El exalcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, será sometido a un procedimiento disciplinario por orden de la Contraloría Regional, tras detectarse una falta a la probidad al dictar un decreto en marzo pasado.
El documento cuestionado es el Decreto Alcaldicio N.° 746 del 18 de marzo, en que sobreseyó de responsabilidad administrativa al entonces jefe del departamento de Salud, Cristian Pozo, quien era en ese momento candidato a la alcaldía de la comuna.
La Contraloría pudo acreditar que el entonces mandamás Córdova mantenía en su perfil de Facebook imágenes favorables a la candidatura del exjefe de Salud, y además llamó a votar por él a través de programas radiales.
El órgano manifiesta que Córdova infringió el deber de abstención e incurrió en una falta a la probidad al firmar el decreto, ya que, de acuerdo a los incisos 1.° y 2.° del N.° 6 del artículo 62 de la Ley 18.575, contraviene el principio de probidad administrativa «intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal, así como participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, debiendo las autoridades y funcionarios abstenerse de participar en esas materias […]».
«La finalidad de la normativa […] es impedir que tomen parte en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos o materias aquellos servidores públicos, sean autoridades o no, que puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el ejercicio de su empleo o función, aún cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, para lo cual deberán cumplir con el referido deber de abstención», indica la Contraloría.
«Este organismo de control iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades» sobre la suscripción del decreto N.° 746, concluyó el órgano, aseverando que se trata de una observación altamente compleja, cuya acción correctiva será seguida por la Contraloría General.
Cabe señalar aclaratoriamente que el dictamen de la Contraloría no se refiere al sumario seguido en contra de Cristian Pozo, el que le sobreseyó de todos los cargos, sino que a la suscripción del decreto por parte de Córdova, aún cuando tenía conflicto de intereses.
