La apatía, la inacción y la indiferencia podrían convertirse en los aliados perfectos para el resurgimiento de la corrupción en Pichilemu. A medida que nos acercamos a las elecciones del 2024, el silencio ensordecedor de los seis concejales ante la conducta corrupta del exalcalde Roberto Córdova Carreño resulta desconcertante y profundamente preocupante para la integridad de la gestión pública en la comuna.
La Contraloría Regional emitió un fallo inequívoco en mayo, señalando las faltas a la probidad de Córdova, presentando pruebas contundentes sobre sus acciones incorrectas en el ejercicio de su cargo. Este fallo fue remitido al Concejo Municipal, donde yace desde entonces, sin que ninguno de los concejales haya tomado medidas concretas al respecto, habiendo pasado más de cinco meses desde la notificación de los hechos.
La responsabilidad política de estos seis ediles, independientemente de sus afiliaciones partidistas, no ha encontrado eco en acciones firmes. Esta falta de acción no solo refleja una pasividad inexcusable, sino que plantea la posibilidad de que, al no actuar, podrían estar permitiendo que un individuo sancionado por corrupción se postule nuevamente a la alcaldía en el 2024.
Es especialmente desconcertante ver cómo algunos concejales intentaron evadir su deber, buscando respuestas o consultas al Tribunal Electoral Regional en lugar de asumir su rol y actuar en consecuencia, como claramente lo establece la ley y la comunicación de la Contraloría. ¿Es acaso el desconocimiento de la ley un argumento válido para no tomar medidas claras y necesarias?
La resolución de la Contraloría no deja lugar a dudas. Subraya la responsabilidad de los concejales para solicitar la remoción de Córdova por su probada responsabilidad administrativa. La falta de patrocinio legal no es excusa para no cumplir con el deber legal y político de requerir la inhabilitación de Córdova.
El tiempo apremia. Hasta el 25 de noviembre del presente año, si es que hacemos una interpretación bastante liberal de la ley y el plazo que impone a los ediles, estos tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública, solicitando la inhabilitación del exalcalde. Si no actúan, podrían estar allanando el camino para que la corrupción se reinstale en Pichilemu.
Los ciudadanos pichileminos merecen líderes comprometidos con la ética y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La omisión de los concejales ante la probada corrupción del exalcalde no solo socava la confianza en la clase política, sino que también pone en riesgo el futuro de la comuna.
Es hora de que los seis concejales de Pichilemu cumplan con su deber legal y político. Deben actuar en favor de la transparencia y la probidad, velando por el bienestar y la integridad de su comunidad. El reloj avanza y con él, la responsabilidad de evitar que un individuo condenado por corrupción retorne al poder. La ciudadanía está atenta y espera acciones concretas que aseguren un futuro sin sombra de corrupción en Pichilemu.
