La Contraloría General de la República dio a conocer recientemente los resultados de una auditoría realizada a nivel nacional con el objetivo de fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos en el periodo previo a las elecciones de octubre de 2024. Esta fiscalización abarcó a decenas de municipios del país, y tuvo como propósito principal verificar que los gastos, transferencias y uso de bienes públicos se ajustaran estrictamente a la normativa vigente, sin ser utilizados para fines político-electorales.
Dentro de este plan nacional, se examinó el funcionamiento de la Municipalidad de Nancagua entre los meses de enero y septiembre de 2024. El informe final N° 776-2024, elaborado por la Unidad Regional de la Contraloría en O’Higgins, reveló una serie de observaciones sobre el manejo administrativo y financiero del municipio, durante la alcaldía de Mario Bustamante Salinas.
Uno de los puntos más relevantes detectados fue la contratación del servicio de mantención de áreas verdes a través de trato directo, luego de que fracasaran tres procesos de licitación pública —dos de ellos declarados desiertos y uno inadmisible. En este contexto, el municipio contrató directamente el servicio por un monto de $195 millones, apelando a causales establecidas en la Ley de Compras Públicas. No obstante, la Contraloría advirtió que no existió una justificación suficiente para esta modalidad, ni para su renovación mensual, por lo que el procedimiento no se ajusta plenamente a la normativa, y podría acarrear responsabilidades administrativas. Por ello, el municipio deberá iniciar un proceso disciplinario y enviar los antecedentes correspondientes en un plazo de 15 días hábiles.
Otra observación relevante es el pago de más de $44 millones a personal a honorarios, sin que se acreditaran debidamente las actividades realizadas mes a mes. La entidad fiscalizadora recordó que toda remuneración debe estar respaldada con documentación que justifique el cumplimiento efectivo de funciones, como informes de gestión, registros de actividades o evidencia documental. En este caso, la municipalidad tiene 30 días hábiles para remitir dichos respaldos, bajo apercibimiento de que se formulará un reparo si no se acredita lo exigido.
El informe también detectó el uso de vehículos municipales en días inhábiles sin la debida autorización formal del alcalde, lo que infringe la normativa que regula el uso de bienes fiscales. La Contraloría señaló que los móviles estatales sólo pueden ser utilizados en función del cumplimiento de tareas institucionales, por lo que instruyó la realización de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Por último, la entidad de control objetó el uso de redes sociales institucionales para difundir actividades municipales en las que se destacó de forma reiterada la imagen y nombre del alcalde Bustamante, particularmente en cuatro transmisiones realizadas el 27 de agosto de 2024. Este tipo de acciones, advirtió la Contraloría, podría constituir una infracción a las normas sobre uso de recursos públicos con fines personales o político-electorales. Por ello, exigió al municipio tomar medidas para evitar que esta práctica se repita y limitar la difusión institucional únicamente a actividades propias del quehacer municipal, sin personalizar la gestión en la figura del edil.
INFORME FINAL N°776-2024-MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA-AUDITORÍA A LOS GASTOS, AL USO DE RECURSOS Y A LAS TRANSFERENCIAS-DICIEMBRE 2024
