La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó ayer la resolución del Juzgado de Garantía de San Fernando y rechazó la solicitud de decretar prisión preventiva para un químico farmacéutico imputado por delitos contra la salud pública, tras adulterar las fechas de vencimiento de los medicamentos.
El fallo (rol 775-2015) emitido por la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Fernando Carreño Ortega, Carlos Farías Pino y el abogado integrante Carlos Moreno Sandoval- señala: “El Ministerio Público hace una relación de los hechos de la causa y los antecedentes con los que se cuenta, señalando que en la especie se reúnen los requisitos señalados en el artículo 140 del Código Procesal Penal, para decretar la prisión preventiva del imputado de que se trata, teniendo en especial consideración el hecho que se han imputado la comisión de dos delitos, a saber, el contemplado en el artículo 313 letra d) del Código Penal y aquel señalado en el artículo 3 en relación con el 7 de la Ley 20.000, por lo que pide se revoque la resolución apelada”.
La sentencia continúa indicando que: “La defensa señala que en la especie no existen antecedentes que hagan sostenible la formalización realizada por el Ministerio Público, respecto del delito contemplado en el artículo 3 en relación con el artículo 7 de la Ley 20.000, siendo sólo aplicable la sanción impuesta por la comisión del delito contemplado en el artículo 313 letra d) del Código Penal”.
Concluye el fallo “Atendido el mérito de los antecedentes, se confirma la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando en audiencia de fecha siete de diciembre del año en curso en sus autos RIT 4323-2015, en virtud de sus propios fundamentos”.
