Los concejales de Litueche, Vicente Matus y Sara Daza, intentaron reactivar la causa por presunto notable abandono de deberes en contra del exalcalde René Acuña Echeverría, sin lograr su objetivo ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins.
A través de una presentación ingresada el pasado 17 de marzo, el abogado Pablo Toloza Fernández, en representación de la parte requirente, solicitó el desarchivo de la causa Rol N° 5518-2025, con el propósito de darle curso progresivo al requerimiento.
En el escrito, la parte argumentó que no se había configurado el abandono del procedimiento, debido a que el requerimiento nunca fue notificado, por lo que —según jurisprudencia de la Corte Suprema— no se habría llegado a trabar la litis. En ese sentido, se sostuvo que mientras no exista notificación a los demandados, no se configura propiamente un juicio.
Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional de O’Higgins rechazó la solicitud. En resolución fechada el 19 de marzo de 2026, el tribunal determinó “no ha lugar” al desarchivo, atendido lo ya resuelto previamente el 5 de marzo, cuando se tuvo por no interpuesta la reclamación.
Según dicha resolución anterior, la decisión se adoptó debido a que no constaba en el expediente que la parte requirente hubiera cumplido con lo ordenado en actuaciones previas del proceso, lo que derivó en el cierre de la causa.
De este modo, el intento de los concejales por reactivar la acción judicial en contra del exjefe comunal no prosperó, quedando firme, por ahora, la decisión del tribunal electoral de dar por no presentada la reclamación.
La acusación contra René Acuña Echeverría apuntaba a una presunta falta grave al principio de probidad administrativa, al haber intervenido —sin abstenerse— en decisiones que involucraban a una persona con la que mantenía un vínculo de parentesco y cercanía. En específico, se le imputaba haber suscrito contratos y decretos para contratar y nombrar como directora de Desarrollo Comunitario a Francisca Jara Campos, pese a existir un posible conflicto de interés, ya que además de la relación familiar, ambos registraban el mismo domicilio. Según la denuncia, esta situación comprometía su imparcialidad como autoridad, infringiendo normas que obligan a los funcionarios públicos a abstenerse de participar en decisiones donde exista interés personal o circunstancias que afecten la objetividad.
