Una compleja jornada se avecina para decenas de trabajadores de la Municipalidad de Pichilemu. Según información recabada por este medio, durante este miércoles 31 de diciembre se concretará la desvinculación de un número significativo de funcionarios a contrata y a honorarios, en el marco del «déficit presupuestario» que, de acuerdo con el alcalde Roberto Córdova Carreño, afecta al municipio durante el año 2025. Las desvinculaciones incluirían incluso a personas que ingresaron después de la asunción de la actual administración, el pasado 6 de diciembre de 2024.
De manera extraoficial, se ha señalado que entre los funcionarios afectados se encuentran trabajadores que han prestado servicios al municipio por más de una década, muchos de ellos bajo la modalidad de honorarios, o que han estado a contrata por menos de cinco años seguidos. Esta condición los deja fuera de la protección del principio de confianza legítima, doctrina desarrollada por la Contraloría General de la República y ratificada por la Corte Suprema, que exige al menos cinco años continuos a contrata para generar una expectativa legítima de permanencia, asimilable en la práctica a una planta de facto.
Hasta ahora, la administración municipal no ha informado públicamente el número exacto de funcionarios que serán desvinculados ni el impacto real de la medida en relación con la dotación total. Este medio consultó al administrador municipal, Daniel Aravena, sobre el alcance de los despidos y su proporción respecto de la fuerza laboral actual del municipio, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Las cifras disponibles en el portal de transparencia municipal permiten dimensionar el escenario. Al mes de noviembre de 2025, la municipalidad registraba un total de 208 funcionarios a contrata: 67 en el área municipal, 109 en educación y 32 en salud. Bajo el Código del Trabajo, se contabilizaban 292 trabajadores, de los cuales 2 correspondían al ámbito municipal y 290 a educación. En cuanto a honorarios, el último dato disponible —octubre de 2025— consigna 363 personas: 347 en el área municipal y 16 en salud. En contraste, quienes forman parte de la planta municipal y no estarían considerados en los despidos suman 250 funcionarios: 90 municipales, 126 de educación y 34 de salud.
La inminente ola de desvinculaciones se produce en un contexto de tensión sostenida al interior del municipio. Ya el pasado 12 de diciembre, el propio alcalde Córdova había confirmado públicamente que se evaluaban despidos, especialmente entre el personal a honorarios, argumentando que el nivel de gasto en personal era insostenible. En declaraciones radiales, sostuvo que al asumir el cargo detectaron “una gran cantidad de personal a honorarios que se había ido sumando” y advirtió que, de mantenerse el presupuesto 2025, los recursos destinados a honorarios solo alcanzarían hasta mediados de 2026.
Desde el concejo municipal también se han levantado voces críticas. El concejal Marcelo Cabrera había advertido sobre un “clima de incertidumbre” entre los trabajadores, cuestionando la forma en que se ha comunicado el proceso y alertando sobre eventuales motivaciones políticas en algunas no renovaciones de contrato, acusaciones que la administración no ha abordado.
Mientras tanto, el municipio insiste en que el ajuste es inevitable. El alcalde Córdova ha reiterado en las últimas semanas que la prioridad es asegurar el pago de sueldos, servicios básicos y la continuidad de áreas esenciales como salud, aseo y seguridad, aun cuando ello implique recortes dolorosos.
En cuanto a los procedimientos sancionatorios por responsabilidades funcionarias del «déficit presupuestario», aún no se conocen detalles.
