La Agrupación de Adelanto Ribereños de la Laguna del Ancho emitió un comunicado público en el que acusa a la Municipalidad de Pichilemu de no dar pleno cumplimiento a un fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua relacionado con la Ordenanza General de Humedales Urbanos y de persistir en una redacción normativa que, a su juicio, mantiene efectos ilegales sobre terrenos que no han sido declarados oficialmente como humedales por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
Según expuso la organización, la Corte —en la causa Rol 20/2024— falló a su favor el 3 de abril de 2025, estableciendo que el artículo 3 de la Ordenanza Municipal N° 810 era ilegal en cuanto extendía su ámbito de protección a humedales no declarados conforme a la Ley 21.202. En el fallo, el tribunal dejó sin efecto dicho artículo en ese alcance, señalando expresamente que la protección ambiental debe ceñirse a la declaración oficial del MMA.
No obstante, la agrupación sostiene que el Concejo Municipal aprobó el pasado 13 de enero de 2026 una modificación que no cumple cabalmente lo ordenado por la Corte. El principal cuestionamiento apunta al uso del conector “y/o” en la nueva redacción del artículo 3, lo que —afirman— permitiría seguir regulando áreas incluidas en instrumentos de planificación territorial sin que estas hayan sido previamente declaradas humedales urbanos por el MMA.
A juicio de la Agrupación de Adelanto Ribereños de la Laguna del Ancho, esta interpretación contraviene tanto la Ley 21.202 como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo artículo 60 se refiere exclusivamente a humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente.
El comunicado también denuncia que la modificación fue aprobada de manera apresurada y sin un informe jurídico en derecho, debido a un apercibimiento de la Corte de Apelaciones que ordenó al municipio acreditar el cumplimiento del fallo en un plazo de cinco días, bajo la advertencia de remitir los antecedentes al Ministerio Público por un eventual desacato. La resolución judicial del 13 de enero de 2026 habría sido, además, la cuarta notificación al municipio para dar cumplimiento a lo ordenado.
La agrupación manifestó su preocupación por el impacto económico de este proceso, señalando que, según antecedentes judiciales, la Municipalidad de Pichilemu enfrenta una demanda por $21.600.000 en honorarios impagos por asesoría legal externa vinculada a este caso, lo que —afirman— representa un perjuicio directo para los contribuyentes.
En paralelo, la organización vinculó esta controversia con las Modificaciones Sustanciales I al Plan Regulador Comunal (PRC), desarrolladas durante 2025. Sostienen que subsisten normas que establecen áreas verdes y zonas de amortiguación que se sustentan en la Ordenanza de Humedales Urbanos, pese a no existir una declaración previa como “áreas de protección de valor natural”, exigida por la legislación vigente.
Ante este escenario, la Agrupación de Adelanto Ribereños de la Laguna del Ancho informó que solicitó formalmente una investigación a la Contraloría General de la República respecto del actuar de las autoridades municipales y que evalúa la interposición de nuevos reclamos de ilegalidad si se mantienen las actuales disposiciones.
Finalmente, la organización recalcó que su accionar no responde a animadversión política, sino al ejercicio legítimo del control ciudadano, exigiendo que la administración pública actúe bajo el imperio de la ley, con transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Asimismo, llamó a los vecinos de Pichilemu a mantenerse informados y alertas frente a normativas que, bajo la apariencia de protección ambiental, podrían contener “letra chica” con eventuales sanciones, demoliciones o restricciones ilegales al derecho de propiedad.
El comunicado fue suscrito por Marcela Cordescu S., presidenta; Miguel Vega, secretario; e Iván Franzini Mena, tesorero.
