Una grave amenaza se cierne sobre la localidad de La Boca de Rapel y la comuna de Navidad. Se trata de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por parte de ESSBIO, proyecto actualmente en etapa de evaluación de impacto ambiental y que, según la comunidad, representa un “ecocidio” para los ecosistemas locales, el turismo y las áreas de manejo de los sindicatos de pescadores.
El proyecto, denominado “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Boca de Rapel”, fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por ESSBIO S.A., representada por Jorge Ignacio Miranda Contador. Con una inversión estimada de 4.473.000 dólares, la planta está diseñada para tratar las aguas residuales de las localidades de La Boca de Rapel, Las Brisas y Navidad, con una proyección de servicio hasta el año 2044. La descarga del efluente tratado se realizaría directamente en el estuario del río Rapel.
La comunidad ha manifestado su preocupación, argumentando que la construcción de la planta, particularmente en la desembocadura (La Boca), dañará significativamente los frágiles ecosistemas. Señalan que el impacto no solo sería ambiental, sino también económico, afectando al turismo —una de las principales actividades de la zona— y a las áreas de manejo administradas por los sindicatos de pescadores, vitales para la subsistencia de las familias locales.
En un intento por detener lo que califican como un desastre ambiental, representantes de la comunidad y los sindicatos han anunciado que a fines de noviembre se presentarán ante el Consejo Regional (CORE) para exponer su caso y buscar salvar a la localidad y a la comuna de Navidad de este proyecto.
Mientras la comunidad se organiza, varios servicios públicos ya han emitido sus pronunciamientos técnicos sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), destacándose una serie de observaciones que cuestionan la solidez del proyecto.
La Subsecretaría de Agricultura advirtió que el proyecto interviene suelos con productividad agrícola (Clase IIIw) y solicitó protocolos específicos para el manejo de suelos hídricos asociados al Humedal Urbano Estuario del Río Rapel. Además, pidió una modelación detallada de la pluma de descarga, ya que esta se extenderá hacia la comuna de Santo Domingo en la Región de Valparaíso, pudiendo generar impactos acumulativos.
En tanto, la Dirección General de Aguas (DGA) emitió un extenso oficio con 34 observaciones. Entre las más críticas, señaló que no fue posible validar la modelación hidráulica presentada por el titular, ya que los archivos no estaban disponibles. Cuestionó el uso de una guía peruana para el cálculo de la zona de mezcla en lugar de metodologías nacionales y exigió que se realice una modelación bidimensional para evaluar correctamente el impacto en el cauce. También destacó que el sector del río Rapel donde se descargaría el efluente ya fue declarado como Zona de Prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas.
Además, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins solicitó complementar el estudio de movilidad con mediciones en temporada normal, identificar rutas de transporte de residuos y establecer que el tránsito de camiones en zona urbana se realice fuera de las horas punta.
Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Energía se pronunciaron «conforme» sobre el EIA, aunque Bienes Nacionales recordó al titular la obligación de garantizar el acceso a los bienes nacionales de uso público, como el río Rapel.
El proyecto, que se someterá a un riguroso escrutinio tanto técnico como comunitario, se encuentra en una encrucijada. La comunidad de Navidad espera que las observaciones de los servicios públicos sean consideradas seriamente y que se evite lo que consideran un daño irreversible a su patrimonio natural y su sustento económico. El llamado a la ciudadanía a participar y presentar observaciones ante el SEA está más vigente que nunca.
