En medio de un escenario económico asfixiante, marcado por la inflación y el constante encarecimiento del costo de vida, el Gobierno ha decidido tomar el camino corto. Dando la espalda al debate público, el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, optó por modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) mediante un decreto administrativo. La confirmación de esta jugada política, revelada tras una reunión en La Moneda por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), deja en evidencia una estrategia unilateral que sortea la discusión parlamentaria sobre una herramienta vital para millones de familias chilenas.
Hasta hace apenas unas horas, la ciudadanía y el mundo político esperaban que cualquier alteración a este fondo de estabilización se discutiera abiertamente en el Congreso Nacional, permitiendo sopesar su verdadero impacto social. Sin embargo, en una maniobra de última hora, el Gobierno decidió zanjar el asunto con una firma. «El Gobierno ya tomó la decisión de que la modificación al MEPCO la va a hacer vía administrativa por decreto», reconoció la senadora Núñez tras una reunión con el Presidente José Antonio Kast, confirmando un abrupto cambio de estrategia.
Esta determinación ha encendido las alarmas ciudadanas, pues el alza de los combustibles no es un problema exclusivo de los automovilistas. La medida amenaza con desatar un efecto dominó implacable que encarecerá el transporte de alimentos, la distribución de bienes básicos y, en última instancia, la ya golpeada canasta familiar. Para las familias vulnerables y la clase media, alterar el mecanismo que frena estas alzas genera una enorme incertidumbre de cara a un invierno que ya se advierte duro.
Para dimensionar la gravedad de la medida, basta observar las proyecciones técnicas. Si el mecanismo dejara de operar para amortiguar los precios o sus bandas de protección se ampliaran drásticamente con el nuevo decreto, el mercado interno absorbería de golpe la volatilidad internacional.
Según estimaciones recientes, la eliminación de la protección del MEPCO provocaría alzas inmediatas devastadoras: la gasolina de 93 octanos subiría $350 por litro, la de 97 aumentaría $270, y el diésel se dispararía en $400. En la práctica diaria, esto significa que llenar un estanque promedio de 40 litros costaría entre $10.800 y $16.000 extra de un día para otro. Un golpe directo e inmediato a la liquidez de los hogares.
Detrás de esta polémica e impopular decisión se esconde la fuerte presión que el MEPCO ejerce sobre la billetera fiscal. En tiempos de crisis internacional, el Estado deja de recaudar el Impuesto Específico a los Combustibles e invierte miles de millones de dólares anuales para frenar las alzas. Además, desde el mundo económico se argumenta que es un subsidio regresivo, beneficiando más a quienes poseen vehículos de mayor tamaño.
Para intentar amortiguar el costo comunicacional y social, el Ejecutivo prometió ingresar proyectos paralelos al Congreso destinados a paliar el impacto en áreas sensibles, como el transporte público y la parafina. No obstante, esta estrategia fragmentada nace con un desfase temporal crónico: mientras el decreto que modifica el MEPCO entra en vigencia de inmediato, exponiendo a los chilenos a las alzas internacionales, las medidas de «alivio» deberán someterse a la lenta burocracia del trámite legislativo. Una vez más, la urgencia ciudadana queda a la espera de los tiempos de la política.
