En una reunión que se realizó esta mañana en dependencias del Departamento Provincial de Educación, que tuvo como participantes a la gobernadora de la provincia Teresa Núñez Cornejo, la seremi de educación Alyson Hadad Reyes, el director regional de la Superintendencia de Educación, Juan Ramón Godoy, y el director provincial de educación Darwin Navarro, se informó que el sostenedor del colegio Charly’s School de Pichilemu, Carlos Yáñez González, sólo tiene plazo hasta el 25 próximo para solucionar sus problemas con la normativa vigente o el colegio deberá cerrarse, ya que el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación le será revocado. De acuerdo a la norma, el sostenedor de un colegio debe contar con un recinto propio para funcionar o el arrendamiento de un inmueble por un plazo no inferior a cinco años, aspectos que el colegio Charly’s School por el momento no cumple.
A la reunión también asistieron el sostenedor, algunos apoderados, profesores, y una alumna, quien entre sollozos dijo que “(si se cierra el colegio) no me imagino el próximo año en el LARE (Liceo Agustín Ross Edwards), no me imagino en ese ambiente”.
Reacciones
Al término de la reunión, la Gobernadora de la Provincia Teresa Núñez Cornejo, indicó que “es muy importante y también conveniente que la ciudadanía sepa que este gobierno no ejerce ni ejercerá ningún tipo de persecución hacia ningún establecimiento educacional. Además que es responsabilidad única del sostenedor del colegio de garantizar una infraestructura adecuada para su funcionamiento y eso en cumplimiento de la ley vigente que exige entregar una educacion en ciertas condiciones”. Añadió que “es deber de la Superintendencia de Educación velar por el fiel cumplimiento de la normativa, sobretodo cuando estamos frente a un establecimiento que recibe subvención del Estado”.
“(El Charly’s School) ha recibido en los dos últimos años por concepto de subvención una suma no menor de 210 millones de pesos el año 2013 y 382 millones de pesos el año 2014 lo que suma un total solo en estos dos años, de 592 millones de pesos (cerca de un millón de dólares), recursos que provienen del Estado y que es deber del gobierno resguardar que sean bien utilizados, a lo que se debe sumar el copago que hacen los apoderados”, manifestó la autoridad provincial, quien además reiteró y descartó de plano que esta medida tenga que ver con la reforma educacional, porque hay una ley vigente, y también rechazó que haya una persecución a dicho establecimiento educacional “como se ha querido decir, ya que si así fuera, este colegio como he sido informada, hace mucho tiempo no debería estar funcionando”.
Por su parte, la seremi de Educación, Alyson Hadad, se manifestó conforme por la reunión, y señaló estar dando junto a las demás autoridades una “voz de calma para los padres, apoderados, asistentes de la educación, profesores, los alumnos”. La autoridad regional, además, señaló que “hemos sido muy enfáticos en aclarar los puntos, en aclarar de que está en manos del sostenedor que el colegio pueda seguir; nosotros hemos dado todas las facilidades para que realicen los trámites como corresponden (…) No podemos exponer a los niños a que mañana el contrato de arriendamiento termine y que sean lanzados a la calle”. Recalcó que “el sostenedor tiene en sus manos la posibilidad de resolver este problema administrativo”, y que éste “se ha comprometido a realizar todos los trámites necesarios”. Hadad finalizó pidiendo a la comunidad educativa del Charly’s School que “deben estar tranquilos, nosotros estamos muy involucrados con todo lo que está sucediendo, y que deben preocuparse sólo de que los niños estén tranquilos, que sigan con su vida lo más normal posible, ante todo esto que ha sido muy lamentable”.
Asimismo, el director provincial de Educación, Darwin Navarro, expuso que “lo bueno es que hay un mensaje de esperanza, de que se solucione por la vía jurídica y como corresponde, para dar la tranquilidad a la comunidad educativa del Charly’s School, un colegio con tradición y excelencia que ha tenido hasta el momento”. Respondió los dichos del sostenedor Carlos Yáñez, quien aseguró que las acciones tomadas en contra del colegio tendrían un trasfondo político, diciendo que “no (ha habido tal trasfondo), muy por el contrario, siempre ha habido apertura a solucionar los temas desde que llegamos acá, en esta nueva gestión, que se inicia el 21 de abril, han estado las puertas abiertas para solucionar los problemas, sin afán político, por el bien de todos”.
Finalmente, el sostenedor del controversial establecimiento, Carlos Omar Yáñez González, apuntó: “la verdad de las cosas que me voy con cierto grado de tranquilidad ya que las autoridades están llanas a que sigamos trabajando con calidad en esta zona (…) Nosotros hemos hecho todas las gestiones posibles para resolver lo que nos inhabilitaba”. Yáñez, además, manifestó sentirse agradecido por la “gran disposición de la autoridad” para “poner toda su capacidad técnica para que salgamos adelante”. Respecto a la propiedad en la que se ubica el colegio, y “los problemas que tienen sus dueños”, Yáñez manifestó que “hay algunas situaciones que están más allá de la voluntad de uno” y espera que “(la superintendencia) pueda esperar 10 o 15 días más después del plazo para poder presentar el documento que pueda faltar”. Finalizó señalando que “Ss vale la pena trabajar en esto, ellos nos han pedido que esto lo concreteticemos (sic), que no solamente sean palabras sino que esan hechos, así que hoy voy a ir a firmar un contrato con una familia en San Fernando (…) pero son dos contratos, y ya vamos a estar trabajando en eso”.
