El Chile del 2023, pese a ser diametralmente opuesto al de los años 80´, sigue teniendo sus raíces en dicha época. La Constitución que nos rige actualmente -firmada en 1980 bajo la dictadura de Pinochet y modificada tras múltiples reformas- trajo a nuestro país el concepto de Estado Subsidiario, ligado al neoliberalismo y cuya génesis está en la Escuela de Chicago. Semejante forma de Estado, se configura bajo la consigna: “Quien puede pagarlo, gozará de ello. De no poder, el Estado proveerá solo si le corresponde absorber tal ítem.”
Un Estado con base en la subsidiariedad, no participará en actividades desarrolladas adecuadamente por particulares individuales o agrupados colectivamente. Solo lo hará en aquellas áreas donde los individuos no podrán hacerlo por sus limitaciones o en caso de existir una baja rentabilidad. Al ser profundamente rentables y no haber prohibiciones sobre intervenir en asuntos de primera necesidad, como alimentación, agua, electricidad y combustibles -pese a la importancia que reviste el estar al alcance de todos- el Estado no puede inmiscuirse en ellos por mandato Constitucional, detonando que solo tengan acceso quienes puedan pagarlos, aumentando cada vez más la brecha social y perpetuando así las desigualdades. Si se cortase esta raíz originada en un período antidemocrático, para reemplazarla con un Estado social y democrático de derecho, disminuirían las diferentes brechas existentes, materializando transversalmente mayores grados de justicia e igualdad social.
Cambiar la base del Estado no se traduce en demandar la existencia de -por nombrar algunos ejemplos- supermercados, bencineras o servicios de agua potable estatales para reemplazar a los ya existentes. La finalidad de dejar atrás la subsidiariedad, estriba en que a todas las personas les sea asegurado el acceso a bienes que son necesarios para alcanzar aspectos esenciales de la dignidad, tales como alimentación, salud, vivienda y educación, por nombrar algunos, evitando marginar a un porcentaje de la población por el simple hecho de no contar con recursos para costearlos. Al hacerlo, se permitiría al Estado tener un rol activo en facilitar -a través de instituciones privadas y estatales- nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y comunitario, garantizando los derechos sociales para todos los chilenos, sin discriminación alguna.
Javier Osorio O.
Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago
Estudiante de Derecho UAH
