalización implementado por la entidad, el Consolidado de Información Circularizada (CIC), que permite cruzar datos entre distintas instituciones en corto tiempo.
El mecanismo permitió a la Contraloría acceder a los registros de entradas y salidas del país proporcionados por la Policía de Investigaciones, los que fueron comparados con más de cinco millones de licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social. El resultado fue alarmante: se identificaron más de 35 mil licencias médicas que podrían haber sido utilizadas de manera irregular, ya que los funcionarios realizaron viajes al extranjero en pleno periodo de reposo.
Entre los organismos con mayor número de casos se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias irregulares, y la Fundación Integra, con 1.934. También figuran en el listado la Municipalidad de Arica, con 719; la Corporación Municipal de Desarrollo Regional de Iquique, con 515; y la Municipalidad de Puerto Montt, con 483 casos. Incluso se identificó un caso particularmente grave: un funcionario del área de la salud que se otorgó a sí mismo una licencia médica y viajó al extranjero durante ese periodo.
Las regiones con mayor cantidad de entradas y salidas de funcionarios en licencia médica son la Región Metropolitana, Arica y Parinacota, y Magallanes, concentrando entre las tres más del 70% de los movimientos detectados. El informe también revela que la mayor parte de estos viajes ocurrieron durante el último cuatrimestre del año, es decir, entre septiembre y diciembre.
A nivel local, la situación también generó reacciones. El alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit, informó este viernes que recibió una nómina con nombres de funcionarios municipales involucrados en estas prácticas y anunció que ordenará investigaciones sumarias o sumarios administrativos para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Una medida similar fue anunciada por el alcalde de Paredones, Antonio Carvacho Vargas. En Peralillo se comunicó: «Se han identificado 10 casos a nivel local de mal uso de licencias médicas para viajes al extranjero, los que corresponden al área de Salud, Educación y Municipal, por lo que se iniciarán los procedimientos y medidas pertinentes».
Según la normativa vigente, la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud. Este instrumento no solo autoriza el reposo, sino que también otorga derecho a subsidio o remuneración. La normativa es clara en establecer que, si se incumple el reposo prescrito, la licencia puede ser rechazada o invalidada.
El informe de Contraloría ha tenido un fuerte impacto político, sobre todo en el contexto de la campaña presidencial. Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, calificó la situación como un fraude y un abuso, y señaló que deben instruirse sumarios para sancionar tanto a los trabajadores como a los médicos involucrados en la emisión de licencias falsas. En tanto, la abanderada oficialista, Carolina Tohá, declaró que se trata de un fraude social y que en su eventual gobierno se enfrentará con decisión este tipo de prácticas, especialmente al interior del Estado.
Diversos parlamentarios han anunciado que llevarán los antecedentes ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, solicitando que se investigue a fondo y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
