Solo pasados cuarenta años de privación de libertad, o sea, al 20 de octubre de 2058, Arriaza podrá optar a un beneficio.
Cabe recordar que el homicidio del edil pichideguano tuvo lugar en octubre de 2018. Luego de un tiempo desaparecido, ya que había salido desde su casa a una reunión con un comité de vivienda, nunca llegó a esta. Los intentos de comunicación fueron infructuosos.
Su vehículo fue ubicado en el puente Codao, y en las cercanías estaba su cadáver.
Arriaza se habría reunido en ese lugar con Rojas, con quien sostuvo una discusión cuyo tono se fue elevando al punto en que el primero le propinó cinco puñaladas en la espalda y dos en el tórax, además de varios golpes en la cabeza, provocándole la muerte.
Le robó su celular, su chaqueta, entre otras especies e intentó quemar el vehículo, sin éxito, tras lo cual se dio a la fuga.
El tribunal también condenó por receptación de especies a Nicolás Garrido, a 100 días de presidio menor en su grado mínimo y a una multa de cinco unidades tributarias mensuales.
