Un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Rancagua presentó en días pasados la defensa del alcalde Jorge Vargas González, ante la negativa del juez Rodolfo Moreno Osses de “dar a lugar” a petición de abrir el sumario en el Caso Videos.
La acción de la defensa del alcalde Vargas -realizada el día 6 de
Octubre por dos de sus abogados- pretendía que se abriera el sumario de la Causa -listo para dictar sentencia- para tomarle declaración a dos personas que trabajaron en un momento con la querellante, en la Carnicería que regentaba hasta hace algún tiempo.
En la solicitud y posterior apelación al Juez Moreno, la defensa
plantea que en la dicha Carnicería se habría producido un “ardid y complot”, respectivamente, para perjudicar al alcalde Vargas.
La primera presentación a la que el Juez Moreno no dio a lugar, el día 7 y 13 de Octubre, respectivamente, señala: “Que venimos en solicitar a US. Disponga en virtud del artículo 401 del Código de Procedimiento Penal, la reapertura del sumario de la referencia, con el objeto puedan practicarse las diligencias que se indicarán en el otrosí, por estimar esta parte que la realización y práctica de las mismas son decisivas para ilustrar suficientemente en VS. La tesis que defenderemos cual es, que la estructuración y elaboración del ardid no es más que una grosera y obscena persecución política en cuyo propósito se utilizaron métodos despreciables, ilícitos e impropios de un estado de derecho democrático, tales que, alteraron la verdadera naturaleza probatoria de los instrumentos que le fueron presentados a VS.”.
CUESTIONAMIENTO
Las medidas que buscan los profesionales que defienden al procesado, en el caso video, buscan -según las argumentaciones de las presentaciones- desacreditar el medio de prueba que presentó la querellante -Lidia Catalán- precisamente un video, la única manera que encontró ésta para basar su testimonio y que permitiera -de alguna forma- que la Justicia pudiera, en su momento, confrontar la voz que aparece en el video con la del acusado; trámite que fue sometido a diversas pruebas y/o peritajes de expertos en el tema. Y donde la voz del acusado está suficientemente probada que es de él y no de terceras personas. Como igualmente, de la conversación donde se prueba el delito de cohecho, que es la causal por la cual esta sometido a proceso.
Hoy, la defensa pretende llevar a dos ex empleados a declarar que
ellos oyeron conversaciones donde -supuestamente- la querellante se puso de acuerdo con terceras personas para “grabarle” al acusado.
Es muy posible que efectivamente hayan oído algo al respecto. Sin
embargo -si van al tribunal a declarar- deberán decir cómo se
obtuvieron sus declaraciones, las cuales -al parecer- se realizaron de una forma muy poco habitual en la Notaría de Pichilemu.
En definitiva, si la Corte de Apelaciones “da a lugar” al recurso de queja en este sentido, serán varias las personas que tendrán que ir al Tribunal, como por ejemplo, funcionarios de la Notaría, entre otros, a explicar si realmente los “declarantes” hicieron efectivamente su declaración delante de algún funcionario de la Notaría, o éstas estaban preparadas, como extraoficialmente habría ocurrido, según fuentes que denunciaron en el “Libro de Visitas” de www.pichilemunews.cl, un hecho similar y que podría ser coincidente con este caso.
Giros inesperados -y desesperados- que está llevando la defensa del procesado Jorge Vargas, donde pueden resultar un verdadero “boomerang”.
Ya estaremos informando sobre nuevos antecedentes.
