A pocos días de la segunda vuelta presidencial, tal como hicimos hace unos días con el programa del candidato presidencial de derecha José Antonio Kast, El Marino presenta una revisión del programa de la postulante oficialista Jeannette Jara Román, militante comunista apoyada por diversos partidos de centro a izquierda. En un contexto electoral decisivo, la información clara y responsable constituye una herramienta fundamental para que la ciudadanía evalúe las alternativas en competencia y ejerza su derecho a voto de manera consciente e informada.
La propuesta programática de Jara —exministra del Trabajo, abogada y dirigente política— se estructura en torno a un gobierno con énfasis en derechos sociales, fortalecimiento del Estado, seguridad y desarrollo económico sostenible. Su programa de gobierno para el período 2026-2030, titulado “Un Chile que Cumple”, tiene 110 páginas, estructura sus propuestas en tres ejes principales: bases económicas para un crecimiento inclusivo; seguridad, justicia y defensa; y un Estado al servicio de las personas, con especial atención a salud, vivienda y educación.
En el ámbito económico, el programa propone un “impulso a la inversión pública y privada” mediante la agilización de permisos sectoriales, la creación de una Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos y el aumento de la inversión extranjera directa. Se plantea como meta elevar la tasa de inversión a cerca del 30% del PIB. Además, se delinean estrategias para sectores considerados estratégicos, como la transición energética, la minería del cobre y litio, el hidrógeno verde, la industria digital, la agroindustria sostenible y el turismo.
En materia laboral, se propone avanzar gradualmente hacia un “ingreso vital” de $750.000 mensuales, combinando aumentos al sueldo mínimo, subsidios a pymes y transferencias directas. También se incluyen medidas para fomentar el empleo femenino, extender el postnatal parental para padres y universalizar el acceso a salas cuna.
En seguridad pública, eje prioritario del programa, se anuncian medidas para “reducir el poder de fuego de la delincuencia”, incluyendo la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA), un registro biométrico de armas y el fortalecimiento del control fronteriero con tecnología. Se propone duplicar el presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, expandir los equipos especializados contra el crimen organizado a todo el país y construir 10.000 nuevas plazas penitenciarias al 2033. También se plantea expulsar a extranjeros condenados por delitos de la Ley 20.000 (tráfico de drogas).
Respecto a los servicios públicos, el programa aborda la crisis de listas de espera en salud con una “Estrategia Nacional de Resolución Oportuna”, comprometiendo plazos máximos para exámenes y cirugías. En vivienda, se propone un “nuevo impulso” al plan de emergencia habitacional, con la meta de 260.000 nuevas construcciones y 140.000 mejoramientos. En educación, se anuncia un “Plan Nacional de Salud Mental Escolar” y una “Política Nacional de Infraestructura Escolar Digna” para modernizar al menos 1.000 establecimientos.
El documento se enmarca en un discurso que busca “reconectar la política con la vida cotidiana” y enfrentar lo que denomina “regresión democrática”. La candidata afirma que su gobierno se sostendrá sobre cuatro pilares: crecimiento económico justo, entornos seguros, un Estado Social de Derecho y una convivencia democrática fortalecida.
