En una acción repudiable, atentando contra la libertad de expresión, el diputado demócratacristiano Jorge Sabag, representante del distrito 42 (región del Biobío) sintió que los memes eran algo que había que regular, especialmente cuando el chiste era contra algún político. Por ello, ingresó al Congreso un proyecto que buscaba «salvaguardar la dignidad de las autoridades», prohibiendo amenazas o insultos a personajes como Presidentes de la República, parlamentarios y otros personeros de Gobierno, incluso en redes sociales y otros medios electrónicos, con penas desde los 541 días de presidio hasta los tres años y un día para los infractores.
El solo anuncio de esta reprochable moción provocó la ira en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde la defensa a favor de los memes fue unánime. Fue tanto el revuelo que causó, que Sabag se vio obligado a retirar el proyecto de ley, aduciendo que sus asesores fueron quien redactaron dicho documento. Los tuiteros entonces volcaron su ira hacia su poca idoneidad para ejercer como parlamentario. ¿Es realmente creíble que no haya revisado el proyecto antes de presentarlo? Improbable.
Lo cierto es que (quizás sin preverlo) Sabag terminó siendo objeto de burlas por su inapropiada acción. Cientos de memes fueron difundidos en sitios de internet y en redes sociales, demostrando una vez más el gran poder y capacidad de fiscalización que los ciudadanos poseen a través de estas últimas.
