Pese a los antecedentes oficiales, resoluciones administrativas y documentos públicos que lo desmienten, la senadora Alejandra Sepúlveda y su «coordinadora territorial», la exconsejera regional Tamara Monroy, continúan sosteniendo que el futuro Hospital de Pichilemu tendrá una complejidad superior o equivalente a un recinto de mediana complejidad, bajo la antigua nomenclatura del Ministerio de Salud. La afirmación no solo carece de sustento técnico y administrativo, sino que repite una narrativa que ya fue desmentida formalmente por el propio MINSAL.
La más reciente publicación de la senadora, tras una reunión en Santiago con autoridades del MINSAL, vuelve a presentar la aplicación de la Norma Técnica N.° 243 como una supuesta confirmación de “mayor complejidad” para el hospital pichilemino. Sin embargo, dicha norma —aprobada en mayo de 2025— no dice relación alguna con Pichilemu en particular, ni establece un aumento específico de nivel asistencial para ese proyecto. Se trata de una norma general que simplemente cambia la denominación de los hospitales de “baja complejidad” a “hospitales de primer nivel o comunitarios”, sin alterar su posición en la jerarquía del sistema de salud.
De acuerdo con la propia normativa del Ministerio de Salud, los hospitales de primer nivel cumplen un rol básico dentro de la red asistencial, con atención médica general, algunas especialidades básicas y procedimientos quirúrgicos menores, sin capacidad de cuidados críticos ni cirugías mayores, características propias de los hospitales de segundo nivel o de mediana complejidad. El cambio responde a una actualización de nomenclatura y estándares mínimos comunes, y no a un rediseño particular del proyecto del Hospital de Pichilemu.
En términos concretos, el Hospital de Pichilemu seguirá siendo un establecimiento del nivel más bajo de la red hospitalaria, sin unidades de cuidados críticos, sin cirugías mayores y sin las capacidades propias de un hospital de segundo nivel o de mediana complejidad, según la antigua nomenclatura. El propio Ministerio de Obras Públicas, a través de los informes ejecutivos de la concesión Red O’Higgins, ha reiterado mes tras mes —sin excepción— que el recinto será de baja complejidad, hoy rebautizada como “primer nivel”, manteniendo exactamente las mismas características técnicas del proyecto original.
La insistencia de Sepúlveda y Monroy resulta especialmente grave considerando que el Consejo para la Transparencia obligó al Ministerio de Salud a entregar antecedentes sobre las supuestas reuniones y acuerdos anunciados en campaña en 2024. La respuesta del MINSAL fue categórica: no existe ningún documento, acta, resolución ni respaldo que acredite que se haya decidido aumentar la complejidad del hospital o rediseñar el proyecto.
En otras palabras, lo anunciado entonces —y repetido ahora— nunca existió más allá del discurso político. Pese a este escenario, ambas continúan utilizando la nueva norma técnica como argumento para sostener una promesa incumplida, confundiendo deliberadamente a la opinión pública al presentar un cambio de nomenclatura general como si fuera un avance exclusivo para Pichilemu.
La estrategia no es nueva: el mismo relato fue utilizado en el cierre de la campaña electoral de 2024, generando expectativas infundadas en una comunidad históricamente postergada en materia de salud.
La realidad es clara y está documentada: el Hospital de Pichilemu no será de mediana complejidad, no existe decisión ministerial que así lo establezca y la Norma 243 no fue impulsada ni diseñada para ese fin. Persistir en afirmar lo contrario distorsiona la información pública.
Mientras la senadora Sepúlveda y su asesora Monroy continúan repitiendo un relato desmentido por los hechos, Pichilemu y la provincia Cardenal Caro siguen esperando algo mucho más básico y honesto: verdad, claridad y responsabilidad política frente a una de las demandas más sensibles de la comunidad.
